La administración de las reservas internacionales de la Argentina quedó nuevamente bajo escrutinio luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el ejercicio 2025.
El informe puso en discusión decisiones adoptadas bajo la conducción de Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria. La observación se refiere a operaciones con instrumentos financieros derivados, liquidables en dólares y respaldadas por parte de las tenencias de oro.
La cifra adquirió relevancia por su magnitud y por el carácter estratégico del activo utilizado como respaldo. Sin embargo, resulta necesario precisar el alcance de la observación: la pérdida informada corresponde a determinadas operaciones financieras y no constituye, por sí misma, una confirmación de que hayan desaparecido físicamente lingotes por ese valor.
La distinción no elimina el interrogante central: ¿qué estrategia se aplicó sobre las reservas, cuáles fueron sus costos y cómo se evaluó su conveniencia para el patrimonio público?
Según la información difundida sobre el examen de los estados contables del BCRA, el resultado negativo de las operaciones cuestionadas se compone de dos conceptos:
US$ 960 millones: resultado negativo atribuido a las operaciones con instrumentos derivados.
US$ 62,8 millones: desembolsos correspondientes a primas de opciones financieras.
La suma asciende a aproximadamente US$ 1.022,8 millones, redondeados a US$ 1.023 millones.
Estos instrumentos pueden utilizarse para cubrir riesgos relacionados con las variaciones del precio de un activo. No obstante, su resultado depende de las condiciones contractuales, la evolución del mercado, los precios pactados y la estrategia implementada.
La AGN cuestionó el resultado de las operaciones y planteó reparos sobre su naturaleza. El organismo auditor describió la operatoria como una estrategia basada en una determinada trayectoria esperada para el precio internacional del oro.
La cuestión que debe esclarecerse es si las operaciones respondieron a una cobertura eficaz, si el costo asumido resultó razonable y si existieron errores en los cálculos o en la evaluación de los escenarios financieros.

El BCRA rechazó la interpretación de la AGN. En un comunicado publicado el 8 de octubre de 2026, sostuvo que durante 2025 su posición en oro registró un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones.
La entidad explicó que las operaciones cuestionadas formaron parte de una política de cobertura financiera aplicada sobre la totalidad de sus tenencias en ese metal. Según el Central, este mecanismo busca proteger las reservas frente a eventuales caídas pronunciadas del precio internacional del oro.
La explicación oficial sostiene que una cobertura puede generar pérdidas en sus instrumentos financieros cuando el activo protegido registra una evolución favorable. Por esa razón, afirma el BCRA, los resultados negativos de los derivados no deben analizarse aisladamente, sino en conjunto con la valorización del oro.
El organismo también indicó que estas prácticas se utilizan desde 2007 y defendió la razonabilidad de sus decisiones. A su vez, cuestionó públicamente a la conducción de la AGN y atribuyó sus críticas a motivaciones políticas.
De este modo, la controversia enfrenta dos criterios de evaluación: el resultado negativo de la operatoria financiera señalado por la auditoría y el resultado neto positivo que el Banco Central atribuye a la combinación de esas operaciones con la valorización del metal.
La diferencia exige documentación técnica que permita reconstruir los cálculos, identificar los contratos y verificar qué metodología corresponde aplicar.
Para comprender la controversia es necesario distinguir tres dimensiones.
1. El resultado de los instrumentos financieros. Las operaciones con derivados pueden arrojar pérdidas cuando se analiza exclusivamente su liquidación. La AGN identificó un resultado negativo de gran magnitud en este componente.
2. El resultado conjunto de la posición en oro. El BCRA sostiene que la valorización del metal compensó ampliamente el costo de las coberturas. Esa afirmación debe evaluarse a partir de la documentación contable y de la metodología utilizada para calcular el resultado neto.
3. La calidad de las decisiones adoptadas. Incluso si una estrategia termina con un saldo global positivo, sigue siendo legítimo examinar sus costos, riesgos, alternativas disponibles, autorizaciones y mecanismos de control. Un resultado favorable no demuestra automáticamente que todas las decisiones hayan sido óptimas; del mismo modo, una pérdida en un instrumento aislado no prueba por sí sola que la estrategia completa haya perjudicado al Estado.
