El desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia atravesó una parábola marcada por el congelamiento de fondos públicos y un posterior relanzamiento mediante decretos presupuestarios. Con la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la premisa «no hay plata» redujo la inversión en obra pública nacional, afectando las obras del predio militar en Tierra del Fuego. Tras ese freno inicial, el Gobierno decidió reacondicionar el plan financiero y reactivar el proyecto con partidas presupuestarias extraordinarias.

1. El freno inicial: el freno a la obra pública

El proyecto para construir una nueva base militar conjunta y puerto logístico en el extremo sur fue lanzado en marzo de 2022 durante la gestión anterior, financiado principalmente mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y ejecutado en colaboración con el astillero estatal Tandanor.

Al momento del recambio de gobierno en diciembre de 2023, el nivel de avance físico de la obra registraba aproximadamente un 9,1%. Esas tareas se limitaban al movimiento de suelos, cimentaciones preliminares y la colocación de una platea de hormigón armado para el armado de galpones modulares.

Con el paquete de consolidación fiscal anunciado en los primeros días del gobierno de Javier Milei, se dispuso el cese de las transferencias para infraestructura pública civil y militar a lo largo del país. Durante 2024 y gran parte de 2025, el proyecto quedó virtualmente paralizado:

• Cierre de flujos de caja: Los giros al FONDEF cayeron drásticamente, suspendiendo la adjudicación de nuevos frentes de obra.

• Parón de obra física: La obra finalizó los trabajos iniciados en la platea de hormigón a mediados de 2025 y no registró avances adicionales en la infraestructura marina ni en las bases habitacionales.

• Impacto institucional: Desde la gobernación de Tierra del Fuego y el municipio de Ushuaia criticaron que el proyecto había quedado desarticulado justo cuando requería la construcción del muelle y la infraestructura portuaria.

2. El giro geopolítico y la reactivación por DNU

El escenario comenzó a modificarse a medida que la gestión nacional redefinió su política exterior y de defensa nacional, priorizando el Atlántico Sur, la Antártida y la alianza estratégica con los Estados Unidos (reflejada en la visita a Ushuaia de la exjefa del Comando Sur, Laura Richardson).

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de modificación presupuestaria, el Ejecutivo dispuso una inyección de partidas de emergencia para el Ministerio de Defensa:

• Suma asignada: Se destinaron aproximadamente $217.959 millones de pesos (alrededor de US$ 142 millones de dólares) para financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia y las obras de la Base Antártica Petrel.

• Objetivo de la reactivación: Descongestionar el actual muelle comercial de Ushuaia —saturado por la actividad turística de cruceros durante la temporada estival— y otorgar a las Fuerzas Armadas un nodo propio con capacidad de reabastecimiento, mantenimiento y control del paso bioceánico.

• Visitas oficiales: Se dispuso el envío de comitivas del Ministerio de Defensa y Cancillería para auditar sobre el terreno el estado de las plateas y definir las especificaciones técnicas del muelle militar.

3. Radiografía del Proyecto: Antes y Después