La frase parece apelar al sentido común más elemental, pero en realidad esconde una profunda y peligrosa simplificación de lo que representa la tierra en la geopolítica y el desarrollo de un país. Pretender que la soberanía sobre el suelo se reduce a si este "se mueve o no del mapa" evidencia una mirada estrictamente cortoplacista, donde el mercado financiero aplasta cualquier noción de recurso estratégico.
Es cierto: ningún fondo de inversión o magnate internacional va a subir millones de hectáreas de la Pampa Húmeda o la Patagonia a un barco para llevárselas a su país de origen. Pero no necesitan mover la tierra para llevarse sus frutos.
Lo que se transfiere en una compra de tierras no es la arcilla o la arena; es:
El control de los recursos naturales: Agua dulce, minerales, capacidad fotosintética y biodiversidad.
La capacidad productiva: La decisión de qué se cultiva, para quién se cultiva y a qué precio se exporta.
La renta extraordinaria: La ganancia generada por el trabajo y el suelo argentino que, en manos transnacionales, suele fugar sus dividendos al exterior.
Decir que "no se la llevan" para restarle importancia a la extranjerización es obviar cómo funciona el capitalismo global del siglo XXI.
El argumento de que "no le podés prohibir a nadie vender su tierra" instala un absolutismo sobre la propiedad privada que no existe en casi ninguna potencia del mundo.
Países con democracias consolidadas y economías abiertas regulan de manera estricta quién puede comprar sus tierras agrícolas y forestales:
Estados Unidos, Francia y Brasil imponen límites severos, autorizaciones estatales y monitoreos constantes a la compra de suelo por parte de firmas o ciudadanos extranjeros.
Ningún país desarrollado considera la tierra productiva como un simple "bien de cambio". Se la contempla como un activo estratégico de seguridad alimentaria y defensa de la soberanía nacional.
Incapaz de distinguir entre el derecho a disponer de una propiedad individual y la responsabilidad del Estado en resguardar el patrimonio territorial, la postura de la SRA reduce el mapa nacional a un mero remate inmobiliario.
Pino instó a que "veamos de dónde venimos". Precisamente, si miramos la historia argentina, la concentración de la tierra y la especulación inmobiliaria han sido históricamente frenos para un desarrollo federal, equitativo e industrial.
Aceptar de forma irrestricta la compra de hectáreas por capitales extranjeros no fomenta la producción: fomenta la especulación. En un contexto global signado por el cambio climático, la escasez de agua y la crisis de alimentos, la tierra fértil no es solo un negocio; es el recurso fundamental del que dependerán las próximas generaciones.
Tratar la venta del territorio nacional con la ligereza de una transacción comercial ordinaria es un error conceptual gravísimo. La tierra no se la llevan, pero la autonomía para decidir sobre el futuro del país, sí. Un proyecto de nación sostenible no puede construirse bajo la premisa de que todo está a la venta al mejor postor.
Las fuentes periodísticas que registraron y difundieron sus dichos son:
A24: "En La Rural, Caputo descartó nuevos anuncios de Milei para el campo".
elDiarioAR: "'No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero': la Rural avala la ley de Propiedad Privada de Milei".
Asteriscos TV: "Caputo bajó las expectativas sobre posibles anuncios de Milei para el campo en la Rural".
Ley de Tierras en Argentina (Ley N° 26.737): Regula la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, limitando la titularidad a extranjeros (máximo del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, y un límite de 1000 hectáreas por titular en la zona núcleo).
Marcos regulatorios internacionales: Regulaciones comparadas de la Food and Agriculture Organization (FAO) y legislación sobre soberanía alimentaria y control de inversiones extranjeras en tierras agrícolas (EE. UU. - Agricultural Foreign Investment Disclosure Act, legislación francesa a través de las sociedades SAFER, y la Ley de Tierras de Brasil - Lei 5.709/1971).