Una nueva puerta de entrada a la ciudadanía argentina

El Gobierno de Javier Milei anunció el 2 de octubre de 2026 un nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, mediante el cual extranjeros podrán acceder a la ciudadanía argentina a través de determinadas contribuciones económicas.

El esquema contempla dos vías principales: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público específico por US$800.000.

El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week desarrollada en París.

El Gobierno sostiene que el objetivo es atraer capital extranjero y posicionar a Argentina dentro del mercado internacional de migración por inversión.

Pero detrás del anuncio aparece un actor privado que conoce profundamente ese mercado: Henley & Partners.

Y su participación abre una serie de preguntas sobre cómo se diseñó el programa, quién asesoró al Estado argentino y cuál será el papel de las empresas privadas que comercializan el acceso a estos programas.

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Henley & Partners: del asesoramiento estatal a la comercialización

Henley & Partners se presenta como una firma especializada en residencia y ciudadanía por inversión y afirma contar con más de 70 oficinas en el mundo.

En su propia comunicación institucional, la empresa sostiene que participa en el diseño, implementación y operación de programas de residencia y ciudadanía para gobiernos. También afirma haber contribuido a programas que movilizaron miles de millones de dólares en inversión extranjera.

El dato adquiere especial relevancia en el caso argentino.

El mismo día en que Caputo anunció oficialmente el programa en París, Henley publicó en su sitio web una presentación específica de la “Argentina Citizenship by Investment”.

La compañía difundió además una declaración de su CEO, Juerg Steffen, quien afirmó que Henley había tenido la oportunidad de colaborar con el Gobierno argentino mediante una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo que se encontraba en elaboración.

La empresa no se limitó a comentar el anuncio.

Comenzó también a promocionar el programa entre potenciales clientes internacionales.

En otras palabras: mientras el Estado argentino anunciaba la nueva vía de acceso a la ciudadanía, una empresa especializada en vender servicios relacionados con ciudadanía por inversión ya tenía preparada su oferta comercial.

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Dieciocho meses de contactos

Una investigación publicada el 7 de octubre por elDiarioAR aporta otro elemento relevante.

Según ese medio, Henley & Partners habría mantenido contactos con funcionarios argentinos durante aproximadamente 18 meses.

El dato más concreto surge de los registros de ingreso a la Casa Rosada.

De acuerdo con la documentación citada por el medio, Juerg Steffen ingresó a la sede gubernamental el 11 de junio de 2025, donde mantuvo una reunión con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Un segundo ingreso aparece registrado el 14 de julio de 2025, esta vez para reunirse con Lisandro Catalán, quien entonces ocupaba funciones en la Jefatura de Gabinete.

Las fechas son particularmente relevantes.

El primer encuentro se produjo después del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que incorporó el régimen de ciudadanía por inversión al marco normativo argentino.

El segundo ocurrió antes de la reglamentación del procedimiento mediante el Decreto 524/2025.

Según la investigación periodística, entre los funcionarios y asesores que aparecen vinculados a esas reuniones figuran también Diego Ortiz de Cevallos, Olinda Salguero, Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno.

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El Gobierno reconoce asesoramiento internacional

Hay un punto que el propio Gobierno argentino reconoce oficialmente.

En el anuncio del programa, el Ministerio de Economía señaló que el Gobierno está siendo asesorado por firmas internacionales especializadas en migración por inversión, con el objetivo de incorporar estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones internacionales de la OCDE y el GAFI.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre esa afirmación general y la versión publicada por elDiarioAR.

Mientras el Gobierno reconoce la participación de firmas especializadas, desde el entorno de Economía negaron ante ese medio haber tenido contacto con Henley & Partners.

La contradicción queda planteada de esta manera:

Henley afirma públicamente haber colaborado con el Gobierno argentino.

Los registros muestran reuniones de su CEO con funcionarios en Casa Rosada.

El Ministerio de Economía, según elDiarioAR, niega contactos con la empresa.

Hasta el momento, estas tres circunstancias no han sido explicadas públicamente de manera integral.

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¿Quién diseñó el programa?

La estructura institucional agrega otra pieza al rompecabezas.

El Decreto 366/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, como organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía.

La norma establece que la agencia tiene entre sus funciones diseñar, gestionar y controlar los programas de ciudadanía por inversión; evaluar las solicitudes y participar en las políticas de difusión de esos programas.

Esto significa que la política de ciudadanía por inversión quedó institucionalmente vinculada al área económica del Gobierno.

El propio Gobierno sostiene que la finalidad es atraer inversión extranjera.

Pero el modelo genera una pregunta institucional inevitable:

¿Cómo se garantiza una separación suficientemente clara entre quienes diseñan el programa, quienes lo promocionan internacionalmente y las empresas privadas que asesoran a potenciales compradores?

La pregunta adquiere mayor relevancia cuando una misma compañía participa en el mercado de ciudadanía por inversión y, al mismo tiempo, afirma haber mantenido conversaciones con el Estado que crea un nuevo producto dentro de ese mercado.

