A través del cambio de su figura jurídica, la reducción de personal y llamados a licitación para la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), el Poder Ejecutivo nacional busca traspasar el control operativo y productivo del complejo de defensa a actores privados.

1. La reconversión jurídica: De Sociedad del Estado a Sociedad Anónima

El primer hito formal de esta reestructuración se concretó mediante la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual ordenó la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas.

• Nueva figura legal: Fabricaciones Militares dejó de ser una Sociedad del Estado (FMSE) para convertirse en Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

• Impacto normativo: Este cambio legal no solo la sujeta al régimen general de sociedades comerciales, sino que habilita formalmente la venta de acciones, la captación de inversiones del sector privado y la cesión de líneas operativas sin requerir una ley específica de privatización total votada en el Congreso.

2. El modelo de cesión a privados: Licitaciones y control de gestión

A mediados de 2026, el Ministerio de Defensa lanzó un pliego licitatorio (identificado en expedientes oficiales como el concurso para la conformación de UTE) con el objetivo de incorporar socios estratégicos, principalmente capitales del sector privado nacional o internacional.

3. Radiografía de las plantas operativas

El plan de asociación privada abarca a las unidades productivas clave desplegadas en el territorio nacional:

• Villa María (Córdoba): Especializada en pólvoras y altos explosivos. Registró caídas en su nivel de producción, funcionando a cerca del 50% de su capacidad instalada previa.

• FANAZUL (Azul, Buenos Aires): Única planta de la región con capacidad de producción industrial de TNT. Presenta un esquema de parálisis operativa parcial o total, siendo una de las principales unidades ofrecidas a capitales privados para su reactivación bajo dirección externa.

• Fray Luis Beltrán (Santa Fe): Centro neurálgico de producción de armamento liviano, municiones de pequeño y mediano calibre, y equipamiento de seguridad para las fuerzas armadas y policiales.

• Río Tercero (Córdoba): Unidad volcada a la química pesada y la metalmecánica.

4. Reducción de estructura y pasivos laborales

Para adecuar la estructura financiera de la empresa antes del desembarco del operador privado, la conducción de Fabricaciones Militares activó mecanismos de reducción del gasto:

1. Subastas de activos: Venta de maquinaria en desuso, rodados y materiales sobrantes para sanear partidas de deuda.

2. Planes de retiros voluntarios: Implementación de esquemas de salida indemnizatoria en cuotas para reducir el plantel de personal permanente en las diferentes plantas productivas.

3. Absorción estatal de pasivos: Las pautas de la licitación estipulan que los costos derivados de indemnizaciones previas y cargas salariales históricas queden concentrados en la órbita del Estado, dejando a la empresa privada la gestión de la nómina activa.

El debate sobre la soberanía de la Defensa

El traspaso de la administración operativa de Fabricaciones Militares reabrió la discusión técnica y geopolítica en torno a la industria estratégica nacional.

Mientras el Ministerio de Defensa argumenta que la llegada de un socio privado permitirá inyectar inversiones, modernizar líneas de montaje obsoletas e integrar a la empresa en la cadena global de suministro de armas, gremios del sector (como ATE) e informes técnicos advierten que ceder la conducción operativa de insumos críticos —como explosivos y municiones— compromete la autonomía logística del país ante emergencias o compras de la Defensa Nacional.