El proyecto y las empresas involucradas

El yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Norte de Malvinas (a unos 210 km de la costa de las islas), cuenta con reservas estimadas en más de 500 millones de barriles de crudo.

• Rockhopper Exploration: Empresa británica de exploración con sede en el Reino Unido.

• Navitas Petroleum: Firma hidrocarburífera con sede en Israel que asumió el operador mayoritario (65% de participación) en la sociedad de desarrollo.

La demanda y acciones legales

La ofensiva jurídica para frenar esta explotación en áreas disputadas se sustenta en tres frentes:

• Infracción a la Ley 26.659: La legislación argentina sanciona a toda persona física o jurídica que realice actividades petroleras en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades del país.

• Embargo e inhabilitaciones: Argentina ha presentado demandas penales y civiles solicitando el embargo de bienes, la inhabilitación para operar en territorio argentino y la detención de directivos vinculados a estas multinacionales.

• Denuncias diplomáticas: Elevación de reclamos ante la ONU (Resolución 2065), la OEA y foros regionales por la modificación unilateral de la situación socioambiental en zonas con disputa de soberanía pendiente.

Factores clave del conflicto

La demanda promovida para frenar el megaproyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas fue iniciada en conjunto por dos organizaciones civiles e institucionales argentinas:

• Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA): Organización no gubernamental enfocada en litigios climáticos, protección de ecosistemas y defensa de bienes colectivos.

• Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM La Plata): Agrupación de veteranos de la Guerra de Malvinas orientada a la defensa de los derechos humanos y la soberanía argentina sobre el archipiélago y el Atlántico Sur.

Las claves de la presentación judicial:

• Superposición de derechos: Los demandantes sostienen que el proyecto vulnera dos bienes colectivos indivisibles: la soberanía territorial y la protección del medio ambiente en la plataforma continental argentina.

• Contra las petroleras y sus financistas: La acción legal apunta directamente contra la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, pero busca extenderse hacia las entidades bancarias y fondos que financien la operación para congelar activos y frenar el flujo de fondos.

• Ilegalidad de las licencias: Cuestionan que las autorizaciones otorgadas unilateralmente por el gobierno colonial de las islas carecen de validez legal, de evaluación de impacto ambiental oficial y de las licencias requeridas por la legislación argentina (Ley 26.659).