A través de una dura presentación legislativa, la diputada nacional Agustina Propato encendió las alarmas en el Congreso al denunciar la presencia no autorizada de fuerzas militares de otros países en territorio nacional. Según la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei incurrió en una práctica inconstitucional al permitir estas incursiones sin la previa intervención parlamentaria.

En los fundamentos de la medida, Propato enfatizó que la autorización para la entrada de tropas extranjeras y la salida de efectivos nacionales constituye una facultad indelegable del Poder Legislativo, estipulada de forma taxativa en el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 25.880.

DNU, atajos administrativos y nulidad absoluta

La denuncia cuestiona no solo el uso recurrente de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para esquivar el debate en las comisiones y recintos del Congreso, sino también la detección de un escenario de mayor gravedad: el ingreso ilegal de tropas que ni siquiera contaron con un decreto que las respaldara. Se presume que estos movimientos se habrían habilitado mediante meras resoluciones administrativas o disposicionales del Ejecutivo.

En el texto formal, la legisladora solicita declarar la nulidad absoluta de toda resolución o vía de hecho que desconozca los mecanismos constitucionales. Asimismo, advierte a las autoridades militares y del Poder Ejecutivo que refrendaron estas medidas que podrían incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de atentar severamente contra la soberanía, la integridad territorial y el principio republicano de división de poderes.