¿En qué rincón del discurso publicitario quedaron sepultadas la empatía, la dignidad institucional y la misericordia con quienes integran el instrumento militar del país?
Ningún vehículo 8x8 de última generación funciona sin personal calificado, motivado y dignificado. Mientras se anuncian inversiones millonarias en dólares en el extranjero, los haberes del personal en actividad y en retiro continúan sufriendo el impacto severo de la inflación y el rezago salarial. El éxodo masivo de cuadros jóvenes (pilotos, ingenieros, técnicos, suboficiales y oficiales de proyección) no responde a una falta de vocación, sino a la imposibilidad material de sostener a sus familias. Se pierden décadas de conocimiento y adiestramiento acumulado en pos del achique fiscal, generando una baja indiscriminada e implícita de cuadros que destruye la pirámide institucional.
Los institutos de formación —el Colegio Militar, la Escuela de Suboficiales, las escuelas de armas y las universidades de la defensa— sufren una asfixia presupuestaria sistemática. Los sueldos de los docentes e instructores militares y civiles han caído a niveles alarmantes. Se exige la preparación de personal para lidiar con doctrinas de avanzada y tecnología OTAN, pero se remuneran los espacios de enseñanza con montos desjerarquizados que ahuyentan a los mejores perfiles de la academia y de la instrucción táctica.
Bajo el sello de la «reorganización estratégica», el repliegue territorial avanza. La clausura o reducción a su mínima expresión de unidades, bases y cuarteles históricos a lo largo y ancho del país no responde a una doctrina de despliegue ágil, sino a la mera imposibilidad de pagar servicios básicos, racionamiento y mantenimiento edilicio. La presencia soberana del Estado en zonas fronterizas e interiores críticas se contrae, dejando vacíos geoestratégicos irreversibles.
Uno de los puntos más críticos de la crisis es el colapso de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La suspensión sistemática de prestaciones, la falta de cobertura en insumos médicos esenciales, el corte de servicios por deudas con prestadores y las demoras infinitas para tratamientos complejos han dejado a los efectivos y a sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta. Es el síntoma más claro de la falta de empatía: se gasta mediáticamente en chapa y ruedas, pero se desampara la salud del soldado.
La política de desarme patrimonial —expresada en la subasta y venta de inmuebles, terrenos y predios históricos pertenecientes a la jurisdicción de Defensa— busca obtener liquidez de corto plazo a costa del patrimonio nacional. Esta lógica de desarme se alinea con una alineación geopolítica ciega que subordina la autonomía de la defensa nacional a agendas de potencias extranjeras, dejando en un segundo plano la protección efectiva de la soberanía sobre el Atlántico Sur, la Antártida y los recursos energéticos estratégicos.
Un blindado Stryker es una herramienta de transporte e infantería excelente en el plano táctico, pero resulta insustentable cuando la estructura que debe operarlo carece de munición, combustible para adiestramiento continuo, repuestos garantizados a largo plazo y, sobre todo, de un soldado respetado en su dignidad básica.
La política de Defensa no puede gestionarse como una campaña de relaciones públicas ni reducirse a fotos protocolares de firmas de acuerdos. Cuando la épica oficial se contrapone frontalmente con la penuria de la tropa, la compra de material deja de ser un logro de la Patria y se transforma en un mero artificio de marketing para maquillar el vaciamiento estructural del Estado.