Oficialmente, la postura diplomática de Uruguay se alinea con los consensos regionales de América Latina y el Caribe. Los diferentes gobiernos uruguayos han respaldado de manera sostenida las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los pronunciamientos del MERCOSUR y la CELAC que consideran la cuestión de las Malvinas como un asunto pendiente de descolonización y reconocen los legítimos derechos de soberanía de Argentina.

Uruguay ha acompañado históricamente medidas de integración regional destinadas a restringir el uso de símbolos ilegítimos —como la prohibición de ingreso a puertos nacionales de buques que enarbolen la bandera de las islas Falkland—. Sin embargo, la diplomacia uruguaya suele enmarcar su postura bajo el principio de la libre navegación, el derecho internacional y la resolución pacífica de controversias, manteniendo un delicado equilibrio entre su vecindad con Argentina y sus lazos comerciales globales.
El motivo principal de fricción entre Argentina y Uruguay respecto a este tema no recae en la retórica política, sino en la logística operativa. El puerto de Montevideo y, en menor medida, los aeropuertos uruguayos funcionan históricamente como centros de apoyo logístico para buques y aeronaves que operan en el Atlántico Sur, incluidos aquellos vinculados de forma directa o indirecta con las Islas Malvinas.
Puertos y abastecimiento: Diversas flotas pesqueras y buques mercantes que operan bajo licencias unilaterales otorgadas por las autoridades británicas de las islas utilizan habitualmente la infraestructura portuaria uruguaya para reparaciones, recambio de tripulaciones, aprovisionamiento y descarga de mercaderías. Para Uruguay, esta actividad representa un dinamismo económico importante en servicios portuarios, aunque para Argentina constituye un soporte indirecto a la economía colonial de los archipiélagos.
Escalas aéreas y vuelos militares: Con frecuencia se han registrado operaciones de aeronaves militares y de transporte del Reino Unido (como los modelos Airbus A400M o aviones de reabastecimiento) que realizan escalas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo) en su ruta hacia o desde las bases militares en Monte Agradable (Mount Pleasant) en las islas.
Cada vez que trasciende una operación logística o un vuelo militar británico utilizando territorio uruguayo, se activa un protocolo de reclamos formales por parte de la cancillería argentina y de gobiernos provinciales (notablemente Tierra del Fuego).

Ante estos cuestionamientos, la defensa sistemática del gobierno uruguayo se fundamenta en dos ejes:
Carácter humanitario: Montevideo argumenta que las autorizaciones concedidas a aeronaves militares o de transporte obedecen estrictamente a razones sanitarias, de emergencia o de asistencia humanitaria estipuladas en convenios internacionales, negando que se preste apoyo a operaciones de carácter ofensivo o militar estratégico.
Soberanía nacional: El Estado uruguayo defiende su derecho soberano a regular el tránsito en sus espacios aéreos y marítimos conforme a sus propias conveniencias y normativas internas.
A pesar de las explicaciones oficiales, los incidentes recurrentes —como el uso de rutas que conectan directamente el territorio uruguayo con las islas— continúan generando tensiones intermitentes y debates sobre los límites de la solidaridad regional frente a potencias extracontinentales.

Más allá de la logística insular, la relación bilateral entre Uruguay y el Reino Unido ha experimentado un fortalecimiento autónomo en los últimos años en áreas comerciales, financieras y de cooperación en transición energética y tecnología. Londres ha posicionado al mercado uruguayo como un socio relevante en el Cono Sur, diversificando sus inversiones. Este dinamismo económico refuerza la postura de Montevideo de mantener una política exterior pragmática, donde sus vínculos comerciales globales no se vean supeditados de manera absoluta a las disputas geopolíticas regionales de sus vecinos, aunque ello le cueste tensiones diplomáticas periódicas con Buenos Aires.