Por: Por la Redacción de Red Castrense

Una confrontación que no siempre utiliza armas

La guerra contemporánea no se limita al enfrentamiento entre fuerzas militares en un campo de batalla. En un entorno internacional caracterizado por la competencia entre potencias, las operaciones cibernéticas, la manipulación informativa, las presiones económicas y las acciones encubiertas pueden convertirse en instrumentos para debilitar a un adversario sin recurrir a una ofensiva militar convencional.

Este fenómeno suele analizarse bajo el concepto de guerra híbrida, una expresión utilizada para describir la combinación de herramientas militares y no militares, abiertas y encubiertas, destinadas a explotar las vulnerabilidades de un Estado o una alianza.

Para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el problema tiene una dimensión estratégica particular: una acción hostil puede generar daños concretos, afectar servicios esenciales o poner en riesgo la seguridad de un país miembro sin alcanzar, necesariamente, el umbral que desencadenaría una respuesta militar colectiva.

La dificultad radica en que estas operaciones pueden producir efectos estratégicos importantes mientras mantienen una apariencia ambigua. No siempre existe una declaración de hostilidad, una fuerza militar identificable o una reivindicación pública de responsabilidad.

Infraestructuras críticas: el nuevo frente de vulnerabilidad

Las redes eléctricas, los sistemas de transporte, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones, los servicios financieros y las instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua dependen, cada vez más, de sistemas digitales interconectados.

Esa dependencia amplía las posibilidades de que una intrusión informática afecte servicios esenciales, interrumpa procesos industriales o comprometa información sensible. Un ciberataque puede tener consecuencias económicas, sociales y de seguridad nacional, incluso cuando no provoca daños físicos directos.

En este escenario, las infraestructuras críticas adquieren un valor estratégico que excede su función económica. Su interrupción puede dificultar la movilización de fuerzas militares, alterar la logística, afectar la capacidad de respuesta de los organismos públicos y generar incertidumbre en la población.

La amenaza no se limita al robo de información. También comprende la posibilidad de alterar datos, interrumpir servicios, comprometer sistemas de control industrial o aprovechar vulnerabilidades de proveedores y cadenas de suministro.

La respuesta requiere una combinación de capacidades: prevención, detección temprana, protección de redes, sistemas de respaldo, intercambio de información y coordinación entre autoridades civiles, empresas privadas y estructuras de defensa.

Sabotaje y operaciones de influencia: la disputa por la confianza

Otro componente de la guerra híbrida es la posibilidad de combinar acciones materiales con operaciones informativas.

El sabotaje de instalaciones, las interferencias sobre servicios esenciales o los daños a infraestructuras pueden coincidir con campañas destinadas a confundir a la población, desacreditar instituciones o dificultar la identificación de los responsables.

La desinformación busca instalar afirmaciones falsas o engañosas; las operaciones de influencia, en cambio, pueden utilizar información verdadera, mensajes selectivos y contenidos manipulados para orientar percepciones o profundizar divisiones sociales. Ambas pueden apoyarse en redes sociales, sitios digitales, cuentas automatizadas o intermediarios que ocultan el origen de sus mensajes.

El objetivo potencial no siempre es convencer a toda una sociedad de una versión determinada. En ocasiones, basta con erosionar la confianza en las instituciones, generar dudas sobre la actuación gubernamental o enfrentar a distintos sectores de la población.

Para una alianza como la OTAN, la dimensión informativa representa un desafío adicional: las respuestas de seguridad deben proteger a las sociedades sin convertir la lucha contra la manipulación en una justificación para restringir injustificadamente la libertad de expresión o el debate democrático.

La verificación de fuentes, la transparencia institucional, la alfabetización mediática y la comunicación pública basada en evidencias constituyen herramientas fundamentales para reducir el impacto de estas operaciones.

Interferencias en la navegación y las comunicaciones

La navegación por satélite y las comunicaciones digitales se han convertido en componentes esenciales de la actividad civil y militar. Los sistemas de posicionamiento, navegación y sincronización temporal permiten coordinar transportes, operaciones logísticas, redes de telecomunicaciones y numerosas funciones de los sistemas de defensa.

La interferencia de señales, conocida como jamming, puede degradar o impedir la recepción de una señal. La suplantación de señales, denominada spoofing, puede inducir a un receptor a interpretar información falsa como si fuera legítima.

Ambas modalidades presentan riesgos para la aviación, la navegación marítima, los vehículos no tripulados y determinadas actividades militares. Sus consecuencias dependen de la extensión, duración, ubicación y naturaleza de la interferencia, así como de las medidas de respaldo disponibles.

La dificultad aumenta cuando los incidentes se producen en regiones de elevada competencia estratégica, donde operan fuerzas militares, aeronaves civiles, buques comerciales y sistemas de vigilancia de distintos países.

Sin embargo, no toda interferencia constituye automáticamente un acto de guerra. Las fallas técnicas, los errores operativos y otras causas deben ser consideradas antes de atribuir intencionalidad o responsabilidad estatal.

Por eso, la vigilancia del espectro electromagnético, la redundancia de los sistemas de navegación, la cooperación internacional y el análisis técnico de los incidentes forman parte de una política de seguridad más amplia.

El problema central: ¿quién está detrás del ataque?

Una de las mayores dificultades de las operaciones híbridas es la atribución.

En un ataque convencional, la presencia de unidades militares, los movimientos de fuerzas y el uso de armamento pueden aportar indicios relativamente visibles sobre la identidad del agresor. En el ámbito cibernético, una operación puede utilizar servidores comprometidos, infraestructura alquilada, herramientas reutilizadas o intermediarios que dificultan establecer quién la ordenó y con qué propósito.

