En el fragmento de su intervención, Benegas Lynch despliega una serie de comparaciones en cadena con el objetivo de demostrar que, si se exigiera la abstención por conflicto de intereses, el Congreso quedaría virtualmente paralizado:
"Porque si no, que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización laboral... El que exporta cuando votamos un tratado... ¡no podríamos legislar! Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podría votar esto ni a favor ni en contra... El abogado cuando votamos el Código Procesal, que no vote. El médico cuando votamos salud... alguien que tenga una clínica de salud mental, ¿no puede votar para transformar la realidad con respecto a este tema tan importante?"
A primera vista, la enumeración parece un reclamo vehemente de sentido práctico: “si todos se abstienen por tener una profesión o una actividad, nadie vota nada”. Sin embargo, esta formulación encierra severas fallas conceptuales y éticas.
Existe una diferencia sustancial entre la idoneidad/experiencia profesional en un tema y la existencia de un interés económico directo y particular.
Que un senador con profesión de abogado vote un Código Procesal general no constituye un conflicto de interés, pues la ley aplica por igual a toda la ciudadanía y al cuerpo profesional de manera abstracta.
Sin embargo, si un legislador vota una ley, beneficio fiscal o exención regulatoria que impacta directamente de manera positiva en una empresa de su propiedad, en sus socios o en su patrimonio personal, ya no estamos hablando de "ejercer la profesión", sino de un beneficio propio utilizando la función pública. Mezclar ambos escenarios en la misma bolsa es una estratagema retórica deliberada para invisibilizar el conflicto ético.
El senador utiliza la falacia de la pendiente resbaladiza al insinuar que cualquier exigencia de ética o abstención conduce indefectiblemente al extremo inmovilismo legislativo: "¡No podríamos legislar!". Las normativas sobre conflictos de interés en la mayoría de las democracias desarrolladas no prohíben que los médicos voten leyes de salud ni que los empleadores voten leyes laborales en términos generales. Lo que exigen es transparencia, declaración jurada de intereses y abstención puntual cuando el proyecto beneficia nominalmente a la entidad, firma o negocio del legislador o de sus familiares directos.
Al ridiculizar la abstención (equiparando poseer una clínica privada de salud mental con ser un médico en abstracto), Benegas Lynch desdibuja el estándar de transparencia que se le exige a los representantes del pueblo. En lugar de justificar por qué una votación en particular respeta la ética pública, prefiere argumentar que la ética misma es impracticable.
La retórica parlamentaria exige rigor argumentativo, en especial cuando se abordan cuestiones relativas a los privilegios e incompatibilidades de la función pública. Pretender que la regulación del conflicto de intereses invalida la posibilidad de que los senadores voten leyes generales sobre la economía, la salud o el trabajo no es solo un argumento pobre: es una distorsión que atenta contra la confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo.
Para transformar la realidad —como el propio senador menciona— no hace falta anular las normas de ética pública, sino comprender que servir al interés general exige estar dispuesto a dar explicaciones transparentes sobre los intereses particulares.