Al suspenderse los pagos o arrastrarse deudas acumuladas de la gestión anterior, los cortes de servicio impactaron con extrema dureza en:

• Buenos Aires (Interior - Mar del Plata y Bahía Blanca): Fue uno de los focos de mayor conflicto. En Mar del Plata (base de la Armada y unidades del Ejército), las deudas con clínicas locales forzaron cortes totales de cobertura que motivaron históricas protestas de personal retirado y familiares. Diagnósticos complejos y cirugías programadas quedaron en el limbo.

• Córdoba y Santa Fe: Provincias con altísima densidad de personal militar (debido a bases aéreas, guarniciones del Ejército y fábricas militares). Los círculos médicos y los grandes centros de diagnóstico suspendieron el crédito a la obra social, exigiendo que los afiliados abonen las consultas y estudios de manera particular bajo la modalidad de "reintegro" (cuyos plazos administrativos están totalmente desbordados).

• Misiones y la Región del Noreste (NEA): Una zona crítica por despliegue fronterizo. Ante la falta de clínicas privadas que acepten la obra social, el Gobierno nacional ha tenido que iniciar gestiones de emergencia para solicitar auxilio a los sistemas de salud pública provinciales (hospitales públicos) para poder atender a la familia militar, saturando estructuras civiles locales.

• La Patagonia (Río Negro, Chubut y Santa Cruz): El aislamiento geográfico agrava la situación. Localidades con fuerte presencia militar dependían de un único prestador privado regional. Al caerse el convenio por falta de pago, el afiliado no tiene alternativa física de atención en su localidad, viéndose obligado a tramitar derivaciones de alta complejidad hacia Buenos Aires.

2. El drama en la realidad sanitaria: Datos del impacto

La interrupción de la cadena de pagos provocó situaciones de extrema vulnerabilidad en el tejido de los afiliados:

• El "Limbo" Oncológico y de Enfermedades Crónicas: Aunque el estatuto de creación de OSFA garantiza formalmente el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO), en la práctica, los centros de tratamiento oncológico y de alta complejidad suspendieron cuentas. Testimonios de pacientes reflejan que deben afrontar de su propio bolsillo entre $200.000 y $300.000 pesos por estudios o aplicaciones de medicación especial, esperando un reintegro estatal que tarda meses en licuarse por la inflación.

• La pérdida de la cadena de farmacias convenidas: En el interior, los colegios de farmacéuticos suspendieron los descuentos tradicionales (que oscilaban entre el 40% y el 70% para crónicos) debido al retraso en las liquidaciones. Esto obliga a los uniformados a pagar el 100% del valor del medicamento en el mostrador.

• El colapso de los centros propios: Para paliar la falta de prestadores privados, las pocas delegaciones y policlínicas propias en el interior (como las de Rosario, Mendoza o Salta) sufrieron una sobredemanda crítica, careciendo del equipamiento e insumos necesarios para cubrir patologías complejas.

3. La fractura del sistema: Fuerzas Armadas vs. Fuerzas de Seguridad

La crisis aceleró una división estructural clave decretada por el Gobierno:

1. OSFA se quedó únicamente con el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), que debieron financiar su deuda raspando sus propios presupuestos de sueldos.

2. Las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería y Prefectura) fueron escindidas del sistema para formar la nueva OSFFESEG, cuyo esquema apunta a tercerizar la cobertura a través de la contratación de empresas de medicina prepaga.

Consecuencia: Esta asimetría generó un profundo malestar en las filas militares de las provincias. Mientras los efectivos de las fuerzas de seguridad en el interior del país migraron hacia un sistema corporativo privado de salud, el personal militar quedó atado a una estructura bajo reconfiguración financiera (OSFA), que intenta recuperar la confianza de los prestadores del interior de forma "gradual" pero sin fondos frescos genuinos del Tesoro Nacional.