El acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por parte de la empresa Southern Energy desató una fuerte controversia política, administrativa y judicial en la Argentina. El foco del conflicto radica en la participación accionaria de Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a antecedentes de exploración hidrocarburífera en la cuenca de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

1. Contexto del Proyecto y el RIGI

• El Megaproyecto: Southern Energy es una sociedad orientada al desarrollo de infraestructura para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde la Patagonia (con foco en el Golfo de San Matías, Río Negro).

• Integración: En la estructura societaria y operativa del consorcio participa la firma británica Harbour Energy.

• Incentivos Aprobados: Tras pasar por la Unidad de Coordinación y el Comité Evaluador de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, el proyecto fue aprobado bajo el marco del RIGI, lo que le otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios de largo plazo.

2. El Vínculo con las Islas Malvinas y la Ley 26.659

El debate legal y geopolítico gira en torno al historial corporativo de Harbour Energy y el marco normativo argentino en materia de soberanía:

1. Vínculo Corporativo (Premier Oil): Harbour Energy se fusionó y absorbió a Premier Oil, firma británica que operó activamente en la exploración del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas sin la venia de la Cancillería argentina.

2. Marco Sancionatorio (Ley 26.659): La legislación argentina (Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental) prohíbe explícitamente desarrollar actividades petroleras en el área sin autorización, e inhabilita administrativamente por hasta 20 años tanto a las empresas operadoras como a sus sociedades vinculadas o continuadoras.

3. El Punto de Conflicto: Aunque Harbour Energy se desprendió formalmente de sus activos en Malvinas en 2022 (cediendo participaciones a Navitas Petroleum), referentes de la oposición y especialistas en el reclamo de soberanía argumentan que las inhabilitaciones administrativas dictadas previamente por el Estado nacional siguen vigentes, imposibilitando jurídicamente la adjudicación de regímenes de fomento o beneficios estatales.

3. Repercusiones Políticas y Denuncias Judiciales

• Presentaciones de la Oposición: Diputados nacionales (entre ellos Maximiliano Ferraro) y diversos dirigentes interpelaron públicamente al Ministerio de Economía y la Cancillería para que expliquen cómo superó la auditoría legal previa del RIGI una firma con estos antecedentes.

• Denuncias Penales: Se abrieron causas judiciales dirigidas a funcionarios de la Secretaría de Energía y la nómina de autoridades del Ministerio de Economía para investigar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y la omisión de aplicar la Ley 26.659.

• Debates sobre la Narrativa Oficial: El caso generó suspicacias debido al contraste entre las declaraciones gubernamentales sobre el endurecimiento de sanciones a petroleras extranjeras en el Atlántico Sur y la posterior promulgación de exenciones fiscales a consorcios integrados por actores involucrados en dicho historial.