Hay preguntas que vuelven una y otra vez cuando una administración termina dejando detrás de sí una crisis que otros deben explicar. Una de ellas, en el caso de Luis Petri, es inevitable: ¿dónde quedó el ministro de Defensa después de dejar el Ministerio?

Petri ya no está en el Edificio Libertador. Desde diciembre de 2025 ocupa una banca como diputado nacional por Mendoza, según consta en la nómina oficial de la Cámara de Diputados.

Pero mientras el exministro desarrolla su actividad parlamentaria y continúa interviniendo públicamente sobre distintos temas de la agenda nacional, en Defensa quedó una cuestión particularmente incómoda: la crisis de IOSFA.

Y la pregunta política y administrativa es mucho más concreta: ¿quién se hace cargo de lo ocurrido?

IOSFA: una crisis que no terminó con Petri

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad llegó a una situación crítica que terminó desembocando en su disolución y liquidación y en la creación de nuevas estructuras de cobertura.

El Gobierno dispuso en 2026 la creación de la OSFA para las Fuerzas Armadas y de otra estructura para las fuerzas federales de seguridad. La vieja IOSFA quedó así encaminada hacia su liquidación.

Sin embargo, lejos de cerrar el problema, la transformación abrió nuevos interrogantes.

A septiembre de 2026, distintas estimaciones periodísticas ubican el pasivo de IOSFA en cifras que llegan a $500.000 millones, aunque existen diferentes números según el momento y la fuente utilizada. Otras publicaciones habían situado la deuda en torno a $200.000-$213.000 millones durante el proceso de liquidación.

La diferencia entre esas cifras no es un detalle menor: es precisamente una de las razones por las cuales resulta imprescindible conocer con precisión qué ocurrió con las cuentas del organismo, cómo evolucionó su pasivo y qué responsabilidades administrativas corresponden a cada período de gestión.

El problema comenzó a hacerse visible durante la gestión Petri

En agosto de 2025, cuando Petri todavía estaba al frente del Ministerio de Defensa, ya existían fuertes cuestionamientos por el funcionamiento de IOSFA.

Una investigación publicada entonces señalaba una deuda cercana a $160.000 millones y atribuía el deterioro a la gestión de Betina Surballe, designada durante la administración de Petri.

Meses después, el escenario no se había resuelto.

El cambio de ministro no significó el final de la crisis. Por el contrario, el nuevo titular de Defensa, Carlos Presti, heredó un organismo cuya situación financiera y operativa continuaba generando conflictos.

En septiembre de 2026, Presti terminó desplazando al administrador encargado de liquidar IOSFA, Ariel Guzmán, en medio de un proceso que continúa acumulando problemas financieros, laborales y sanitarios.

El costo no se mide solamente en pesos

Hablar de IOSFA exclusivamente como un problema contable sería quedarse en la superficie.

Una obra social militar no administra solamente números. Administra salud, medicamentos, tratamientos, reintegros y prestaciones para personal militar, retirados y sus familias.

Durante la crisis fueron denunciadas interrupciones y demoras en prestaciones, medicamentos y tratamientos sensibles. Entre los problemas señalados aparecen tratamientos oncológicos y para diabetes, medicamentos, prestaciones geriátricas y reintegros por discapacidad.

Ese es el verdadero punto crítico.

Porque cuando una obra social comienza a tener dificultades para pagar a prestadores, el problema financiero deja de ser abstracto. Termina llegando al afiliado.

Y en el caso de las Fuerzas Armadas, ese afiliado no es solamente el militar en actividad. También están los retirados, pensionados y grupos familiares que dependen de la cobertura.

Las denuncias contra Petri

La situación alcanzó incluso el terreno judicial.

En marzo de 2026, la entonces diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra Luis Petri por presunta malversación de fondos públicos y abandono de persona, basándose en cuestionamientos vinculados con IOSFA y en investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de la deuda y las deficiencias en las prestaciones. Se trata de una denuncia, no de una condena judicial, y corresponde distinguir ambas situaciones.

Esa diferencia es fundamental.

Una investigación periodística puede señalar inconsistencias.

Una denuncia puede pedir que se investiguen hechos.

Pero solamente la Justicia puede determinar responsabilidades penales.

El problema político, sin embargo, permanece: la gestión de Petri quedó asociada a una etapa especialmente conflictiva para IOSFA y quienes llegaron después tampoco consiguieron cerrar rápidamente la crisis.

