La brecha entre el costo de vida y los haberes percibidos ha empujado a un porcentaje alarmante de este sector al pluriempleo, la informalidad y el endeudamiento crónico, un fenómeno silencioso que pone en jaque la operatividad del sistema de defensa y la seguridad misma del Estado.
La raíz del problema radica en una depreciación inflacionaria o un retraso salarial crónico en las estructuras estatales. Mientras que las jerarquías superiores suelen mantener márgenes de ingresos que les permiten estabilidad, los escalafones más bajos perciben salarios que, en muchos contextos latinoamericanos y globales, colindan o caen directamente por debajo de la línea de pobreza.
Monto básico bajo y suplementos "en negro": Gran parte de los haberes se compone de bonificaciones no remunerativas que no impactan adecuadamente en el aguinaldo ni en la jubilación, achicando el sueldo neto real.
Movilidad geográfica forzada: Los traslados constantes desestabilizan la economía familiar, obligando a pagar alquileres imprevistos o a que las parejas del personal deban renunciar a sus propios empleos.
Incompatibilidad de paritarias: Al carecer del derecho constitucional a la sindicalización o a la huelga, el personal subalterno queda a expensas de la "buena voluntad" fiscal del gobierno de turno, perdiendo sistemáticamente contra la inflación.
Para subsistir, el uniformado debe quitarse las insignias al terminar su turno y adentrarse en la economía sumergida. Es aquí donde nace la paradoja: el Estado que le exige exclusividad y confidencialidad es el mismo que ignora que su empleado maneja un Uber de madrugada, trabaja como albañil los fines de semana, hace de custodio informal (muchas veces de forma ilegal) o atiende un almacén familiar.
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| EL CÍRCULO VICIOSO DEL PLURIEMPLEO |
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| Bajo salario -> Necesidad de 2° trabajo -> Fatiga física/mental |
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| |________________ Desgaste operativo/Falta de atención <________|
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Este fenómeno no es inocuo. La necesidad de recurrir a la informalidad genera tres problemas críticos:
Vulnerabilidad institucional: Un agente de seguridad o un soldado con deudas asfixiantes y un segundo empleo informal es un blanco mucho más vulnerable a la corrupción, al cohecho o a la filtración de información por parte del crimen organizado.
Riesgo legal: En la mayoría de las legislaciones, el personal militar y policial tiene un régimen de "dedicación exclusiva". El pluriempleo, especialmente el informal, se realiza bajo un manto de clandestinidad institucional que, de ser descubierto, acarrea sanciones disciplinarias o la baja, profundizando la crisis familiar.
Fatiga y salud mental: El síndrome de burnout (desgaste profesional) en personal que porta armas es una bomba de tiempo. La falta de descanso debilita los reflejos, la capacidad de discernimiento ante situaciones de crisis y dispara los índices de suicidio y violencia intrafamiliar dentro de las fuerzas.
Desde una perspectiva crítica, esta situación revela una profunda hipocresía estructural por parte del Estado. Se instrumentaliza políticamente la figura del militar o el policía bajo discursos de "orden y seguridad", pero se los gestiona presupuestariamente como mano de obra barata y descartable.
El "gasto" vs. el "recurso": Los ministerios de Economía suelen auditar a las fuerzas de seguridad y defensa bajo una lógica puramente fiscalista de reducción de gasto público, olvidando que la seguridad humana y la defensa nacional dependen del factor humano. Un soldado desnutrido o preocupado por el corte de luz de su casa no puede defender un objetivo estratégico de manera eficiente.
Además, la informalidad a la que se ven obligados a recurrir distorsiona la naturaleza misma de su función. Al verse forzado a actuar en la economía ilegal o informal para subsistir, el subalterno experimenta una disociación cognitiva: de día representa la ley o la soberanía estatal; de noche, debe eludir las regulaciones de ese mismo Estado para poder comprar pañales o pagar la comida.
El problema del poder adquisitivo en el personal subalterno no se soluciona con discursos de agradecimiento ni con la entrega de nuevo equipamiento técnico. El corazón de la operatividad táctica es el bienestar del operador.
Para romper este ciclo de precarización e informalidad, se requiere una reestructuración que contemple:
Blanqueo y jerarquización salarial: Eliminar los suplementos distorsivos e indexar el sueldo básico de los escalafones más bajos por encima de la Canasta Básica Total.
Flexibilización regulada de la compatibilidad laboral: Si el Estado no puede garantizar un salario digno de forma inmediata, debe regular canales transparentes y seguros para que el personal pueda ejercer actividades secundarias lícitas y reguladas que no colisionen con su salud física ni con la seguridad nacional.
Asistencia habitacional y social efectiva: Mitigar el impacto del costo de vida mediante vivienda fiscal o subsidios reales de alquiler para el personal trasladado.
Mientras no se aborde la vulnerabilidad económica de quienes sostienen el monopolio de la fuerza y la defensa, el Estado seguirá construyendo su seguridad sobre cimientos de barro, descuidando a los eslabones más débiles de la cadena de mando.