Lejos de tratarse de una simple gestión de "bienes dominicales" u "optimización de activos estatales", la liquidación de estas unidades tropieza con un entramado normativo protector de rango legal e internacional.

1. La Naturaleza Jurídica del Patrimonio: Inmuebles Afectados a Fines Sociales

Para determinar si es legal vender estos bienes, el análisis debe partir de la titularidad y la procedencia de los fondos con los que fueron adquiridos, construidos o mantenidos.

                          FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                      │
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   Fondos Tesoro Nacional                              Aportes de Afiliados
(Partidas presupuestarias)                         (Retenciones obligatorias)
           │                                                     │
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                        NATURALEZA DEL PATRIMONIO
               Propiedad Colectiva / Destinación Específica
                                      │
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                             LIMITACIÓN LEGAL
                    Prohibición de confiscación (Art. 17 C.N.)
                    Incoactivización para pasivos ajenos

A. La distinción entre Dominio Público, Privado del Estado y Patrimonio Colectivo

Los bienes del Estado se dividen tradicionalmente en bienes del dominio público y del dominio privado. Sin embargo, las entidades de la seguridad social y obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (históricamente administradas bajo figuras institucionales específicas como el IOSE, DIBA, DIBPFA, o el actual IOSFA) poseen un patrimonio con afectación típica y legalmente parametrizada.

• Patrimonio de Afiliados: Gran parte de los complejos recreativos y hoteleros fueron erigidos con el descuento obligatorio de los haberes de los propios uniformados y sus familias a lo largo de décadas.

• Tesis de la Propiedad Colectiva Privada: Conforme a la doctrina y jurisprudencia sentada sobre el régimen de obras sociales y mutuales, estos fondos no ingresan a Rentas Generales del Estado. Tienen carácter asistencial y pertenecen a la comunidad de afiliados.

• La Confiscación Indirecta (Art. 17 C.N.): Si el Poder Ejecutivo o una autoridad transitoria liquida un bien construido o adquirido con el esfuerzo del afiliado para enjugar deudas operativas o transferirlo a las arcas generales del Tesoro, se configura una expropiación o confiscación sin indemnización, violando la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada individual y colectiva.

2. Impedimentos Legales Específicos a la Desafectación

A. Ley de Obras Sociales (Ley N° 23.660 y concordantes)

El marco de las entidades asistenciales impone restricciones severas al uso de los recursos:

1. Afectación Específica: Los bienes y sus rendimientos solo pueden ser aplicados a los fines socio-sanitarios y de asistencia integral determinados por ley (Art. 5 y concordantes de la Ley N° 23.660).

2. Prohibición de Cambio de Destino para Deudas Operativas: No resulta conforme a derecho liquidar bienes de capital creados para la prestación social para solventar pasivos corrientes generados por desmanejos administrativos.

B. El Principio de No Regresividad en Derechos Sociales

En virtud del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Art. 2.1), rige en el ordenamiento local el principio de prohibición de regresividad:

Principio de Prohibición de Regresividad: El Estado no puede suprimir o degradar prestaciones de salud, prevención, descanso y turismo social reconocidas y consolidadas a favor de los ciudadanos, salvo que acredite razones objetivas de extrema necesidad y provea una medida sustitutiva equivalente.

Aprehender un hotel social para privatizarlo priva al afiliado de una prestación integral garantizada dentro del concepto de "bienestar general" que integra el derecho a la salud y a la seguridad social (Art. 14 bis C.N.).

3. Límites a las Competencias de la AABE y Órganos de Disposición

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o los organismos equivalentes no ostentan facultades omnímodas sobre el parque inmobiliario del sector público o autárquico.

Obstáculo Operativo / Jurídico	Fundamentación Normativa	Consecuencia Legal
Falta de Facultades Implícitas	Principio de Legalidad Administrativa	La AABE no puede desafectar bienes que tengan asignada una función social por ley o estatuto sin una norma de igual o superior jerarquía (Ley del Congreso).
Vicios de Dominialidad Registral	Dominio y Tracto Sucesivo	Si el bien figura inscripto a favor de institutos disueltos, mutuales o cajas específicas con derechos de terceros integrados, la enajenación padece de nulidad absoluta.
Omisión de Subasta Pública Transparente	Rige el Dec. 1023/01 y la Ley de Administración Financiera	La venta directa o mediante tasaciones dudosas por debajo del valor real de mercado acarrea invalidez administrativa.

4. Estrategia y Herramientas de Defensa Legal para el Afiliado

Frente a decisiones normativas o administrativas que pretendan avanzar sobre los activos de la hotelería social, la comunidad de beneficiarios (activos, retirados, pensionados y centros asociativos) dispone de un abanico defensivo en las esferas judicial, administrativa y legislativa.

                                VÍAS DE ACCIÓN LEGAL
                                         │
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Judicial Federal                    Administrativa / Fiscal             Legislativa
(Amparo Colectivo / Cautelares)      (Denuncias SIGEN, AGN, Penal)       (Congreso de la Nación)

A. Vía Judicial: Amparo Colectivo y Medidas Cautelares

• Acción de Amparo Colectivo (Art. 43 C.N.): Interpuesta por centros de oficiales, suboficiales o afiliados individuales en representación del colectivo afectado, invocando la conculcación del derecho de propiedad colectiva (Art. 17 C.N.), la seguridad social (Art. 14 bis C.N.) y la violación de tratados internacionales.

• Medida Cautelar de No Innovar: Solicitud urgente para ordenar la suspensión inmediata de cualquier edicto de subasta, llamado a licitación o firma de escrituras, congelando el estado dominial del inmueble mientras se resuelve el fondo de la inconstitucionalidad.

B. Vía Penal y Administrativa

• Denuncias por Malversación de Fondos y Violación de los Deberes de Funcionario Público: (Arts. 248, 260 y concordantes del Código Penal). La venta de activos afectados para fines distintos de los legalmente autorizados o por precios desproporcionadamente bajos genera responsabilidad penal y patrimonial directa en los funcionarios firmantes.

• Intervención de los Órganos de Control (SIGEN y AGN): Requerimiento formal de auditorías integrales sobre la dominialidad del bien y sobre la legitimidad de las deudas que se pretenden cancelar con la venta del patrimonio asistencial.

C. Vía Politico-Legislativa

• Pedidos de Informe y Citaciones (Comisiones de Defensa, Previsión Social y Salud): Presentación ante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación para requerir la paralización preventiva de las desafectaciones e impulsar leyes expresas de intangibilidad del patrimonio socio-sanitario de la seguridad social.

Conclusión

Desde una rigurosa dogmática jurídica, la pretensión de vender las unidades hoteleras y recreativas del sistema de salud y previsión social adolece de inconstitucionalidad e ilegalidad manifiesta.

Los activos no integran la masa ordinaria del patrimonio disponible del Estado Nacional para afrontar compromisos de caja, sino que constituyen una propiedad afectada a fines asistenciales, tutelada por la garantía constitucional de la propiedad (Art. 17 C.N.), el mandato de protección integral de la Seguridad Social (Art. 14 bis C.N.) y el principio internacional de no regresividad en materia de derechos sociales. Cualquier acto administrativo dispuesto en contrario es susceptible de impugnación y paralización inmediata mediante las acciones judiciales correspondientes.