Del ministro que prometía reconstruir a las Fuerzas al diputado que mira desde el Congreso

Cuando Petri llegó al Ministerio de Defensa prometió una transformación profunda del área y reivindicó la recuperación de las capacidades militares.

Al dejar el cargo, el propio Petri sostuvo públicamente que durante su gestión se habían iniciado procesos de recuperación de capacidades y destacó adquisiciones como los F-16.

Pero una política de Defensa no puede medirse únicamente por aviones, vehículos o equipamiento.

También existe una dimensión humana.

¿Qué ocurre con el soldado que cobra un salario insuficiente?
¿Qué ocurre con el retirado que necesita atención médica?
¿Qué ocurre con una familia militar cuando una prestación se demora?
¿Qué ocurre cuando una obra social acumula una deuda que luego otros funcionarios deben administrar?

Son preguntas incómodas porque obligan a mirar Defensa desde una perspectiva diferente.

No solamente desde el material bélico.

También desde quienes integran las Fuerzas Armadas.

Y mientras tanto, 576 trabajadores quedan en el centro del conflicto

La crisis de IOSFA tampoco terminó en los números.

La reorganización del sistema alcanzó a hoteles, farmacias y servicios turísticos. En septiembre de 2026, trabajadores estatales denunciaron que 576 empleados vinculados al área de turismo social podían quedar afectados por el proceso de transferencia de establecimientos.

También se informó sobre el destino de 13 hoteles y otros establecimientos recreativos.

El Gobierno sostiene que determinadas estructuras generaban déficit y que su transferencia forma parte del proceso de reorganización.

Los trabajadores y sus representantes, en cambio, cuestionan el procedimiento y denuncian un proceso de vaciamiento.

Ambas posiciones forman parte del debate público actual y deben ser contrastadas con información contable y administrativa verificable.

¿Dónde está la responsabilidad?

La respuesta no debería construirse desde una consigna partidaria.

Debería surgir de una auditoría.

¿Cuál era exactamente la situación financiera de IOSFA cuando Petri asumió?

¿Cuánto aumentó el pasivo durante su gestión?

¿Qué decisiones administrativas explican ese crecimiento?

¿Quién autorizó cada contratación y cada operación cuestionada?

¿Qué ocurrió con los prestadores?

¿Por qué se deterioraron determinadas prestaciones?

¿Qué controles funcionaron y cuáles no?

IOSFA publica actualmente informes de auditoría interna correspondientes a 2025 y 2026, entre ellos informes sobre cierre de ejercicio, ejecución presupuestaria, cuenta de inversión y transferencia de afiliados.

Esos documentos deberían constituir una pieza central para reconstruir técnicamente la historia.

Porque si existió una mala administración, debe determinarse quiénes fueron responsables.

Si existieron errores estructurales heredados, deben identificarse.

Si hubo decisiones políticas que agravaron la situación, deben documentarse.

Y si hubo irregularidades, deberán ser investigadas por los organismos competentes.

El silencio también es una cuestión política

Petri tiene hoy una banca en el Congreso y continúa teniendo exposición pública.

Por eso, más que preguntar literalmente dónde está escondido, la pregunta periodística debería ser otra:

¿qué explicación tiene Luis Petri para dar sobre el estado en que quedó IOSFA cuando terminó su gestión?

No alcanza con exhibir los logros del reequipamiento militar.

No alcanza con reivindicar la recuperación de las Fuerzas Armadas.

No alcanza con mirar hacia adelante.

También hay que explicar lo que quedó atrás.

Porque una gestión pública no termina cuando el funcionario abandona el despacho.

Los resultados quedan. Las deudas quedan. Los expedientes quedan. Los afiliados quedan. Los trabajadores quedan.

Y cuando una institución termina siendo disuelta y reemplazada por otra, la pregunta más elemental de cualquier administración pública vuelve a aparecer:

¿qué pasó para llegar hasta acá?

La respuesta no debería buscarse en slogans.

Debería buscarse en los números, en los expedientes, en las auditorías y en las decisiones firmadas.

Y, sobre todo, en quienes tuvieron la responsabilidad de conducir.

Porque IOSFA no fue solamente una crisis contable: fue una crisis que terminó afectando la salud, el trabajo y la confianza de miles de integrantes de la comunidad militar.

Y esa parte de la historia todavía necesita explicaciones.