Una tierra frente al Perito Moreno que ya tiene comprador

La primera afirmación que puede verificarse es concreta: el Gobierno de Santa Cruz autorizó excepcionalmente la venta de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino, frente al área del glaciar Perito Moreno.

El Decreto 0915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre, exceptuó por única vez una restricción provincial que impedía determinadas operaciones inmobiliarias en esa zona. La autorización permitió que la empresa Lacustre del Sud S.A. transfiriera el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU, sociedad constituida en Argentina cuyo accionista es ASB Hospitality LLC, radicada en Dubai y vinculada al grupo Albwardy Investment.

El decreto es particularmente importante porque no se trata de una autorización general. La propia norma establece que la excepción es específica para esa operación y para el denominado “Master Plan Ecocentro”, y que no puede utilizarse automáticamente como precedente para futuras operaciones. Además, el desarrollo queda sujeto al cumplimiento de la legislación ambiental y de conservación provincial.

Por lo tanto, no estamos ante un rumor sobre una eventual inversión. Existe un acto administrativo concreto que habilitó una compraventa determinada.

¿Quién es Ali Albwardy?

Ali Saeed Albwardy no es un inversor desconocido que acaba de aparecer en la Argentina.

Es el fundador y presidente de Albwardy Investment, un conglomerado privado de Emiratos Árabes Unidos con inversiones internacionales, entre ellas negocios vinculados al sector hotelero.

Y aquí aparece el polo.

Una investigación publicada por El País documentó años atrás que Albwardy fue uno de los patrones de los equipos de Adolfo Cambiaso y que ambos tuvieron además una relación empresarial. Según esa publicación, Cambiaso y Albwardy participaron conjuntamente en un proyecto inmobiliario en Cañuelas vinculado con La Dolfina Polo Ranch.

La relación deportiva también está documentada. En el mundo del polo, la familia Albwardy ha estado vinculada con equipos y jugadores argentinos durante años.

Por eso, describir a Albwardy simplemente como “un árabe que compra tierras” resulta insuficiente. Estamos hablando de un empresario emiratí con inversiones internacionales y con una relación previa, deportiva y empresarial, con una de las figuras más importantes del polo argentino.

El dato que vuelve más sensible la historia

La operación en Santa Cruz no es una compra cualquiera.

Se trata de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, una región ambientalmente sensible y estrechamente vinculada con uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la Argentina.

La propia decisión del Gobierno santacruceño reconoce que la operación necesitaba una excepción a una restricción provincial.

Y justamente por eso aparece una pregunta legítima:

¿Qué condiciones económicas, ambientales y territoriales acompañan esta operación?

La Legislatura de Santa Cruz reclamó información sobre el expediente, los antecedentes, los estudios ambientales, el proyecto turístico y las condiciones bajo las cuales se otorgó la excepción. También surgieron cuestionamientos desde sectores turísticos y vinculados a la conservación por la falta de información pública detallada sobre el emprendimiento.

La discusión, entonces, no debería reducirse a “inversión extranjera sí o no”.

La discusión es otra: qué territorio se transfiere, bajo qué condiciones, con qué controles, qué superficie está involucrada, qué infraestructura se construirá, cuánto agua utilizará, cómo se tratarán los residuos y qué garantías existen para que el interés privado no termine condicionando un área de enorme valor ambiental y estratégico.

Cambiaso y Albwardy: la relación existe

Aquí también es necesario separar los hechos de las interpretaciones.

Sí existe una relación histórica entre Cambiaso y Albwardy.

No solamente deportiva. Hay antecedentes periodísticos de negocios compartidos.

Por lo tanto, es legítimo preguntarse si la llegada de capitales vinculados con Albwardy a una zona tan sensible de Santa Cruz merece un escrutinio público mayor cuando uno de los principales referentes argentinos del polo mantiene desde hace años vínculos con ese empresario.

Lo que sí está documentado oficialmente es que Milei recibió a Cambiaso en la Casa Rosada el 1 de diciembre de 2025, junto con Karina Milei y Luis Caputo.

La prensa también documentó otros encuentros entre el Presidente y el polista.

Es una diferencia importante: Casa Rosada no es lo mismo que Olivos, y una relación personal o empresarial no demuestra por sí sola una intervención en una operación inmobiliaria.

