El dictado del DNU 88/2026 —que dispuso la disolución progresiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) para estructurar la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA)— encendió las alarmas en el estamento militar y de seguridad. Lo que bajo la técnica contable se presenta como un «reordenamiento técnico-jurídico» oculta, en rigor, un complejo entramado de pasivos millonarios, transferencias domiñales grises y la potencial enajenación de uno de los activos recreativos y prestacionales más valiosos del sector público.
Para entender la magnitud del conflicto es necesario mapear la infraestructura acumulada durante décadas. No se trata únicamente de edificios administrativos, sino de una auténtica red turística y asistencial distribuida en los nodos estratégicos del país.
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│ RED DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y RECREATIVA │
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│ Mar del Plata │ Hoteles emblemáticos (Gran Prior, Antártida), │
│ │ departamentos, cocheras y residencias costeras. │
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│ Sierras de Cba. │ Complejos en La Falda (Hotel Huemul), Villa Giardino │
│ │ y Ascochinga (destinos tradicionales de oficiales/sub).│
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│ Patagonia/Lagos │ Infraestructura en San Carlos de Bariloche (Río Negro) │
│ │ y áreas cordilleranas de Mendoza. │
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│ Litoral y Norte │ Complejos e instalaciones en Puerto Iguazú, Salta, │
│ │ Paso de los Libres y zonas limítrofes. │
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│ Nodos Urbanos │ Residencias para personal en tránsito y predios │
│ │ deportivos en CABA, GBA, Rosario y Bahía Blanca. │
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Este entramado no solo representaba una prestación accesoria de turismo social; operaba como un mecanismo de compensación salarial indirecta y contención comunitaria para las familias de los uniformados, caracterizadas por traslados frecuentes, ingresos históricamente mermados y regímenes de vida severos.
El trasfondo que precipita la reestructuración del organismo no es abstracto. El IOSFA arrastra una deuda operativa acumulada que supera los 200.000 millones de pesos. El corte de prestaciones médicas, la mora con clínicas privadas y el desabastecimiento en la red de farmacias de la obra social tensionaron al límite la tolerancia de los más de 500.000 afiliados.
El dilema de fondo expone una tensión estructural:
¿Es ético mantener activos inmobiliarios ociosos o deficitarios mientras las prestaciones de salud básicas colapsan?
¿Constituye la venta de infraestructura social una solución real o un paliativo efímero que descapitaliza al Estado?
La filtración de informes internos revelando la intensión de desafectar 44 inmuebles operó como la chispa en un terreno seco. Para la masa de retirados y personal en actividad, la ecuación resulta clara: se pretende liquidar la «joya de la abuela» para tapar el agujero negro generado por años de eficiencias administrativas cuestionables y descalce financiero.
El meollo del conflicto radica en el itinerario jurídico que seguirán las propiedades tras la disolución del IOSFA y el nacimiento de la OSFA bajo el paraguas del DNU 88/2026.
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│ PLAN DE ORDENAMIENTO 2026 │
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│ SECTORES CRÍTICOS Y AFILIADOS │ │ MINISTERIO DE DEFENSA │
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│ • Desafectación del balance prestacional│ │ • Traspaso técnico a AABE │
│ • Triangulación con la AABE │ │ • Reordenamiento jurídico-dominial │
│ • Venta para enjugar deuda corriente │ │ • Dev. a Fuerzas de origen (Ej/Ara/FA) │
│ • Pérdida definitiva del patrimonio │ │ • Negativa categórica de remates │
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Representantes gremiales, mutuales y agrupaciones de las Fuerzas Armadas sostienen que el envío de los expedientes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es la antesala formal para declarar los bienes como «innecesarios para la gestión» y habilitar su posterior subasta. Argumentan que la absorción del pasivo a costa del patrimonio del organismo sienta un antecedente peligroso de licuación patrimonial sin garantías de mejora en la atención médica.
Desde la cartera oficial desmienten enfáticamente cualquier plan de remate masivo. La versión gubernamental argumenta que la intervención de la AABE responde al saneamiento dominial: cuando se creó el IOSFA en 2013 (unificando la IOSE de Ejército, DIBA de la Armada y DIBPFA de la Fuerza Aérea), la transferencia de titularidades quedó en un limbo registral. Con el DNU 88/2026, la premisa formal es la devolución de los inmuebles a las fuerzas de origen (Ejército, Armada o Fuerza Aérea) según el aporte histórico de cada una, desvinculando la gestión de la salud (OSFA) del manejo de la infraestructura hotelera.
Más allá de los discursos oficiales, el proceso de transición hacia la OSFA deja abiertos varios interrogantes de fondo que exigen una mirada analítica:
Aunque el Ministerio garantice la no enajenación, la figura de la AABE faculta legalmente al Poder Ejecutivo a disponer de bienes subutilizados. En un contexto de restricción presupuestaria severa, el costo de mantenimiento de infraestructura como el Hotel Huemul o los predios de Mar del Plata presiona directamente sobre los presupuestos operativos de las Fuerzas Armadas si estas vuelven a hacerse cargo de la propiedad.
Canceling deudas con la venta de activos fijos es una estrategia financieramente deficiente si no se corrige el problema estructural del gasto en salud. Si la OSFA nace con el mismo modelo prestacional ineficiente, el sacrificio del patrimonio inmobiliario solo habrá ganado tiempo a costa del empobrecimiento institucional permanente.
En las Fuerzas Armadas, los complejos vacacionales representan un elemento identitario y de cohesión social acumulado durante generaciones. Tratar estos bienes como meros «activos líquidos no estratégicos» desconoce la función subjetiva del bienestar militar, tensionando aún más la moral de un sector golpeado por la pérdida de poder adquisitivo.
El conflicto por los hoteles del IOSFA no es un mero pleito administrativo; es un síntoma de época. Pone a prueba la capacidad del Estado para transparentar la gestión de sus activos sin liquidar el capital social de sus instituciones.
La reestructuración hacia la OSFA determinará si la transición jurídica es un modelo de ordenamiento institucional republicano o si se convertirá en un nuevo episodio de desmonte del patrimonio público bajo el argumento de la emergencia fiscal. La comunidad de afiliados, atentos a cada movimiento de la AABE y Defensa, ya ha dejado en claro que la infraestructura social no se remata sin resistencia.