De la caída de Maduro al poder de Washington

La crisis política venezolana ingresó en una nueva etapa el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Estados Unidos. Donald Trump anunció entonces que Washington asumiría temporalmente el gobierno del país hasta que pudiera concretarse una transición considerada segura y estable por su administración. Posteriormente, Delcy Rodríguez quedó al frente del gobierno interino venezolano. Reuters

El acontecimiento transformó radicalmente la relación entre ambos países. La intervención estadounidense no se limitó a ejercer presión diplomática, imponer sanciones o respaldar a sectores de la oposición: colocó a Washington en una posición determinante sobre la reorganización política y económica venezolana.

La pregunta que surge es inevitable: ¿Venezuela está dejando atrás un sistema autoritario para recuperar su democracia o está ingresando en una etapa de dependencia política y económica respecto de Estados Unidos?

La respuesta requiere observar algo más que la salida de Maduro del poder. También es necesario analizar quién controla los recursos, quién define las condiciones de la transición y qué margen de decisión conserva el Estado venezolano.

El petróleo, la verdadera llave estratégica

El petróleo constituye uno de los ejes centrales de esta nueva relación de poder.

El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero que, según su propia descripción, otorgaría al Gobierno estadounidense derechos de gobernanza económica y participación mayoritaria en una estructura empresarial privada vinculada a concesiones sobre 17 campos petroleros venezolanos. La administración Trump presentó la iniciativa como una herramienta para asegurar el abastecimiento energético estadounidense y promover la recuperación económica de Venezuela. Casa Blanca

El anuncio plantea interrogantes fundamentales. ¿Qué capacidad de decisión conserva Venezuela sobre sus reservas? ¿Cómo se distribuyen los ingresos? ¿Qué mecanismos de control público existen? ¿Quién fiscaliza los contratos y las condiciones de explotación?

La dimensión del asunto quedó nuevamente expuesta en octubre, cuando se informó que los ingresos derivados de las ventas petroleras venezolanas estaban bajo supervisión del Gobierno estadounidense. La dirigente opositora María Corina Machado reclamó transparencia en su administración y propuso avanzar hacia elecciones nacionales antes de julio de 2027. Reuters, 9 de octubre de 2026

El petróleo, por lo tanto, no es un elemento secundario de la crisis. Es una de las principales herramientas mediante las cuales Washington puede condicionar la recuperación económica y el funcionamiento de las nuevas autoridades.

¿Una dictadura que cambia de administrador?

Durante años, el gobierno de Maduro fue acusado de restringir libertades políticas, perseguir adversarios y debilitar las garantías electorales. Investigaciones internacionales documentaron graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales venezolanas.

Esos antecedentes no desaparecen por el hecho de que Estados Unidos haya intervenido militarmente. Pero tampoco convierten automáticamente cualquier acción de Washington en una operación legítima de democratización.

Aquí aparece la contradicción central.

Si el objetivo declarado es restablecer la democracia, la transición debería conducir a elecciones competitivas, instituciones independientes, libertad política y autoridades con legitimidad popular. Sin embargo, si las decisiones fundamentales sobre los ingresos nacionales, la explotación petrolera y los tiempos políticos dependen de un gobierno extranjero, la soberanía efectiva queda sometida a una prueba decisiva.

Cambiar al gobernante no equivale necesariamente a devolverle el poder al pueblo.

Una transición democrática necesita que los venezolanos puedan elegir libremente a sus autoridades y que estas dispongan de las atribuciones necesarias para gobernar. Sin esos elementos, la sustitución de un liderazgo autoritario podría desembocar en una nueva estructura de subordinación, aunque sus protagonistas utilicen un discurso diferente.

La influencia estadounidense sobre el nuevo gobierno

El gobierno interino de Delcy Rodríguez debe desenvolverse en un escenario en el que Washington posee una capacidad de presión excepcional. Las negociaciones impulsadas con respaldo estadounidense buscan modificar el sistema político venezolano antes de futuras elecciones.

El problema institucional es evidente: cuando una potencia extranjera interviene militarmente, participa en la administración de recursos estratégicos e influye sobre las condiciones de una transición política, la relación deja de ser una negociación convencional entre Estados soberanos.

