La medida congela todos los activos que la magistrada posea bajo jurisdicción estadounidense, prohíbe a ciudadanos y bancos de EE. UU. realizar transacciones financieras con ella y restringe su acceso al sistema financiero internacional.

El motivo de las sanciones

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó la decisión argumentando que los funcionarios sancionados participaron directamente en intentos de investigar, arrestar o procesar a ciudadanos de países que no han firmado el Estatuto de Roma ni reconocen la jurisdicción de la CPI.

La decisión se enmarca en la creciente confrontación entre Washington y el tribunal de La Haya, motivada principalmente por:

• La orden de arresto contra Benjamín Netanyahu: Las acciones judiciales emprendidas por la CPI en relación con presuntos crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí y altos mandos en la Franja de Gaza.

• Investigaciones a tropas estadounidenses: Indagatorias previas de la corte sobre presuntos abusos cometidos por personal de EE. UU. en Afganistán.

Reacciones internacionales

• Corte Penal Internacional: El organismo rechazó tajantemente las medidas, calificándolas como un ataque directo al Estado de derecho. "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por hacer cumplir la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", advirtió el tribunal mediante un comunicado.

• Japón: El Ministerio de Relaciones Exteriores nipón lamentó profundamente la sanción impuesta a su ciudadana y magistrada, reafirmando el apoyo total de Tokio a la independencia y labor de la CPI.

• Israel: El gobierno israelí respaldó públicamente la resolución de la administración estadounidense.

Estados Unidos, que no firmó ni ratificó el tratado fundador del tribunal internacional en 2002, sostiene que la CPI actúa de manera "politizada" y sin la legitimidad que otorga el consentimiento soberano de las naciones involucradas.