Por: Por la Redacción de Red Castrense
Bajo la dinámica de las zonas de control difuso —áreas geográficas donde el Estado ejerce una soberanía puramente nominal—, estos grupos han edificado auténticos sistemas de gobernanza criminal. El presente análisis de seguridad estratégica disecciona de manera profunda y separada los tres ejes que configuran este complejo escenario regional.
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| Fronteras Desestabilizadas |
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[ Frontera Venezuela ] [ Frontera Ecuador ] [ Tapón del Darién ]
- Santuario táctico. - Ruta de cocaína para - Explotación de la
- Minería ilegal (Arco - GDOs y megapandillas crisis migratoria
Minero del Orinoco). (Lobos, Choneros). por el Clan del Golfo.
El panorama colombiano se define por la descentralización del conflicto y el fracaso o estancamiento de múltiples iniciativas de pacificación. Los grupos armados operan hoy como redes fluidas con un alto componente de inserción fronteriza.
Ejército de Liberación Nacional (ELN): Con una estructura de carácter federado, el ELN combina demandas de corte nacionalista y socialista con el control de rentas de economías ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal. El Frente de Guerra Oriental (en Arauca) funciona casi como un ente autónomo, proyectando su fuerza de manera directa a través de la frontera.
Estado Mayor Central (EMC): Esta federación de frentes disidentes de las FARC, históricamente liderada por alias "Iván Mordisco", mantiene una importante presencia armada en el suroccidente y la Amazonía colombiana. A pesar de los constantes fraccionamientos de su cúpula y las treguas parciales con el gobierno, el EMC ejerce controles territoriales estrictos mediante economías de enclave de coca.
Segunda Marquetalia: El grupo liderado por alias "Iván Márquez" se ha consolidado en zonas periféricas. Su operatividad se sostiene en gran medida gracias a alianzas pragmáticas —las cuales mutan constantemente— y un fuerte asentamiento en la frontera binacional. El debilitamiento de sus cuadros intermedios (como el asesinato de su número dos, alias "Zarco Aldinever") ha forzado al grupo a descentralizar aún más sus operaciones de narcotráfico.
Las debilidades de los controles fronterizos han globalizado las dinámicas del conflicto colombiano:
Venezuela: La frontera se ha convertido en una región de repliegue estratégico para el ELN y la Segunda Marquetalia. Estos grupos explotan economías de lavado y colaboran de manera informal con sectores de las fuerzas de seguridad locales, utilizando el territorio como "santuario" ante las ofensivas militares de las fuerzas de seguridad de Colombia.
Ecuador: Las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos actúan como el cordón umbilical de la cocaína que ingresa a territorio ecuatoriano. Grupos disidentes colombianos abastecen a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) de Ecuador (como "Los Choneros" o "Los Lobos"), precipitando la crisis de violencia urbana y carcelaria que ha azotado a este país.
El Tapón del Darién (Panamá): La selva del Darién no es solo un corredor migratorio, sino una de las mayores fuentes de acumulación de capital para el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Este grupo no necesariamente realiza el tráfico directo de personas, sino que opera como un "regulador monopólico": cobra tarifas de tránsito a los "coyotes", monopoliza la venta de insumos de supervivencia y utiliza el flujo migratorio como escudo humano para mover cargamentos de droga hacia Centroamérica.
[ Triple Frontera: Arg / Bra / Par ]
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[ Lavado de Activos / Hawala ] [ Financiamiento Externo ]
- Falsificación, aduanas laxas - Envío de remesas ilícitas
e informalidad comercial. a estructuras de Hezbolá.
La región enfrenta el desafío de contener a actores armados con un arraigo territorial profundo y, simultáneamente, vigilar redes transnacionales que instrumentalizan las debilidades regulatorias de América Latina para el financiamiento global.
En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), subsiste el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), dirigido por el clan Quispe Palomino. Aunque emplean una retórica maoísta nostálgica, su supervivencia real depende de su alianza simbiótica con las firmas del narcotráfico.
El MPCP opera bajo la modalidad de "narcoterrorismo": prestan seguridad armada a los laboratorios de procesamiento de cocaína, cobran "peajes" de tránsito en las rutas de salida de la droga y ejecutan ataques tácticos muy específicos (emboscadas con explosivos y francotiradores) para repeler la presencia de patrullas conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La geografía agreste de la selva alta peruana neutraliza la ventaja tecnológica del Estado, garantizando una persistente zona de control difuso.
