La crisis institucional y prestacional en la sanidad de las Fuerzas Armadas sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. El coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador encargado de la liquidación del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), dejó su cargo tras una reunión de alto voltaje con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La dimisión expone de lleno el inviable y caótico proceso de transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada para intentar escindir la atención médica activa de los abrumadores pasivos históricos del sistema. Sin embargo, para la administración saliente resultaba materialmente imposible seguir haciendo malabares financieros: mantener la operatoria diaria con una montaña de deudas acumuladas —que distintas fuentes estiman entre los $200.000 millones y cifras muy superiores denunciadas por los gremios— y, al mismo tiempo, llevarse puesto a cientos de trabajadores en medio de un ajuste feroz y despidos masivos.

Una profunda crisis financiera, despidos y tensión gremial

El ecosistema de salud militar atraviesa una crisis terminal caracterizada por el quiebre de la cadena de pagos y el vaciamiento operativo de servicios. La falta de fondos no solo paralizó prestaciones médicas esenciales y desabasteció la red de farmacias del organismo, sino que puso en riesgo directo la continuidad de miles de puestos de trabajo.

La situación laboral estalló con protestas e intentos de toma en la sede central del ex-IOSFA encabezados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los gremios apuntaron duramente contra la cúpula militar y denunciaron un vaciamiento sistemático, advirtiendo que hay cientos de empleos en riesgo —afectando a trabajadores de planta y complejos turísticos— en un escenario donde la tensión social no dejó de escalar.

El conflicto por los hoteles, los inmuebles y el desguace del patrimonio

A las rispideces operativas sobre cómo sostener la cobertura médica mientras se intenta sanear el rojo financiero, se le sumó otro frente de conflicto igual de sensible: el destino del patrimonio histórico de la obra social. En medio de la reestructuración, el Ministerio de Defensa dispuso el traspaso y la reasignación de numerosos bienes —incluyendo hoteles, residencias y centros recreativos que históricamente pertenecieron a las distintas fuerzas y fueron unificados bajo el paraguas del IOSFA— hacia la órbita directa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, o bien bajo la mira de futuros procesos de venta y desprendimiento de activos.

El cierre y la consecuente desinversión en los complejos hoteleros y espacios de recreación —que empleaban a cientos de personas y formaban parte de la asistencia social integral de la familia militar— generaron un rechazo categórico de los sindicatos. Mientras el Directorio de la nueva OSFA —encabezado por Pablo Plaza— exigía que la estructura residual de Guzmán continuara absorbiendo la atención médica de los afiliados ante la falta de acuerdos suficientes con nuevos prestadores, el combo entre pasivos impagables, el recorte de beneficios sociales, el cierre de hoteles y la amenaza constante de despidos terminó por dinamitar la permanencia del liquidador.