La gramática de la criminalización

Este proceso de estigmatización no responde a la espontaneidad del momento, ni a una simple colección de exabruptos o provocaciones mediáticas. Es una estrategia política e ideológica fríamente articulada que busca legitimar el ajuste estructural y el desmantelamiento de las capacidades del Estado. Al encuadrar cualquier expresión de resistencia social —ya sea una movilización universitaria, un reclamo salarial o una investigación periodística crítica— dentro del mito del «marxismo cultural» y una supuesta conspiración gramsciana para la toma del poder, la administración actual desplaza las demandas sociales al terreno de la delincuencia de alta peligrosidad.

El peligro radica en la sistematicidad con que se construyen y difunden estas categorías. El oficialismo no discute argumentos presupuestarios o políticas públicas; descalifica moral y legalmente a sus interlocutores. La universidad pública no es vista como un espacio de formación, sino como una trinchera ideológica; el sistema científico no es una herramienta de desarrollo, sino un antro de "ñoquis"; el periodismo independiente no es un contrapoder, sino una fábrica de mentiras o un cómplice de la subversión. Al categorizar a estos actores como enemigos públicos, el gobierno busca anular el debate y justificar su neutralización.

Infografía: El Mecanismo de Estigmatización Oficial

El retorno del 'Enemigo Interno' y la doctrina del Pentágono

La gravedad de estas declaraciones y categorías no es meramente verbal; su función es asentar las bases doctrinales para un cambio cualitativo en la relación entre el Estado y la sociedad. Estos conceptos de «terrorista» o «organización subversiva» aplicados a colectivos sociales y civiles representan una actualización en clave contemporánea de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Esta doctrina, formulada e impulsada históricamente por el Pentágono durante la Guerra Fría para América Latina, concebía cualquier manifestación disidente como el germen de una insurrección armada que debía ser combatida con métodos militares.

Al replicar este libreto, la administración Milei busca sentar los precedentes conceptuales y jurídicos para justificar el despliegue de inteligencia interna, el endurecimiento de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y la criminalización generalizada de la protesta social. La noción de que existen "terroristas" dentro del tejido social permite al Estado actuar con una excepcionalidad que el orden constitucional no debería admitir contra ciudadanos pacíficos.

Datos clave sobre la estigmatización y la respuesta estatal

• Aumento de detenciones y procesamientos: Desde el inicio de la gestión, se ha registrado un incremento notable en las detenciones de manifestantes y en la apertura de causas penales por "asociación ilícita" o "atentado contra la autoridad" contra líderes de organizaciones sociales y estudiantiles.

• Protocolos antipuente: La implementación de protocolos de actuación que permiten el uso de la fuerza pública para despejar vías de comunicación sin orden judicial previa ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos por violar estándares básicos sobre libertad de expresión y manifestación.

• Criminalización de la protesta: La utilización sistemática de las fuerzas de seguridad federales para intervenir en manifestaciones provinciales ha generado tensiones y denuncias sobre una excesiva federalización del orden público.

• Retórica violenta: Análisis de discurso oficial muestran una frecuencia inusitada en el uso de palabras como "parásito", "traidor", "violento" y "delincuente" para referirse a opositores y disidentes.

El contraste regional: soberanía y defensa de las instituciones

Esta retórica interna, alineada incondicionalmente con agendas de defensa y seguridad externas, proyecta una imagen de Argentina que contrasta de manera directa con las posturas de soberanía institucional de otros estados de la región. El reciente y contundente cruce diplomático con el Ministerio de Defensa de Chile es un ejemplo clarísimo de esta tensión.

La posición firme de las instituciones chilenas, tanto desde su cancillería como desde su cartera de Defensa, dejó en evidencia que una nación soberana prioriza el respeto estricto al derecho internacional y los tratados vigentes por sobre la importación de doctrinas bélicas o provocaciones discursivas para resolver dilemas domésticos. Frente a la instalación de infraestructura militar argentina sin autorización en territorio fronterizo, la respuesta de Chile reafirmó una visión basada en la autodeterminación, las libertades individuales y el cumplimiento de las reglas del juego democrático e internacional, sin someterse a dictados geopolíticos extranjeros que buscan reimplantar la hipótesis de conflicto interno.

Infografía: Soberanía vs. Subordinación Doctrinal

Conclusión: Hacia un modelo de persecución política

Reducir el debate público a una contienda maniquea entre «patriotas» y «terroristas» no solo erosiona la convivencia social y degrada la calidad de las instituciones democráticas. Cuando la investigación científica, la docencia universitaria, el periodismo crítico y el ejercicio del derecho a la protesta social pasan a integrar una lista oficial de indeseables y amenazas para la seguridad nacional, el Estado de derecho cede su lugar a un esquema de persecución política.

La fábrica de "terroristas" no es más que una fábrica de autoritarismo. Un proyecto que necesita inventar enemigos permanentes para sostener su hegemonía demuestra su incapacidad para gobernar bajo las reglas del consenso y el pluralismo. La historia reciente de América Latina ha mostrado con crudeza los costos humanos y sociales de permitir que estas doctrinas se instalen y se naturalicen como políticas de Estado. La defensa de la democracia implica hoy, más que nunca, desenmascarar y frenar esta deriva autoritaria.