Incluso cuando los investigadores identifican el origen técnico de una intrusión, determinar quién la ejecutó, quién la financió y si existió una dirección estatal puede requerir evidencias adicionales.

La atribución técnica, por lo tanto, no equivale necesariamente a una conclusión política o jurídica definitiva.

Esta diferencia resulta decisiva para la OTAN. Una acusación prematura puede elevar las tensiones y reducir el margen diplomático; una respuesta excesivamente cautelosa, por su parte, puede transmitir la impresión de que determinadas agresiones tienen un costo limitado.

La evaluación exige reunir inteligencia, análisis forense digital, información de aliados, datos operativos y evidencias verificables. También requiere distinguir entre un incidente aislado, una actividad criminal, una operación de influencia y una campaña coordinada con objetivos estratégicos.

El artículo 5: la respuesta colectiva no es automática

El Tratado del Atlántico Norte establece en su artículo 5 que un ataque armado contra uno o varios miembros será considerado un ataque contra todos. Sin embargo, su aplicación no depende exclusivamente de que se produzca un incidente informático, una interferencia electrónica o un acto de sabotaje.

La OTAN ha reconocido que las operaciones cibernéticas pueden alcanzar un nivel capaz de justificar la consideración de una respuesta colectiva. También ha señalado que las acciones híbridas de suficiente gravedad podrían llegar a constituir un ataque armado, dependiendo de las circunstancias.

Esto no significa que cualquier ciberataque active automáticamente el artículo 5. La decisión exige una evaluación política de los aliados sobre los hechos, su gravedad, sus efectos y las circunstancias del caso.

Además, el artículo 5 no prescribe una respuesta militar idéntica en todas las situaciones. Cada aliado debe asistir al Estado atacado mediante las medidas que considere necesarias, incluido el posible uso de la fuerza armada, conforme a las condiciones establecidas en el Tratado y al derecho internacional.

La cuestión estratégica es cómo mantener la credibilidad de la defensa colectiva cuando las agresiones se sitúan en una zona ambigua entre la competencia, la coerción y el uso de la fuerza.

Disuasión sin escalada: el dilema de la Alianza

La disuasión consiste en convencer a un posible adversario de que los costos de una acción hostil superarán los beneficios esperados. Frente a amenazas híbridas, esa tarea resulta más compleja porque los responsables pueden negar su participación, actuar mediante terceros o combinar acciones de distinta intensidad.

La OTAN necesita, por lo tanto, desarrollar respuestas proporcionales y adaptadas a cada situación. Estas pueden incluir medidas diplomáticas, cooperación entre servicios de inteligencia, atribución pública basada en evidencias, sanciones nacionales o internacionales cuando correspondan, asistencia técnica y refuerzo de la protección de infraestructuras.

También resulta esencial mejorar la coordinación entre los Estados miembros. Una amenaza puede afectar simultáneamente a varios países, pero las capacidades de detección, las normas legales y los procedimientos de respuesta no son idénticos en todos ellos.

La resiliencia adquiere así un valor estratégico: no se trata solamente de impedir que ocurra un ataque, sino también de asegurar que sus efectos no paralicen al Estado ni comprometan de manera prolongada sus funciones esenciales.

En este contexto, la cooperación con la Unión Europea y otros socios resulta relevante, especialmente en ámbitos como la protección de infraestructuras, la ciberseguridad, la seguridad energética y la lucha contra la manipulación informativa.

Una guerra que exige inteligencia, evidencia y criterio político

La guerra híbrida plantea una transformación en la manera de interpretar la seguridad internacional. La ausencia de combates abiertos no implica necesariamente ausencia de confrontación, pero tampoco permite clasificar automáticamente cualquier incidente como una operación hostil dirigida por un Estado.

El desafío consiste en identificar patrones, comprender las capacidades del posible adversario, distinguir coincidencias de acciones coordinadas y evaluar las consecuencias de cada respuesta.

En ese proceso, la inteligencia estratégica y las fuentes abiertas —OSINT— pueden aportar elementos relevantes para reconstruir acontecimientos, contrastar declaraciones, examinar datos técnicos disponibles y detectar posibles campañas de influencia. No obstante, sus conclusiones deben someterse a verificación y no reemplazan las pruebas técnicas, la inteligencia clasificada ni los procedimientos de atribución formal.

Para la OTAN, la defensa frente a estas amenazas no se reduce a disponer de más armamento. También requiere instituciones resilientes, infraestructuras protegidas, sociedades informadas, cooperación internacional y mecanismos de decisión capaces de actuar con rapidez sin perder rigor.

La frontera entre la paz y la guerra se vuelve más difícil de interpretar cuando las acciones hostiles pueden desarrollarse en el ciberespacio, las redes de comunicaciones, las infraestructuras civiles y el terreno informativo.

La pregunta estratégica ya no es solamente cómo responder a un ataque militar, sino cómo reconocer una campaña de presión antes de que sus efectos comprometan la seguridad colectiva.

Fuentes para respaldar la nota

• OTAN — Amenazas híbridas: definición, modalidades de actuación y medidas de respuesta. Consultar documento oficial.

• OTAN — Declaración de la Cumbre de Washington, 10 de julio de 2024: acciones híbridas, sabotaje, interferencias electrónicas, desinformación y posibles implicancias para el artículo 5. Leer la declaración.

• OTAN — Defensa colectiva y artículo 5: condiciones generales y alcance de la asistencia entre aliados. Consultar el artículo 5.