
Lo más grave de las declaraciones de Presti es el vacío técnico y político con el que intentó fundamentarlas. Sin ningún argumento jurídico sólido que contradiga décadas de informes, presentaciones judiciales e investigaciones periodísticas de la región y el mundo, el ministro optó por lavarle la cara al imperialismo británico.
La falacia de la legalidad británica: Presti omitió de manera cómplice que el crucero fue torpedeado por el submarino nuclear HMS Conqueror cuando se encontraba a 231 millas marinas de las Islas Malvinas, es decir, fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) que el propio gobierno de Margaret Thatcher había delimitado unilateralmente.
El torpedo a la paz: El ataque criminal no respondió a una necesidad defensiva inminente, sino a una orden política directa ideada para dinamitar las negociaciones diplomáticas de paz impulsadas en aquel mayo de 1982.
Al despojar al hecho de su naturaleza criminal, el titular de Defensa validó el accionar desleal y desproporcionado de una potencia extranjera sobre jóvenes conscriptos argentinos.
La actitud de Presti desnuda una alarmante y patética necesidad de congraciarse con un gobierno alineado ideológicamente con los intereses británicos. Mientras el pueblo argentino honraba a sus caídos en una fecha de profunda sensibilidad nacional, el ministro eligió ponerse del lado de la agresora histórica de la soberanía nacional, convalidando la teoría de que "en la guerra todo vale".
Esta postura complaciente con el thatcherismo rompe con el reclamo histórico sostenido por la diplomacia, las universidades nacionales, los centros de veteranos y el arco político que durante décadas ha exigido justicia internacional por la muerte de los marinos.
"Calificar el hecho como un simple acto de guerra implicó desconocer las condiciones irregulares del ataque y avalar el accionar criminal de Margaret Thatcher."
Un ministro de Defensa que deshonra la memoria de los caídos, desmantela la doctrina histórica de su país en materia de soberanía y repudia el reclamo de sus propios veteranos de guerra para agradar a despachos extranjeros carece de la legitimidad moral y política para seguir en su cargo. La renuncia de Carlos Presti debió haber sido el único camino ético ante semejante traición a la verdad histórica de la Nación.