El principio de la desincentivación inmobiliaria

La protección del suelo quemado no es un capricho burocrático; responde a un principio fundamental de conservación y prevención de delitos ambientales. Históricamente, la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) estableció restricciones estrictas que prohibían la venta, loteo o cambio de actividad agrícola/inmobiliaria en terrenos incendiados durante lapsos de entre 30 y 60 años. El objetivo era simple pero eficaz: eliminar el incentivo económico detrás de los incendios intencionales. Si la tierra quemada no se puede comercializar ni transformar en desarrollo inmobiliario, el fuego deja de ser un instrumento de valorización privada.

La convergencia de la inacción y la desregulación

El problema crítico surge cuando coinciden dos factores:

• Subejecución o ineficiencia en el combate del fuego: La falta de respuesta oportuna, financiamiento o coordinación nacional degrada la capacidad de contención, permitiendo que la superficie afectada se multiplique.

• Apertura del mercado de tierras afectadas: La remoción o debilitamiento de las trabas legales para comerciar terrenos siniestrados habilita la adquisición a precio vil de bosques o ecosistemas arrasados.

Esta combinación genera un problema de riesgo moral (moral hazard). Si el Estado desatiende la prevención y el combate, y simultáneamente habilita la mercantilización posterior del suelo destruido, transforma una catástrofe ecológica en una oportunidad de negocio para la especulación financiera, ganadera o inmobiliaria.

Hacia una política ambiental responsable

Garantizar la intocabilidad de las áreas protegidas y de los bosques nativos arrasados por el fuego es la única barrera institucional para evitar que la codicia de unos pocos destruya el patrimonio natural de todos. Un marco normativo que facilita la transferencia privada de tierras recientemente incendiadas desmantela las garantías de conservación y abre la puerta a un modelo donde el fuego se convierte, en la práctica, en la herramienta más barata de desmontaje y habilitación comercial.