El núcleo de la crisis radica en una asimetría presupuestaria respecto al contexto regional.
Aunque el Ejecutivo argumenta que el presupuesto esencial de Defensa está cubierto con leves incrementos nominales, la realidad sectorial demuestra que el Fondo de Contingencia Estratégica (contemplado en la Ley 21.174 de Financiamiento de la Defensa) ha sufrido postergaciones consecutivas en sus aportes programados
La situación escaló al debate público cuando el Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, expuso ante el Senado una realidad crítica: la institución militar arrastraba un preocupante déficit operativo para el cierre del año.
Este descalce financiero no responde a una mala gestión, sino a la conjunción de tres factores estructurales impuestos por la coyuntura política y legislativa:
Recortes directos: Tijeretazos previos aprobados por el propio Congreso en partidas presupuestarias de Defensa.
Aumento salarial sin financiamiento: La implementación de mejoras salariales para los soldados conscriptos (una medida necesaria para reactivar el alicaído reclutamiento) cuyos fondos adicionales comprometidos no llegaron a tiempo a las arcas castrenses.
Desgaste por funciones ajenas: El altísimo costo de desplegar tropas de manera permanente en tareas de orden público, resguardó migratorio en la Frontera Norte y control de la MacroZona Sur.
Para no paralizar las funciones esenciales, el Ejército se ha visto obligado a implementar medidas de contención agresivas: desde postergar asignaciones y gratificaciones del personal, hasta suspender temporalmente la reinstrucción de la reserva.
La desviación de los militares hacia roles de orden público —mientras los planes del Ejecutivo contemplan seguir reforzando tecnológicamente estos despliegues fronterizos— genera un desgaste silencioso pero profundo.
Cuando el capital humano y los recursos operativos se diluyen en patrullajes urbanos o rurales bajo Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) ambiguas que exponen judicialmente al soldado, la esencia misma de la profesión militar se degrada.
Si bien los esfuerzos fiscales de Hacienda buscan estabilizar las cuentas públicas mediante planes de eficiencia global, el sector de la Defensa Nacional obedece a dinámicas distintas.
Chile no puede permitirse el lujo de poseer unas Fuerzas Armadas que operen al límite de su capacidad financiera mensual.