El documento fundamenta su reclamo en recientes declaraciones públicas del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Gustavo Javier Valverde, poniendo bajo la lupa las asimetrías económicas entre los costos de capacitación de la aviación militar de caza y las remuneraciones percibidas por los efectivos argentinos.

Puntos clave expuestos en el proyecto

1. El desfasaje salarial de los pilotos frente a la línea de pobreza

El aspecto más crítico expuesto en la iniciativa legislativa radica en la paradoja presupuestaria que afrontan los aviadores destinados a operar el programa F-16:

• Sueldo percibido: Según lo expuesto en el proyecto a partir de datos brindados por las autoridades de la Fuerza Aérea, un efectivo calificado para operar el sistema F-16 percibe un salario aproximado de $1.300.000.

• Comparativa con la Canasta Básica: Al contrastar dicho haber con la Canasta Básica Total medicada por el INDEC para junio de 2026 (ubicada en $1.561.473), se advierte que los pilotos altamente capacitados se encuentran técnicamente debajo de la línea de pobreza.

• Inversión formativa vs. Retención de talento: Formar a un piloto especializado requiere aproximadamente 8 años de carrera y una inversión estatal estimada en USD 5.000.000. El proyecto cuestiona si el atraso salarial pone en riesgo la permanencia de estos profesionales estratégicos dentro del instrumento militar nacional.

2. Costos de hora de vuelo y presupuesto de operación

El proyecto resalta que el costo de hora de vuelo de los cazas F-16 insume cerca de USD 14.000. Ante estas cifras, se solicita al Ministerio de Defensa ratificar si existen garantías presupuestarias para asegurar el entrenamiento regular y el funcionamiento continuo de la flota sin resentir otras áreas.

3. Adaptación logística y reabastecimiento en vuelo

En el plano puramente técnico, se pide precisar el avance en las modificaciones técnicas requeridas para adaptar la flota de aviones C-130 Hércules, esenciales para llevar a cabo operaciones de reabastecimiento en vuelo de los cazas F-16.

4. Autonomía, soberanía y alertas sobre personal externo

Uno de los puntos de mayor impacto político e institucional formulados en el cuestionario versa sobre la operación del software del sistema de armas:

• La legisladora solicita ratificar o desmentir versiones e informes sobre la posible contratación de dos ex directivos/altos mandos de las Fuerzas Armadas de Chile para la administración o soporte del software de los F-16.

• Se pide ponderar las implicancias de esta medida en relación con la autonomía de vuelo, el control soberano del espacio aéreo y la hipotética existencia de restricciones de radarización en los cazas que pudieran limitar su empleo frente a la ocupación británica en las Islas Malvinas (considerada la principal hipótesis de conflicto del Estado argentino).

Consultas formuladas al Poder Ejecutivo

El proyecto de resolución insta al Ejecutivo a responder formalmente en el marco del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional sobre los siguientes puntos:

1. Cronograma de entregas: Grado de cumplimiento de las fases de entrega del Programa F-16.

2. Garantía operativa y salarios:

   • Sustentabilidad de los costos por hora de vuelo (USD 14.000).

   • Mecanismos previstos para asegurar la permanencia de los pilotos tras años de capacitación (USD 5.000.000 de inversión por piloto).

   • Recomposición salarial prioritaria para el personal militar estratégico frente al atraso actual.

3. Sistemas de Radar: Estado de restricciones técnicas o contractuales en materia de radarización de las aeronaves.

4. Reabastecimiento: Estado de avance en las adaptaciones técnicas de las aeronaves Hércules.

5. Soberanía y Software: Información clara sobre la contratación de personal militar extranjero (específicamente chilenos) para la gestión del software operacional.

Contexto político y parlamentario

Según se especifica en los fundamentos expuestos por Agustina Propato, este proyecto se suma a una serie de pedidos de informes previos sobre el programa F-16 (expedientes 6276-D-2025, 3758-D-2025, 0870-D-2025, 0845-D-2025 y 0347-D-2026), los cuales no han recibido respuesta formal por parte de las autoridades parlamentarias ni del Ministerio de Defensa.

El documento enfatiza que equipar a las Fuerzas Armadas es un objetivo valioso, pero insostenible si no se atienden en simultáneo las condiciones salariales, el bienestar social y la preservación del capital humano capacitado que debe operar la tecnología de defensa nacional.