Ver a un individuo de civil abriendo fuego en medio de la calle expone la cobardía del poder en su estado más puro. Cuando las instituciones renuncian a la transparencia y esconden a sus ejecutores en el anonimato, se rompe el pacto democrático básico. La identificación oficial no es un adorno burocrático; es la única garantía republicana que impide que la fuerza pública se degenere en una patota privada. Quien dispara ocultando su filiación no actúa como un servidor público, sino como un matón de bajo sueldo: un engranaje prescindible al que la dirigencia utiliza para infundir terror y del que luego se desentiende para evitar la responsabilidad penal y política.

Este tipo de episodios no solo agravian a la ciudadanía; también trazan una línea divisoria tajante dentro de las propias fuerzas de seguridad. Estas imágenes son el parámetro exacto para distinguir entre los buenos y los malos policías.

El verdadero policía entiende que su autoridad emana de la ley, del cumplimiento del protocolo y del orgullo de dar la cara ante la comunidad a la que protege. Sabe que la chapa y el uniforme representan un mandato de contención, profesionalismo y rendición de cuentas. Por el contrario, el subordinado que acepta operar en las sombras abjura de su deber constitucional para convertirse en un ejecutor fuera de control.

Tolerar la represión sin identificación no es un exceso individual ni un error táctico: es una perversión del sistema. Cuando el Estado necesita esconder la cara de quienes ejercen la fuerza en su nombre, no está imponiendo el orden, sino admitiendo su propia degradación.