Más allá del suelo: la sentencia de la Corte Suprema y los límites constitucionales del Poder Ejecutivo

La discusión pública en torno al régimen de propiedad rural suele quedar atrapada en el terreno de la economía y la geopolítica. Se discute sobre incentivos para la inversión extranjera, soberanía alimentaria o seguridad jurídica. Sin embargo, el reciente fallo judicial vinculado a la Ley de Tierras Rurales expone una dimensión institucional mucho más profunda: no es solamente un fallo sobre tierras, es un fallo sobre los límites del poder.

El origen de esta controversia se remonta al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual dispuso la derogación íntegra de la Ley 26.737, una norma sancionada por el Congreso de la Nación que regulaba y ponía topes a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros. El argumento oficial se ancló en la necesidad de desregular la economía y fomentar el ingreso de capitales. Pero detrás de la medida económica emergió el verdadero dilema republicano: ¿estaba facultado el Poder Ejecutivo para modificar de esta manera un régimen de raigambre legislativa?

La excepción que no puede convertirse en regla

La arquitectura constitucional argentina es categórica en cuanto a la división de poderes. El artículo 99, inciso 3° de la Carta Magna establece como regla general que el Poder Ejecutivo se encuentra terminantemente inhabilitado para emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable.

La figura del DNU fue concebida exclusivamente para situaciones límite, aquellas en las que catástrofes, crisis profundas o emergencias imprevistas hacen físicamente imposible seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes en el Congreso. Jamás fue pensada como un atajo institucional o una alternativa política para sortear la falta de mayorías parlamentarias.

• El peso de la norma: No se trató de la modificación de una reglamentación administrativa menor, sino de la anulación total de una ley formal del Congreso.

• El vacío judicial: El máximo tribunal eludió pronunciarse sobre el fondo de esta cuestión constitucional clave.

• La pregunta abierta: Más allá de la conveniencia o inconveniencia de desregular el mercado de tierras, subsiste el interrogante elemental sobre si existían verdaderamente circunstancias excepcionales que justificaran prescindir del debate legislativo.

Una controversia que trasciende al caso

Al dejar sin responder el interrogante sobre el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia en materias estructurales, la sentencia judicial deja un manto de incertidumbre sobre el equilibrio de poderes.

Cuando la urgencia deja de ser un hecho excepcional y pasa a utilizarse como una herramienta ordinaria de gobierno, se altera el pacto democrático fundacional. La discusión sobre el futuro de las tierras rurales continuará abierta en los estrados y en la opinión pública, pero el verdadero desafío institucional permanece intacto: recordar que en una república constitucional, la eficiencia económica nunca puede subordinar la legalidad de los procedimientos.