El proyecto de resolución insta al Ejecutivo a brindar respuestas precisas fundadas en el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional.

Ejes Principales del Pedido de Informes

• Capital humano y brecha salarial:

  • Inversión formativa vs. Salario: Formar a un piloto especializado requiere cerca de 8 años y una inversión estatal estimada en USD 5.000.000. Sin embargo, los haberes se posicionan en niveles críticos frente a la Canasta Básica Total (CBT), lo que propicia el retiro voluntario del personal militar o el fenómeno del pluriempleo.

  • Retención de talento: El texto indaga sobre qué mecanismos prevé el Ministerio de Defensa para frenar la sangría de profesionales capacitados.

• Costos de operación y horas de vuelo:

  • Costo operativo: Se señala que operar un caza F-16 insume un costo aproximado de USD 14.000 por hora de vuelo.

  • Garantía presupuestaria: Se solicita confirmar si existen partidas presupuestarias aseguradas para el entrenamiento regular y mantenimiento continuo de la flota sin desfinanciar otras áreas.

• Reabastecimiento en vuelo y capacidad logística:

  • Incompatibilidad técnica: Los cazas F-16 requieren el sistema de reabastecimiento flying boom (pértiga rígida), mientras que los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina utilizan el sistema de manguera y cesta (probe-and-drogue).

  • Pregunta clave: Se pide detallar los avances e inversiones previstos para adaptar o adquirir los medios necesarios para la operación de reabastecimiento en vuelo y asegurar la autonomía estratégica.

• Límites operativos y soberanía:

  • Se pide precisar si el sistema adquirió o no restricciones de radarización o vetos tecnológicos (por el conflicto de soberanía con el Reino Unido en el Atlántico Sur) que condicionen su despliegue operativo.

• Cronograma de entregas e infraestructura base:

  • Se requiere el estado de avance en las fases de recepción de las aeronaves y las adecuaciones edilicias y técnicas en la VI Brigada Aérea de Tandil y la Area Material Río Cuarto.

Sustento del Reclamo

El planteo de la legisladora enfatiza la "disonancia cognitiva" que existe entre la millonaria adquisición de equipamiento de última generación y la depreciación salarial del personal operativo. La postura sostiene que la compra de material de defensa resulta insostenible si no se garantiza la preservación y remuneración adecuada del capital humano altamente calificado necesario para operarlo y mantenerlo.