Con la llamada “Ley de la Defensa de la Soberanía”, los que insistamos con la prórroga de La Ley de Emergencia en Discapacidad estaremos amenazando la Seguridad Nacional y nos podrán aplicar sanciones por ello. Increíble… que tendrá que ver!!! No pasa un test de constitucionalidad!!!

— Agustina Propato (@aguspropatoarg) October 9, 2026

La diputada nacional Agustina Propato encendió las alarmas en el ámbito político e institucional tras alertar sobre las severas consecuencias que implicaría la aprobación de la denominada “Ley de la Defensa de la Soberanía”. Según la legisladora, el marco normativo propuesto catalogaría la insistencia en declarar o prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad como una figura de amenaza a la Seguridad Nacional, abriendo la puerta a sanciones para quienes promuevan dicha iniciativa.

“Con la llamada ‘Ley de la Defensa de la Soberanía’, los que insistamos con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad estaremos amenazando la Seguridad Nacional y nos podrán aplicar sanciones por ello”, sostuvo Propato.

Un choque frontal con la Constitución Nacional

Las expresiones de la diputada generan una profunda distorsión institucional al asimilar un reclamo social indispensable —como lo es la atención y cobertura del sector de la discapacidad— con un atentado a la seguridad del Estado.

Especialistas e integrantes del ámbito legislativo coinciden en que una medida de esta naturaleza no supera un test básico de constitucionalidad por diversas razones:

• Vulneración del derecho a peticionar: Atenta directamente contra el derecho de los legisladores y los ciudadanos a solicitar normativas de protección social.

• Desproporcionalidad e irracionalidad: Desvirtúa el concepto normativo de "Seguridad Nacional", aplicando sanciones punitivas a la labor parlamentaria legítima y a la defensa de derechos vulnerables.

• Afectación de Tratados Internacionales: Atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país.

Incompatibilidad de agendas

Resulta difícil encontrar una relación lógica o jurídica entre el resguardo de la soberanía nacional y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Mientras que la primera busca proteger al Estado frente a agresiones o amenazas externas de gravedad, la segunda responde a una necesidad humanitaria y de justicia social para garantizar prestaciones básicas, tratamientos y coberturas a miles de familias.

Impedir o sancionar el debate legislativo en materia social bajo la pretensión de resguardar la seguridad nacional sienta un peligroso antecedente institucional que vulnera la división de poderes y el ejercicio democrático.