BUENOS AIRES — El proceso de privatización y licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sufrió un duro freno judicial. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó la medida cautelar que impide avanzar con modificaciones en los pliegos que impliquen reducciones en la calidad o en las prestaciones de la red de saneamiento en el Área Metropolitana.

El fallo responde a un recurso impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La Justicia enfatizó que el acceso al agua potable no es un mero bien comercial, sino un derecho humano fundamental directamente vinculado a la salud pública y al medio ambiente.

Los argumentos centrales del fallo

Los magistrados remarcaron los principios precautorio e in dubio pro natura, advirtiendo sobre las consecuencias de alterar las exigencias operativas de la compañía:

• Prioridad en el consumo humano: Las garantías de suministro e higiene deben prevalecer por encima de cualquier esquema de explotación comercial o desregulación financiera.

• Riesgo de daño irreparable: La postergación de obras de infraestructura clave o la reducción de controles de calidad podrían generar secuelas ambientales y sanitarias de dificilísima o imposible reversión.

• Estándares inalterables: El tribunal ratificó que el futuro operador —en caso de avanzar el proceso— no podrá prestar el servicio bajo exigencias inferiores a las vigentes.

Traspaso al fuero federal

Si bien los jueces ratificaron la suspensión cautelar del proceso licitatorio en sus condiciones actuales, resolvieron derivar la causa a la Justicia Federal. La decisión se fundamenta en que el Estado nacional es el accionista principal de la sociedad anónima y la prestación abarca jurisdicciones interjurisdiccionales.

Hasta tanto el juzgado federal sorteado resuelva la cuestión de fondo y se garantice una evaluación integral de los pasivos ambientales y sanitarios, el intento de transferencia de la gestión quedará totalmente condicionado y paralizado.