Memoria viva versus "excusas de remodelación"

Bajo el argumento de llevar adelante supuestas obras y remodelaciones en el predio militar, las autoridades procedieron a quitar las banderas que colgaban del alambrado de la Base Naval. Para la sociedad y, fundamentalmente, para las familias de los marinos, esos paños nunca representaron un simple adorno urbano: eran memoria viva, un canal de expresión y el recordatorio constante del reclamo de verdad y justicia.

“Esas banderas no son un adorno. Son el único lugar visible donde la sociedad sigue encontrando los rostros y los nombres de quienes nunca debieron morir”, expresaron desde la querella mediante un comunicado conjunto.

Un golpe a la visibilidad de la causa

El vallado de la Base Naval de Mar del Plata —puerto natural desde donde zarpó el submarino en su última misión— se había convertido con los años en un mojón histórico y un altar espontáneo de la comunidad. Quitar los estandartes, muchos de ellos confeccionados por los propios hijos, madres y esposas de los tripulantes, es percibido por los allegados como un intento deliberado de silenciar el pasado y borrar de la historia oficial la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017.

• El reclamo central: Exigen a la Armada Argentina y al poder político que detengan de inmediato cualquier medida que atente contra los espacios de memoria.

• La postura de las familias: Sostienen que ninguna obra de infraestructura puede estar por encima del respeto al dolor de los familiares y al honor de los 44 marinos.

• Un contexto judicial sensible: Este conflicto se da en medio de las fuertes tensiones y repercusiones que deja el proceso judicial en torno a las responsabilidades penales por el hundimiento.

"Los rostros de los 44 no se borran"

La reacción de la comunidad no tardó en hacerse sentir en las inmediaciones de la Base y a través de las redes sociales, donde se convocó a autoconvocados y vecinos a autogestionar la reposición de los homenajes. La consigna que encabeza el reclamo resume el sentimiento generalizado frente a lo que consideran un agravio institucional: “La memoria no se remodela, la verdad no se tapa con obras”.

Mientras las familias evalúan nuevas acciones legales y administrativas para frenar estas políticas de invisibilización, el episodio vuelve a poner en evidencia la fractura latente entre el Estado y los familiares de las víctimas, que continúan su marcha solitaria en la búsqueda inquebrantable de justicia.