Y entonces aparece el nombramiento de Cambiaso

El 29 de septiembre ocurrió otro hecho verificable.

Javier Milei firmó el Decreto 1116/2026, mediante el cual le encomendó a Adolfo Cambiaso, con carácter ad honorem, un cometido especial para promover internacionalmente el deporte argentino, particularmente el polo.

Mientras dure esa misión, Cambiaso tendrá la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, exclusivamente a efectos del rango protocolar.

La decisión no es una designación tradicional dentro del Servicio Exterior. El propio decreto explica que se trata de una categoría protocolar vinculada con un cometido especial y concreto.

Ese matiz debe quedar claro.

Pero también es legítimo formular una pregunta institucional:

¿Por qué el Gobierno considera necesario otorgar rango de embajador a una de las figuras deportivas argentinas más vinculadas al circuito internacional del polo y de los grandes inversores de ese mundo?

La respuesta oficial es la promoción internacional del deporte argentino.

La evaluación sobre la conveniencia de esa decisión corresponde a la sociedad.

La Corte y las tierras extranjeras: aquí también hay que separar los hechos

El 29 de septiembre, el mismo día en que se hizo público el nombramiento de Cambiaso, la Corte Suprema resolvió una causa relacionada con el artículo 154 del DNU 70/2023.

Ese artículo había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la propiedad rural extranjera.

La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado esa derogación.

Pero existe un detalle jurídico fundamental que suele perderse en los titulares:

la Corte no declaró constitucional el artículo 154.

El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación suficiente y que no existía un caso o controversia judicial que habilitara ese planteo.

La propia sentencia, según informó LA NACION, aclaró que lo decidido no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154.

En términos prácticos, sin embargo, la consecuencia es enorme: vuelve a quedar operativo el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales y, con ello, desaparecen las restricciones nacionales que esa ley imponía a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La coincidencia de fechas merece ser investigada, no convertida automáticamente en una acusación

Aquí está el verdadero punto periodístico.

Tenemos:

• Una operación inmobiliaria excepcional en la Península de Magallanes.
• Una sociedad compradora vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos.
• Un grupo empresario cuyo titular, Ali Albwardy, tiene una relación histórica con Adolfo Cambiaso.
• Antecedentes comerciales entre Cambiaso y Albwardy.
• Reuniones documentadas entre Milei y Cambiaso.
• El nombramiento de Cambiaso como embajador extraordinario y plenipotenciario ad honorem.
• Y, casi simultáneamente, una decisión de la Corte que deja nuevamente sin efecto las restricciones nacionales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Todo eso está documentado.

Lo que no está demostrado es que exista una operación coordinada entre estos hechos.

Y precisamente por eso el asunto merece investigación.

Porque si existe una relación entre negocios privados, vínculos personales, decisiones administrativas y cambios regulatorios sobre el acceso extranjero a la tierra, la sociedad tiene derecho a conocerla.

Y si no existe ninguna relación, también es necesario que los funcionarios, empresarios y protagonistas puedan explicarlo documentalmente.

El problema no es que venga inversión extranjera. El problema es la opacidad

Argentina necesita inversiones.

Pero una inversión extranjera no debería transformarse en una categoría que impida hacer preguntas.

Mucho menos cuando hablamos de la Patagonia, de áreas protegidas, de agua, de recursos naturales y de territorios de enorme valor ambiental y estratégico.

El debate serio no consiste en demonizar al inversor extranjero ni en presentar automáticamente a todo empresario argentino como parte de una trama.

Consiste en exigir transparencia, trazabilidad de los fondos, publicidad de los expedientes, estudios ambientales completos, condiciones de la transferencia, titularidad real de las sociedades y controles posteriores.

Y existe una pregunta todavía más importante:

¿Qué modelo de país quiere construir la Argentina cuando un territorio de valor estratégico puede pasar de manos mediante una excepción provincial y, simultáneamente, el régimen nacional que limitaba la adquisición extranjera de tierras rurales queda nuevamente sin efecto?

La respuesta no debería surgir de rumores.

Debería surgir de los documentos.

Porque frente al glaciar Perito Moreno no solamente está en discusión una parcela.

Está en discusión cuánto territorio estratégico puede quedar sometido a decisiones privadas, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia.

Y esa discusión recién empieza.