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Un mercado internacional multimillonario

La ciudadanía por inversión no es un fenómeno exclusivamente argentino.

Existen programas similares en distintos países, especialmente en el Caribe, además de Turquía y otros Estados que ofrecen mecanismos destinados a atraer capitales a cambio de ciudadanía o residencia.

Henley & Partners es precisamente una de las empresas más conocidas de este sector.

La propia compañía afirma que desarrolló el concepto de “residence and citizenship planning” durante la década de 1990 y que posteriormente se convirtió en un actor central del mercado internacional de migración por inversión.

El modelo comercial plantea una particularidad:

la ciudadanía se transforma en un producto asociado a una inversión económica.

El comprador busca determinadas ventajas —movilidad internacional, residencia, planificación patrimonial, estabilidad jurídica o acceso a determinados mercados— mientras el Estado busca captar capital.

Argentina acaba de ingresar formalmente a ese mercado.

Y lo hace como uno de los países de mayor tamaño y población que ofrecen una vía directa de ciudadanía vinculada con una inversión económica.

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El antecedente de Malta

Los antecedentes internacionales explican por qué los programas de este tipo están sometidos a un fuerte escrutinio.

Uno de los casos más importantes fue el de Malta.

En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el esquema maltés de ciudadanía mediante inversión era incompatible con el derecho de la Unión Europea.

El caso generó un fuerte debate sobre la posibilidad de que la ciudadanía de un Estado pueda ser concedida esencialmente a cambio de una contribución económica.

Henley & Partners estuvo estrechamente vinculada al mercado maltés.

La investigación de elDiarioAR señala que la empresa habría obtenido decenas de millones de dólares en comisiones relacionadas con ese programa.

Ese antecedente no constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidad en el programa argentino.

Pero resulta relevante para comprender el tipo de negocio en el que Argentina acaba de ingresar.

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Las investigaciones sobre Henley

También existen antecedentes periodísticos sobre la actuación de Henley & Partners en otros programas.

ElDiarioAR cita investigaciones realizadas por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, que analizaron documentos internos relacionados con la compañía y sus operaciones en programas de ciudadanía caribeños.

Según esas investigaciones, algunos solicitantes cuyos pasaportes fueron gestionados a través de esos programas posteriormente enfrentaron acusaciones o condenas vinculadas con delitos financieros.

Esto debe ser presentado con precisión: esas investigaciones periodísticas no equivalen a una condena judicial contra Henley & Partners por esos hechos.

El antecedente sí resulta relevante para analizar los mecanismos de debida diligencia que deben acompañar cualquier programa de ciudadanía por inversión.

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¿Qué controles tendrá Argentina?

El Gobierno afirma que el nuevo programa contará con controles estrictos.

La normativa contempla la intervención de organismos vinculados con seguridad, inteligencia financiera, antecedentes penales, identificación y migraciones.

El objetivo declarado es verificar la identidad del solicitante, el origen de los fondos y eventuales riesgos para la seguridad nacional y el sistema financiero.

El Ministerio de Economía asegura que el programa incorporará estándares internacionales de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos.

El desafío será comprobar cómo funcionan esos controles en la práctica.

Porque el atractivo del programa para el inversor no será solamente el pasaporte.

También estará en juego la reputación internacional de Argentina.

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Una diferencia fundamental con la ciudadanía tradicional

La ciudadanía argentina por naturalización tiene, por la vía general, requisitos diferentes.

La información oficial establece que una persona extranjera debe, entre otras condiciones, ser mayor de 18 años y acreditar dos años de residencia continua y legal en Argentina antes de solicitar la ciudadanía.

El programa de ciudadanía por inversión introduce una vía extraordinaria.

El extranjero podrá acceder al régimen mediante una contribución económica determinada, sin que el mecanismo dependa exclusivamente del cumplimiento de la residencia general.

Eso cambia la naturaleza del debate.

Ya no se trata solamente de inmigración.

Se trata de definir si el Estado considera que una determinada inversión económica puede constituir una vía suficiente para obtener uno de los vínculos jurídicos más importantes entre una persona y una nación: la ciudadanía.

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Los US$350.000 y la pregunta que queda abierta

El monto establecido por el Gobierno es de US$350.000, mediante un aporte directo y no reembolsable al Tesoro.

Para una familia compuesta por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el monto puede llegar a US$500.000. También existe la alternativa de un título público por US$800.000.

La administración Milei presenta la iniciativa como una herramienta para atraer capitales.

Pero el programa plantea una cuestión que excede las necesidades financieras de un gobierno:

¿Qué está comprando exactamente el inversor?

¿Una inversión?

¿Una nueva residencia?

¿Una oportunidad económica?

¿Movilidad internacional?

¿O una ciudadanía?

La respuesta jurídica es fundamental porque la ciudadanía no es simplemente un activo financiero.

