La crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) es la manifestación más cruenta de este desprecio. Lo que para cualquier funcionario es un problema contable, para el personal militar y sus familias se traduce en la pérdida de prestaciones médicas esenciales, farmacias desabastecidas y una desprotección total en materia de salud. La respuesta oficial, lejos de aportar soluciones de fondo, ha sido la improvisación y la postergación.

A este escenario desolador se le suma la cruda realidad admitida públicamente por el propio jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Gustavo Valverde. Reconocer que un piloto altamente capacitado para volar los cazas F-16 percibe haberes que apenas rondan los 1,3 millones de pesos no solo roza lo insólito, sino que pone al descubierto un cinismo estructural: se pretenden exhibir sistemas de armas de última generación mientras a quienes deben operarlos se les pagan sueldos de miseria que bordean la línea de pobreza, fomentando un éxodo inevitable y evidenciando el desinterés de los despachos ministeriales.

El malestar ya no es silencioso. Las duras advertencias y reclamos públicos del General retirado Horacio Daniel Piazza sintetizan el sentir de una masa de retirados que ve dilapidados sus años de entrega, mientras en las filas activas la disconformidad de los mandos intermedios y el ruido sordo del personal subalterno amenazan con quebrantar la moral de las tropas. Que los cuadros medios —el motor operativo de las instituciones— manifiesten su desaliento es una señal de alarma que solo un gobierno ciego puede ignorar.

En una nación normal, la combinación de una obra social quebrada, haberes de miseria, reclamos de la conducción retirada y descontento generalizado en la tropa obligaría a refundar la cartera de Defensa. En Argentina, en cambio, estos atropellos confirman una sospecha alarmante: no se busca modernizar ni equipar a los uniformados, sino reducirlos a la impotencia, alejándolos definitivamente de su misión constitucional de proteger la soberanía nacional.