El 31 de julio, Reuters informó que las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno interino y sectores de la oposición pretendían reformar instituciones políticas y electorales. El proceso también evidenciaba la ausencia de María Corina Machado en esa mesa de negociación. Reuters, vía MarketScreener

Esto abre otro interrogante: ¿quién define las reglas de la transición y qué representación tienen los distintos sectores de la sociedad venezolana?

La estabilidad política no puede medirse únicamente por la cooperación con Washington ni por la capacidad de un gobierno para garantizar inversiones. También depende de la participación ciudadana, la legitimidad de las autoridades y la existencia de controles institucionales efectivos.

La democracia no puede depender del petróleo

La administración Trump presenta su intervención como una oportunidad para estabilizar Venezuela, recuperar su economía y abrir el sector energético a nuevas inversiones. Esos objetivos deben contrastarse con los resultados concretos: transparencia financiera, recuperación de los servicios públicos, garantías políticas, elecciones libres y capacidad soberana para administrar los recursos naturales.

Un dato adicional merece atención. El 8 de octubre, The Washington Post informó sobre el ingreso de antiguos funcionarios de la administración Trump a empresas y firmas de asesoramiento vinculadas con oportunidades comerciales en el sector petrolero venezolano. El fenómeno reavivó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la llamada «puerta giratoria» entre el poder público y los negocios privados. Los involucrados sostuvieron que actuaban conforme a las normas aplicables. The Washington Post, 8 de octubre de 2026

Esta información no demuestra por sí sola que los acuerdos sean ilegales. Sí justifica exigir controles independientes y transparencia sobre quiénes obtienen beneficios de la transformación económica venezolana.

La reconstrucción del país no debería convertirse en una oportunidad para que determinados actores privados capturen ventajas mediante sus vínculos políticos. Mucho menos si la población venezolana continúa enfrentando las consecuencias de años de crisis económica e institucional.

Una advertencia para América Latina

El caso venezolano también interpela a los demás países de la región.

Si una potencia puede intervenir militarmente, desplazar a un mandatario y adquirir una influencia decisiva sobre la administración de los recursos estratégicos de otro Estado, América Latina debe debatir las consecuencias de ese precedente.

No se trata de ignorar los abusos del gobierno de Maduro ni de negar la necesidad de una salida democrática. Se trata de reconocer que la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional no son principios incompatibles.

La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana de los Estados y prohíbe, como regla general, el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país, con excepciones previstas por el derecho internacional. La legalidad de una intervención concreta debe evaluarse a partir de sus fundamentos jurídicos y de los hechos acreditados, no solamente de las declaraciones de sus protagonistas.

Para Argentina, país que mantiene una histórica reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes, el debate tiene una dimensión estratégica particular: la soberanía no puede defenderse como principio universal y relativizarse cuando la potencia interviniente es un aliado político.

Conclusión: ¿quién gobierna realmente Venezuela?

La Venezuela posterior a Maduro plantea una paradoja. La caída de un gobierno acusado de autoritarismo abre la posibilidad de una transformación democrática, pero la intervención estadounidense y el control sobre aspectos centrales de la economía colocan a la soberanía venezolana ante una nueva incertidumbre.

Por eso, la discusión no debería limitarse a determinar si Maduro fue una figura autoritaria. También debe examinar si las nuevas autoridades podrán gobernar con autonomía, si los ingresos petroleros serán administrados de manera transparente y si los venezolanos tendrán la posibilidad efectiva de decidir su futuro.

Una dictadura no se supera simplemente reemplazando a quien concentra el poder. Se supera construyendo instituciones que impidan que ese poder quede fuera del control de la sociedad.

La cuestión decisiva para Venezuela es si la intervención de Trump conducirá a una democracia con soberanía efectiva o si terminará consolidando una relación de dependencia en la que las decisiones políticas y económicas fundamentales se definan desde Washington.

La respuesta no estará en los discursos. Estará en las elecciones, en las instituciones, en el destino de los ingresos petroleros y en la capacidad real del pueblo venezolano para recuperar el control de su propio país.

Red Castrense — Defensa, soberanía y análisis estratégico.

Fuentes principales: Reuters; The Washington Post; Casa Blanca.