Por: Por la Redacción de Red Castrense

Desde el 10 de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei, Argentina ha asistido a una profunda reconfiguración del tratamiento estatal sobre la protesta social. El denominado “protocolo antipiquetes” (Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, impulsado por Patricia Bullrich y mantenido por la gestión) redefinió de hecho cualquier corte de vía pública o alteración del tránsito como un delito en flagrancia. Esta normativa habilitó la intervención policial sin orden judicial previa, amplió exponencialmente las facultades de identificación, filmación e inteligencia sobre manifestantes, y legitimó el uso de la fuerza pública incluso ante la ausencia de un peligro inminente.

Los números resultan elocuentes. Según monitoreos de la Comisión Provincial por la Memoria y diversas organizaciones civiles, durante este período se han registrado cientos de manifestaciones marcadas por hechos represivos. El saldo abarca miles de heridos (más de 2.500 en algunos recuentos), cientos de detenciones y un número significativo de periodistas afectados, destacándose el grave caso del fotógrafo Pablo Grillo, impactado por una bala de goma durante una movilización. Las protestas de jubilados, convertidas en un ritual de reclamo ante el Congreso, concentraron buena parte de la violencia estatal. Acusaciones de “terrorismo”, “sedición” o asociación ilícita han acompañado detenciones arbitrarias que, en repetidas ocasiones, la propia justicia terminó dejando sin efecto por absoluta falta de elementos probatorios.

El mito del "otro" disruptivo

Gran parte del apoyo social a estas medidas severas se sostiene en una premisa marcadamente selectiva: la creencia de que “esto solo afecta a los piqueteros, a los kirchneristas, a los sindicalistas o a quienes perjudican al trabajador común”. La retórica oficial refuerza cotidianamente esa frontera moral, presentando a los manifestantes como enemigos del orden, de la libertad económica o de “la gente de bien”. Quienes respaldan al gobierno perciben la represión no como una erosión general de derechos, sino como la defensa legítima de la sociedad frente a un colectivo disruptivo.

"Es la vieja ilusión autoritaria: suponer que los límites procesales (la proporcionalidad, la judicialización previa y el control de la fuerza) pueden flexibilizarse porque 'ellos' se lo merecen y 'nosotros' jamás estaremos del otro lado."

La historia argentina y la propia lógica del ejercicio del poder desmienten esa tranquilidad. Las salvaguardas procesales no existen para proteger únicamente a los disidentes simpáticos o convenientes; existen para impedir que el Estado actúe de manera discrecional, arbitraria y desproporcionada. Cuando se normaliza que la policía dispare gases y balas de goma sin distinción clara, que realice detenciones masivas sin individualización rigurosa de conductas, o que el Ejecutivo interprete el Código Penal a su arbitrio mediante resoluciones administrativas, el margen de arbitrariedad estatal se expande de forma peligrosa. Ese margen nunca se detiene en la frontera ideológica que hoy resulta conveniente.

Efectos colaterales y la paradoja libertaria

Los hechos recientes confirman esta deriva: los periodistas heridos mientras cubrían operativos de seguridad no eran “piqueteros”; los jubilados de edad avanzada y los transeúntes alcanzados por la represión tampoco lo eran. Mañana, un sector social que hoy respalda el ajuste macroeconómico puede verse impulsado a protestar por una reforma laboral que lo perjudique, un recorte sectorial o un conflicto provincial. O sencillamente, el poder político puede rotar. Las facultades extraordinarias concedidas al aparato de seguridad, una vez consolidadas, rara vez se revierten.

Organismos de derechos humanos y juristas han señalado reiteradamente que el protocolo desnaturaliza los derechos de reunión y libre expresión, vulnerando estándares internacionales y desplazando al Poder Judicial de su rol constitucional de control. El vaivén institucional —donde jueces de primera instancia han declarado la nulidad de las medidas mientras instancias superiores modulan o debaten sus alcances— ilustra la profunda fragilidad del esquema actual.

La paradoja de un gobierno autodefinido como libertario resulta evidente: la encendida defensa de la libertad individual y la propiedad privada convive con un marcado enduringcimiento del aparato punitivo del Estado sobre el espacio público. Si bien la intención de "liberar las calles" y garantizar la circulación es legítima en abstracto, el problema crítico surge cuando se diluyen las fronteras entre la manifestación pacífica, la alteración del orden y el delito, derivando en una respuesta estatal sistemática y desproporcionada.

Conclusión: La ilusión selectiva funciona únicamente mientras el "enemigo" permanece claramente identificado y estigmatizado. Pero las garantías procesales son universales o no existen. Cuando se erosionan en nombre del orden, la vulnerabilidad deja de ser selectiva y pasa a ser un riesgo colectivo para toda la ciudadanía.