La transparencia exige conocer las operaciones y sus fundamentos, sin confundir los distintos niveles de análisis.
La discusión financiera debe diferenciarse de otra cuestión que también afecta a las reservas nacionales: los movimientos físicos de oro enviados al exterior.
La información periodística publicada en septiembre de 2026 indicó que la AGN todavía no había concluido la auditoría específica sobre esos movimientos. En octubre, nuevas publicaciones señalaron que el examen continuaba en desarrollo.
Por lo tanto, no corresponde afirmar que la auditoría de los estados contables haya demostrado la desaparición física de lingotes, ni que el resultado negativo de los derivados pruebe por sí mismo una irregularidad en los traslados.
Son investigaciones diferentes y requieren respuestas diferentes.
En el caso de los movimientos físicos, las preguntas fundamentales son dónde se encuentran las tenencias, bajo qué condiciones están depositadas, qué documentación acredita su custodia, qué operaciones se autorizaron y qué garantías tiene el Estado argentino sobre esos activos.
En el caso de las operaciones financieras, el centro del análisis está en los contratos, sus costos, la exposición al riesgo y el resultado económico.
Ambas dimensiones son relevantes para la seguridad patrimonial del país, pero no deben mezclarse sin evidencia.
La controversia abre una serie de interrogantes institucionales que merecen respuestas documentadas:
¿Qué contratos de derivados se celebraron durante 2025 y cuáles fueron sus condiciones?
¿Qué funcionarios y áreas técnicas intervinieron en la autorización y supervisión de las operaciones?
¿Qué modelos de cálculo se utilizaron para evaluar la evolución del precio del oro?
¿Qué alternativas se compararon antes de contratar las coberturas y cuáles eran sus costos estimados?
¿Cómo se integraron las pérdidas de los instrumentos financieros con la valorización del metal para obtener el resultado neto informado por el BCRA?
¿Qué documentación respalda los US$ 2.505 millones de resultado positivo declarados por la entidad?
¿Qué observaciones concretas formuló la AGN y qué respuestas técnicas presentó el Banco Central?
¿Qué información puede hacerse pública sin comprometer legítimos aspectos de seguridad o confidencialidad financiera?
La respuesta a estos interrogantes permitiría distinguir una diferencia metodológica entre organismos, una estrategia financiera costosa, un error de evaluación o una eventual irregularidad. Cada hipótesis requiere pruebas específicas.
El oro forma parte de los activos de reserva de un banco central y cumple funciones vinculadas con la composición patrimonial, la diversificación y la administración de riesgos. Su utilización como respaldo de instrumentos financieros no constituye necesariamente una irregularidad: la evaluación depende de las condiciones concretas de las operaciones y de los controles aplicados.
Precisamente por tratarse de un activo estratégico, la administración de esas reservas debe estar acompañada por controles verificables y explicaciones comprensibles.
La discusión no debería limitarse a una confrontación de comunicados. La AGN debe fundamentar sus observaciones y el BCRA debe aportar los elementos técnicos que permitan contrastarlas. La supervisión legislativa y los mecanismos de control deben contribuir a esclarecer las diferencias, no a reemplazar la evidencia por afirmaciones políticas.
La observación de la AGN sobre los US$ 1.023 millones y la respuesta del BCRA, que informa un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones, representan dos lecturas diferentes de la operatoria vinculada al oro durante 2025.
La información disponible permite identificar el origen de la controversia, pero no autoriza a equiparar las pérdidas de determinados instrumentos con una desaparición física de reservas ni a concluir, sin documentación adicional, que existió un delito.
La cuestión de fondo es institucional: conocer qué se hizo con los activos públicos, cuáles fueron los riesgos asumidos, cómo se calcularon los resultados y quiénes deben responder por las decisiones adoptadas.
Para la Argentina, la confianza en la administración de las reservas no depende únicamente del saldo final que anuncie una institución. También depende de la trazabilidad de las operaciones, la calidad de los controles y la posibilidad de verificar las explicaciones con evidencia documental.