La amenaza de grupos extremistas del Medio Oriente en la región no se manifiesta a través de comandos armados operativos, sino mediante redes de lavado de dinero de gran sofisticación y sistemas informales de remesas que nutren sus redes en el exterior:
La Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay): Centrada en el eje urbano de Ciudad del Este (Paraguay), esta zona comercial desregulada facilita la falsificación de marcas, el contrabando de tabaco, la venta de armas y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
El mecanismo de financiamiento: A través de la intermediación de empresarios locales de origen libanés bajo investigación de agencias internacionales, se desvían flujos millonarios utilizando transacciones comerciales simuladas y el sistema de transferencia informal de fondos hawala. Estas redes proporcionan un suministro continuo de divisas a Hezbolá, aprovechando la debilidad de las aduanas y la porosidad de los controles fronterizos.
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│ Dilema de la Seguridad Ciudadana |
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│ MODELO POLICIAL CIVIL │ MODELO MILITARIZADO │
│ - Enfoque preventivo y de DD.HH. │ - Alto poder de fuego y táctico.│
│ - Débil poder de combate ante GDOs. │ - Alto riesgo de abusos. │
│ - Vulnerable a la corrupción local. │ - Baja prevención social. │
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La incapacidad de las fuerzas de policía civiles para contener el poder de fuego y la capacidad financiera de las grandes bandas organizadas ha forzado un giro estratégico drástico en la región: el despliegue generalizado del poder militar en tareas de seguridad interna.
El Salvador: El modelo basado en la suspensión permanente de garantías constitucionales (régimen de excepción) y el despliegue conjunto del ejército y la policía civil logró doblegar el control territorial de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Aunque goza de una inmensa popularidad interna por la drástica reducción de los índices de homicidios, el modelo plantea serias dudas sobre su sostenibilidad democrática y financiera a largo plazo, además de generar constantes denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el debido proceso.
Honduras: El gobierno hondureño intentó emular la estrategia salvadoreña mediante la imposición de estados de excepción focalizados en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. No obstante, la fragmentación de la policía y la arraigada infiltración criminal dentro del aparato estatal han impedido obtener los mismos niveles de efectividad que su vecino, demostrando que este modelo requiere un control institucional sumamente centralizado para funcionar.
La militarización ya no se considera una medida temporal de emergencia, sino una política de Estado:
Ecuador: La declaración de "Conflicto Armado Interno" facultó a las Fuerzas Armadas a asumir el control de los centros penitenciarios (antes considerados centros de mando de los GDO) y patrullar áreas urbanas críticas de forma permanente. Esto ha transformado el rol histórico de los soldados, orientándolos hacia el combate urbano diario contra pandillas hiperviolentas catalogadas constitucionalmente como "terroristas".
El debate hemisférico: Ejercicios multinacionales de entrenamiento coordinado, como el CENTAM Guardian 2026, evidencian cómo las fuerzas militares del continente se adiestran activamente bajo un enfoque de combate a las amenazas asimétricas y transnacionales, asumiendo tareas de control territorial interno que tradicionalmente correspondían a las agencias civiles de seguridad.
La proliferación de zonas de control difuso en América Latina representa el principal desafío de gobernabilidad para la región. La persistencia de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN o el remanente de Sendero Luminoso demuestra que el terreno y la geografía económica ilegal siguen superando las capacidades punitivas del Estado. Ante este panorama, la militarización de la seguridad pública surge como una respuesta pragmática e inmediata, pero que a largo plazo corre el riesgo de erosionar los estándares democráticos y descuidar las reformas estructurales que las policías civiles requieren urgentemente para neutralizar la gobernanza criminal.
InSight Crime: Reportes de investigación detallados sobre la evolución estructural de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central en Colombia y Venezuela (2025-2026).
Defensoría del Pueblo de Colombia: Informes de Alertas Tempranas y monitoreo de la situación humanitaria en zonas de conflicto del suroccidente del país (2026).
Ministerio de Defensa de España (CESEDEN): "Una triple frontera de terror en el corazón de Sudamérica" – Análisis profundo sobre la estructura del lavado de activos y redes de Hezbolá en el cono sur (2024-2026).
Agencia EFE / Swissinfo: Reportajes sobre el ejercicio multinacional de seguridad y defensa táctica CENTAM Guardian 2026 enfocado en Centroamérica.
Dircote (Dirección Contra el Terrorismo - PNP): Reportes e incautaciones de material logístico y de combate de Sendero Luminoso en el VRAEM (2024-2025).