Este patrón no es nuevo. Ya ocurrió de forma dramática en 2006, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Petrobras, que había invertido más de 1.500 millones de dólares en exploración, producción y el gasoducto, vio cómo el Estado boliviano tomó el control mayoritario de los campos y refinerías. Brasil terminó pagando precios más altos por el gas y reduciendo drásticamente nuevas inversiones en el país vecino.

Dos décadas después, la historia muestra ecos preocupantes. Tras años de caída en la producción de gas boliviano, reservas en declive y una economía golpeada, el nuevo gobierno boliviano de Rodrigo Paz busca atraer nuevamente capital brasileño. En marzo de 2026, Lula y Paz firmaron acuerdos para aumentar la importación de gas y reactivar la cooperación energética. Sin embargo, la memoria institucional y el historial de expropiaciones generan cautela en Brasilia y en el sector privado.

Analistas advierten que el modelo “invierte primero, nacionaliza después” erosiona la confianza regional y ahuyenta la inversión a largo plazo. Mientras Brasil busca diversificar sus fuentes de energía y fortalecer la integración sudamericana, Bolivia enfrenta el desafío de ofrecer garantías jurídicas creíbles si realmente quiere que el capital brasileño regrese de forma masiva.

El gas boliviano sigue siendo estratégico para el sur de Brasil, pero los inversores brasileños ahora exigen reglas claras, contratos blindados y estabilidad. La pregunta que flota en el ambiente es si Bolivia habrá aprendido la lección de que expropiar la gallina de los huevos de oro termina dejando menos huevos… y menos gallinas.