1. La maniobra parlamentaria: Desactivar la mecha de la movilización

El capítulo relativo a la extranjerización unificó un abanico heterogéneo de oposición —sindicatos, movimientos ambientales, comunidades originarias e figuras de la cultura— convirtiendo el debate sobre el suelo nacional en una causa soberana de alto costo político. Retirar dicho articulado responde a un cálculo legislativo estricto: aislar la protesta, garantizar el quorum y asegurar los votos de sectores de la oposición colaboradora que rechazaban entregar el control territorial.

2. Los focos de alerta que persisten en la ley

A pesar del repliegue en materia de límites al capital extranjero, el cuerpo del proyecto conserva modificaciones sustanciales sobre los derechos posesorios y el régimen de propiedad:

• Aceleración de desalojos judiciales e intempestivos: El articulado flexibiliza y acelera las medidas cautelares de restitución inmediata de inmuebles. Esto impacta de manera directa sobre familias vulnerables, comunidades campesinas e indígenas que ocupan o sostienen posesiones ancestrales o históricas sin títulos formalmente regularizados, dejándolas en situación de indefensión procesal.

• Modificación a la Ley de Manejo del Fuego: El texto revisa los plazos de veda para el cambio de uso de suelo en superficies incendiadas. Esta flexibilización borra el desincentivo legal contra las quemas intencionales destinadas a especulación inmobiliaria, agropecuaria o extractiva.

• Reconfiguración del régimen de expropiación: Introduce reformas en la determinación del valor indemnizatorio a «precio de mercado» e incorpora la compensación por lucro cesante a favor de los privados antes de la transferencia de dominio, lo que encarece y rigidiza la capacidad del Estado para intervenir sobre tierras con fines de utilidad pública, infraestructura o desarrollo social.

• Desregulación provincial indirecta: Aunque se quitó el apartado general de la Ley de Tierras, la redacción residual transfiere amplias competencias normativas a los gobiernos provinciales sin marcos mínimos de contención nacional, abriendo la puerta a que cada jurisdicción flexibilice el uso del suelo bajo presiones de inversión local o minera.

El fondo del debate

La estrategia gubernamental de ceder la bandera de la extranjerización busca desarticular la convocatoria popular, pero deja intacta la matriz punitiva y mercantilizadora de la propuesta. Mientras la atención mediática se concentró en la soberanía territorial, el resto del articulado consagra un blindaje irrestricto de la propiedad privada financiera e inmobiliaria en detrimento del derecho a la vivienda, la protección ambiental y los derechos posesorios tradicionales.