La normativa provincial prohíbe de manera categórica que buques bajo la bandera del Reino Unido o de conveniencia amarren, operen o reciban asistencia logística en puertos de la provincia si participan directa o indirectamente en la exploración y explotación ilegítima de los recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas.

Sectores críticos y autoridades locales denuncian que la falta de restricciones por parte de la administración nacional al ingreso y asistencia de este tipo de embarcaciones configura una violación del espíritu defensivo y soberano de la Ley Gaucho Rivero. Sostienen que permitir que el territorio continental funcione como plataforma logística vulnera los esfuerzos diplomáticos por la causa Malvinas y flexibiliza el mandato fijado por la legislatura fueguina.

Por su parte, desde el ámbito nacional se argumenta que las normativas de navegación internacional y el control de aguas marítimas son competencia del Estado federal. Aseguran que, cuando las embarcaciones no están involucradas en tareas directas de extracción hidrocarburífera o pesquera en la cuenca Malvinas, las operaciones portuarias no violan la letra estricta de la ley.

El conflicto deja en evidencia la tensión persistente entre los requerimientos del comercio exterior en aguas territoriales y las cláusulas provinciales diseñadas para resguardar los derechos imprescriptibles sobre el Atlántico Sur.