¿Por qué se generó esta asimetría?

1. Rentabilidad política inmediata: El despliegue de la Gendarmería o la Prefectura en los conurbanos y fronteras ofrece una respuesta visible al problema de la inseguridad, algo que rinde frutos electorales a corto plazo. La Defensa Nacional, al ser disuasiva y de largo plazo, carece de esa inmediatez.

2. Naturaleza de la función: Se argumentó que las FFSS realizan tareas de riesgo permanente en el territorio nacional. No obstante, este argumento soslaya el hecho de que el personal militar posee una obligación de disponibilidad permanente (24x7), desarraigo constante y la restricción legal de realizar actividades sindicales o reclamos públicos.

El dato: A igual nivel de responsabilidad, riesgo potencial y formación académica, un Capitán de Ejército o de Corbeta percibía, hasta las recientes promesas de equiparación, un haber neto sustancialmente menor que un Segundo Comandante de Gendarmería.

3. El contraste con la Administración Pública Nacional (APN)

La comparación con el empleo público civil (SINEP) profundiza la contradicción. Si bien la APN ha sufrido los embates de la inflación y las crisis económicas, sus esquemas de paritarias y la flexibilidad para el cobro de unidades retributivas (UR) o suplementos por función ejecutiva han permitido a los mandos medios y altos del sector civil mantener una ventaja real sobre los militares.

Un profesional civil del Estado (médico, ingeniero, abogado) dentro de la APN goza de derechos laborales plenos (horarios regulados, no obligatoriedad de traslados inconsultos, indemnizaciones). En contraste, un profesional militar equivalente asume la doctrina de la jerarquía y el riesgo de vida por una retribución que, históricamente, se ubicó por debajo de la media del mercado estatal.

4. Los intentos de "Blanqueo" y la esquiva "Jerarquización"

En los últimos años (especialmente entre 2020 y 2024), el Estado reconoció la gravedad de la situación. Se avanzó en la regularización de los haberes (pasando los suplementos a sumas remunerativas) para frenar la sangría judicial. Posteriormente, se anunció un plan de Jerarquización Salarial con el objetivo teórico de equiparar los sueldos militares con los de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, en la práctica, este proceso ha sido:

• Lento e inconcluso: Las cuotas de equiparación suelen ser devoradas por la inflación endémica argentina.

• Insuficiente: Equiparar el salario nominal no resuelve la falta de incentivos estructurales, ya que las FFSS siguen percibiendo adicionales por despliegue territorial (operativos de seguridad ciudadana) que los militares no tienen.

Conclusión: El costo estratégico de un salario degradado

La brecha salarial histórica en las Fuerzas Armadas no es solo un problema de justicia laboral; es un vulnerabilidad estratégica para el Estado argentino. Sus consecuencias son palpables:

• Éxodo de talentos: Pilotos que migran a aerolíneas comerciales, médicos e ingenieros que abandonan el uniforme por el sector privado, y oficiales jóvenes que piden la baja de manera prematura. El Estado invierte millones en formar profesionales que luego expulsa por la vía económica.

• Efecto "pluriempleo" encubierto: Aunque la ley lo prohíbe o limita, la necesidad económica empuja al personal subalterno a buscar ingresos informales en sus horas libres, degradando el descanso y el adiestramiento necesarios.

Un país que subvalora económicamente a quienes tienen el monopolio legítimo de las armas para la defensa de la soberanía demuestra una peligrosa confusión en sus prioridades. Hasta que la equiparación salarial y la jerarquización de las Fuerzas Armadas dejen de ser una promesa de campaña o un parche presupuestario y pasen a ser una política de Estado, la Argentina seguirá teniendo una Defensa debilitada, sostenida únicamente por la vocación de servicio de sus integrantes.