Implica derechos políticos, protección consular, pertenencia jurídica y una relación permanente con el Estado.

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El papel de Caputo

Luis Caputo fue quien presentó públicamente el programa en París.

Según el ministro, la idea habría surgido durante uno de sus primeros viajes a Sun Valley, Idaho, junto con Javier Milei, a partir de pedidos formulados por empresarios y personas interesadas en obtener la ciudadanía argentina.

La explicación oficial difiere parcialmente de la reconstrucción publicada por elDiarioAR, que pone el foco en los contactos previos entre Henley & Partners y funcionarios argentinos.

Desde el Ejecutivo, según ese medio, algunas fuentes atribuyen la iniciativa directamente a Caputo y Juan Pazo.

La oficina de Economía, en cambio, negó contactos con Henley.

La existencia de esta discrepancia merece ser investigada con documentación adicional.

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Henley ya está vendiendo el producto

Hay un hecho que no admite demasiadas interpretaciones.

Henley & Partners ya tiene publicada una página específica para el programa argentino.

La compañía describe las dos vías de acceso, explica sus características y ofrece asesoramiento a potenciales interesados.

En su comunicado oficial, además, sostiene que está preparada para trabajar con personas interesadas en el programa.

Es decir:

Argentina crea el programa.

El Estado establece las condiciones.

Una empresa internacional especializada promociona el programa ante sus clientes.

Y esa empresa sostiene que previamente participó en conversaciones y talleres relacionados con el marco regulatorio.

La cuestión central no es afirmar automáticamente que exista una irregularidad.

La cuestión es determinar qué nivel de participación tuvo cada actor y qué mecanismos de transparencia existen alrededor de esa relación.

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Una investigación que recién comienza

La ciudadanía argentina por inversión todavía no comenzó a operar plenamente.

Las solicitudes están previstas para el cuarto trimestre de 2026.

Por eso, algunas preguntas todavía no tienen respuesta.

¿Quiénes serán los primeros beneficiarios?

¿Cuántos serán?

¿De qué países procederán?

¿Qué inversiones realizarán realmente?

¿Cuánto dinero ingresará al Tesoro?

¿Qué controles de origen de fondos se aplicarán?

¿Habrá información pública sobre los beneficiarios?

¿Quiénes serán los intermediarios?

¿Qué empresas recibirán honorarios?

¿Existirán mecanismos para detectar conflictos de intereses?

Y, especialmente:

¿Qué papel tuvo Henley & Partners en la elaboración del sistema argentino?

La empresa afirma que trabajó durante 18 meses con el Gobierno.

Los registros oficiales citados por elDiarioAR documentan reuniones de su CEO con funcionarios.

El Gobierno reconoce haber recurrido a firmas internacionales especializadas en migración por inversión, pero desde Economía niegan específicamente una relación con Henley.

Son datos que deberán ser contrastados con contratos, expedientes administrativos, registros de reuniones, documentos de asesoramiento y eventuales convenios.

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El verdadero debate

Argentina busca dólares.

El Gobierno necesita inversiones.

Y la ciudadanía argentina puede resultar atractiva para personas con grandes patrimonios que buscan movilidad internacional y nuevas alternativas de residencia y nacionalidad.

Pero una ciudadanía no es una mercancía cualquiera.

La discusión no debería reducirse a si entrarán US$350.000 por cada solicitante.

La cuestión institucional es mucho más profunda:

¿Qué condiciones debe cumplir un extranjero para convertirse en ciudadano argentino?

¿Puede el dinero reemplazar el vínculo territorial y social que tradicionalmente acompaña a la ciudadanía?

¿Quién controla a quienes compran el acceso al programa?

¿Quién asesora al Estado?

¿Quién asesora a los compradores?

Y finalmente:

¿Dónde termina la política pública y dónde comienza el negocio privado de la ciudadanía?

La respuesta a esas preguntas determinará si el programa termina siendo una herramienta de atracción de capitales o si abre un nuevo capítulo de controversias sobre la relación entre dinero, ciudadanía y soberanía.

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FUENTES CONSULTADAS

• Presidencia de la Nación / Argentina.gob.ar: anuncio oficial del Programa de Ciudadanía por Inversión, 2 de octubre de 2026.
• Ley 346 actualizada / Argentina.gob.ar: creación y atribuciones de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
• Argentina.gob.ar: requisitos generales para la ciudadanía argentina por naturalización.
• Henley & Partners: comunicado oficial sobre el programa argentino y declaración de su CEO, Juerg Steffen.
• elDiarioAR: investigación sobre la participación de Henley & Partners, sus contactos con funcionarios argentinos y los registros de ingreso a Casa Rosada.
• Reuters: anuncio del programa argentino y características económicas del régimen.
• Associated Press: características del programa, controles anunciados y antecedentes internacionales de los programas de ciudadanía por inversión.
• Financial Times: contexto internacional de los programas de “golden passports”.