El trasfondo de esta decisión no solo reactiva el debate sobre la alineación automática con la agenda geopolítica de Estados Unidos, sino que también pone bajo la lupa la legalidad constitucional del procedimiento y el uso de los fondos públicos en un contexto de estricta austeridad fiscal.

¿Violación a la Constitución Nacional? La elusión del Congreso

La salida de tropas del territorio nacional no es una potestad arbitraria del Poder Ejecutivo. El artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley N.° 25.880 (que regula la introducción de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales), otorga de manera exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación la atribución de autorizar este tipo de misiones militares.

Para justificar el uso de un DNU en lugar de una ley ordinaria, la Casa Rosada argumentó que el proyecto de ley para la autorización de ejercitaciones combinadas aún no había sido tratado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, utilizar la vía del decreto de necesidad y urgencia bajo el pretexto de la "inacción legislativa" o la proximidad del evento sienta un peligroso precedente institucional. Diversos especialistas en derecho constitucional y sectores de la oposición advierten que la urgencia invocada es autoprovocada y que la subordinación del mandato constitucional a los tiempos de un ejercicio militar organizado por terceros vulnera el principio de división de poderes.

¿Quién financia el operativo?

A pesar de las políticas gubernamentales orientadas al recorte de gastos e inversión pública, la participación militar en el país centroamericano demandará una erogación cercana a los $51 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido en el propio decreto y los informes oficiales del Ministerio de Defensa:

• Monto estimado: $51.000.000 de pesos.

• Fuente de financiamiento: Partidas presupuestarias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO).

El desembolso financiará el despliegue del personal perteneciente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que operará bajo las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos durante las maniobras que simularán hipótesis de conflicto en las inmediaciones del Canal de Panamá.

Conclusión

La promulgación del DNU 650/2026 no representa únicamente un trámite administrativo para la capacitación militar; expone una clara decisión política de saltearse los controles republicanos del Congreso de la Nación. Con el argumento de no perder oportunidades de adiestramiento multinacional, el Poder Ejecutivo recurre nuevamente a los decretos para asuntos de estricto resguardo constitucional, priorizando el alineamiento geopolítico con el Pentágono por encima de los contrapesos democráticos que exige la Carta Magna.

Fuentes

1. Boletín Oficial de la República Argentina – Decreto 650/2026 (DNU-2026-650-APN-PTE), "Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026. Autorización".