El comunicado Mondino-Lammy: ¿Continuidad de la subordinación y soberanía cedida a cambio de nada?
El discurso del actual gobierno argentino ha pretendido refundar el concepto de patriotismo bajo una narrativa de firmeza internacional y pragmatismo económico. Sin embargo, en el terreno de la política exterior —especialmente en la causa Malvinas— la brecha entre la retórica de defensa de los intereses nacionales y las acciones diplomáticas concretas resulta insostenible. Si el Poder Ejecutivo sostiene un deseo genuino de priorizar la soberanía argentina por sobre los intereses británicos, la primera medida indispensable debe ser la derogación inmediata del pacto sellado entre la canciller Diana Mondino y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy.
Un análisis desapasionado del comunicado conjunto acordado con Londres revela una inquietante realidad: no se trata de una diplomacia novedosa ni superadora, sino de la reactivación casi idéntica de la política encarnada en el cuestionado acuerdo Foradori-Duncan de 2016. La arquitectura de estos entendimientos parte de una premisa perversa: otorgar legitimidad y facilidades logísticas a la ocupación británica en el Atlántico Sur a cambio de amables pero vacías promesas de "cooperación".
El comunicado Mondino-Lammy reincide en los dos pilares más gravosos para los intereses estratégicos de la Argentina:
Entrega y legitimación en materia pesquera: El acuerdo restituye canales de cooperación en la conservación de recursos naturales e intercambio de información pesquera alrededor de las Islas Malvinas. Bajo un discurso ecologista y técnico, se encubre un aval implícito a la administración ilegal del Reino Unido para seguir otorgando licencias ilegítimas en aguas argentinas, privando al país de un recurso económico vital y fortaleciendo la autosuficiencia financiera de la ocupación colonial.
Conectividad al servicio de la consolidación británica: El restablecimiento del vuelo regular semanal desde São Paulo hacia las Islas, con solo una escala mensual en Córdoba, constituye un beneficio puramente logístico para el régimen insular británico. Facilita la rotación de personal, el abastecimiento y el turismo sin exigir a cambio ninguna contraprestación sovereignty-friendly, reduciendo al mínimo la integración o el control del Estado argentino continental sobre dicho flujo aviatorio.
El mayor vicio de este comunicado radica en su asimetría. La diplomacia exige reciprocidad; sin embargo, en este entendimiento, el Reino Unido obtiene todo lo que necesita para reducir los costos geopolíticos y económicos de mantener su base militar y su enclave comercial en el Atlántico Sur, mientras que la Argentina no obtiene absolutamente nada a cambio.
No hay un solo avance en la reanudación de las negociaciones de soberanía —postergadas sistemáticamente por Londres en flagrante violación de la Resolución 2065 de la ONU—, ni se exigen compromisos británicos para frenar la militarización del área o la explotación hidrocarburífera ilegal.
Proclamar la defensa de la patria mientras se firman comunicados diplomáticos que remueven los obstáculos logísticos del ocupante no es pragmatismo; es capitulación técnica. Si el gobierno aspira a sostener con coherencia que los intereses argentinos están por encima de los británicos, no puede ampararse en el lenguaje ambiguo de la cooperación bilateral. Debe dar de baja de forma inmediata el comunicado Mondino-Lammy, clausurar la lógica de "hacer negocios sin hablar de soberanía" y volver a subordinar cualquier avance bilateral a la restitución plena de la integridad territorial argentina.