Sin embargo, el dato más desolador para los afiliados no es solo la quiebra virtual del organismo, sino el estilo de conducción elegido desde la cúspide del Ministerio de Defensa: el hermetismo, la inacción y el silencio político de Carlos Presti.

Un agujero financiero heredado, pero un silencio autoimpuesto

Nadie desconoce la génesis del desastre. La transición desde la antigua estructura de IOSFA dejó al descubierto un déficit feroz moldeado por gestiones previas que esquivaron la auditoría rigurosa y prefirieron patear la deuda hacia adelante. A esto se suma el factor más crítico y desigual del conflicto: el ahogo financiero provocado por la cartera de Seguridad.

Las Fuerzas Armadas cumplieron con sus aportes en un esfuerzo por sanear las cuentas, inyectando fondos multimillonarios. No obstante, alrededor del 65% de la deuda pendiente —más de 139.000 millones de pesos— corresponde a las contribuciones no saldadas por Gendarmería y Prefectura. Seguridad no pagó, el Estado no obligó a pagar y los uniformados del Ministerio de Defensa quedaron financiando con sus recortes de salud el déficit ajeno.

La pregunta es simple: Si el problema primario es la pesada herencia de la anterior gestión y la morosidad endémica de la cartera de Seguridad, ¿por qué el Ministro de Defensa no sale a denunciarlo con nombre y apellido?

De la gestión técnica a la complicidad por omisión

Ante un escenario de esta envergadura, el rol del titular de la cartera de Defensa no puede reducirse al de un simple espectador o un administrador de daños. Cubrir la parálisis institucional con un recambio incesante de funcionarios en el directorio de OSFA no resuelve la sangría financiera ni restaura la atención médica de miles de familias militares.

Callar sobre los desaciertos de la gestión anterior y mantenerse inmóvil mientras otro ministerio retiene los fondos correspondientes no es prudencia política; es desidia institucional. La lealtad del ministerio debe estar con los hombres y mujeres que integran las fuerzas y con sus familias, no con la preservación de equilibrios parlamentarios o la comodidad de la burocracia.

Romper el silencio o asumir la responsabilidad

Si Carlos Presti sostiene que la culpa del descalabro no le pertenece, tiene la obligación moral y pública de actuar en consecuencia:

• Dar explicaciones públicas y transparentes: Exponer el estado real en el que se recibió el organismo sanitario y rendir cuentas sobre el pasivo acumulado.

• Exigir la regularización de la deuda de Seguridad: Exigir formal y públicamente que el Ministerio de Seguridad transfiera de inmediato los miles de millones de pesos adeudados por Gendarmería y Prefectura.

• Proteger los recursos de las Fuerzas Armadas: Garantizar que cada peso aportado por el personal militar sea destinado exclusivamente a la cobertura médica de su propia fuerza y no a saldar la morosidad de terceros.

La desidia ante la falta de insumos, los turnos suspendidos y la incertidumbre del personal no se disimulan con resoluciones de gestión. Si el problema no es primariamente suyo, Presti debe salir a hablar, señalar la responsabilidad de la anterior cartera y poner las cartas sobre la mesa respecto a la deuda de Seguridad. De lo contrario, su silencio dejará de interpretarse como cautela y pasará a confirmarse como explícita complicidad.