La decisión de YPF de desprenderse de su participación en Profertil abre un debate que excede los resultados de un balance. No se trata solamente de determinar cuánto dinero ingresó por la venta, sino de establecer qué patrimonio industrial resignó la principal empresa energética argentina y si la operación representó la mejor alternativa disponible para sus accionistas y para los intereses económicos del país.
La conducción encabezada por Horacio Marín justificó su estrategia en la necesidad de concentrar inversiones y recursos en Vaca Muerta. El argumento tiene una lógica empresarial reconocible: priorizar los negocios considerados centrales, reducir la dispersión de capital y acelerar el desarrollo de la producción de hidrocarburos.
Pero una estrategia puede ser coherente en su formulación y, al mismo tiempo, dejar preguntas sin responder sobre la conveniencia de cada operación concreta.
Profertil no era un activo marginal. Es uno de los principales productores de fertilizantes nitrogenados de la Argentina, con una planta industrial en Bahía Blanca dedicada a la producción de urea granulada y amoníaco. Su actividad conecta la disponibilidad de gas natural con una cadena de valor fundamental para la producción agropecuaria.
Por eso, la pregunta es inevitable: ¿YPF vendió una participación prescindible o se desprendió de una herramienta industrial cuyo valor futuro merecía una evaluación más profunda?
El 12 de diciembre de 2025, YPF comunicó que había aceptado una oferta de Agro Inversora Argentina, perteneciente al grupo Adecoagro, por el 50% de Profertil. El precio anunciado fue de US$635 millones, sujeto al mecanismo de ajuste previsto en el contrato. La operación se completó el 18 de diciembre y el precio registrado ascendió a US$596 millones. La documentación presentada por YPF ante la Comisión de Valores de Estados Unidos y sus estados financieros permite verificar ambas cifras.
La diferencia nominal entre el precio anunciado y el registrado fue de US$39 millones, aproximadamente el 6,1% del importe inicial.
Esa brecha constituye un dato que merece ser explicado, pero no puede calificarse automáticamente como una pérdida. Para hacerlo sería necesario conocer los ajustes contractuales, las condiciones de cierre y las variables que determinaron el precio definitivo.
La propia YPF informó una ganancia contable de $485.729 millones por la venta en sus estados financieros individuales de 2025. En otras palabras, la compañía registró un resultado positivo frente al valor contable de la participación que estaba vendiendo.
Sin embargo, aquí aparece una distinción fundamental: obtener una ganancia contable no demuestra que una empresa haya conseguido el mejor precio posible ni que desprenderse de un activo haya sido la decisión económicamente más conveniente.
Una compañía puede vender un activo por encima de su valor registrado en libros y, aun así, renunciar a ingresos futuros o a oportunidades de crecimiento que habrían generado un beneficio superior.
La discusión sobre Profertil debe concentrarse precisamente en esa diferencia.
No existe, con los datos citados, una cifra verificable que permita afirmar cuánto perdió YPF por haber vendido Profertil en lugar de conservarla. Para establecerla sería necesario comparar el precio neto de la venta con el valor económico de los flujos de caja futuros que la participación habría generado.
Ese cálculo requiere información que no puede reemplazarse con una estimación improvisada: dividendos históricos, proyecciones de rentabilidad, inversiones necesarias para mantener y ampliar la planta, riesgos operativos, impuestos, deuda, capital de trabajo y una tasa de descuento apropiada.
El costo de oportunidad puede ser importante, pero no equivale automáticamente al precio de venta ni a la diferencia entre dos cifras anunciadas.
La pregunta que debe responder la conducción de YPF es concreta: ¿cuánto valía, en términos económicos, conservar el 50% de Profertil durante los próximos diez o quince años?
Si la respuesta de la empresa se limita a señalar que la venta produjo una ganancia contable, el análisis queda incompleto. Un directorio debe evaluar tanto el resultado inmediato como las alternativas que abandona.
La operación adquiere otra dimensión al observar quién compró el activo.
Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas habían adquirido la participación del 50% que pertenecía a Nutrien por aproximadamente US$596 millones. Posteriormente, Adecoagro compró el 50% restante a YPF por un importe similar, y pasó a controlar el 90% de Profertil, mientras ACA conservó el 10%.
Los documentos societarios de Adecoagro presentados ante la SEC confirman la secuencia y los importes de las adquisiciones.
El comprador explicó que la operación buscaba ampliar su plataforma agroindustrial y diversificar sus fuentes de ingresos. También destacó la posición competitiva de Profertil, su acceso a gas natural a precios competitivos y su ubicación en una región importadora de fertilizantes.
Nada de esto demuestra que Adecoagro haya realizado un negocio extraordinario ni que YPF haya vendido por debajo del valor de mercado. Para sostener esa conclusión habría que analizar las valuaciones, las condiciones contractuales y los riesgos asumidos por cada parte.
Pero existe una diferencia de enfoque que merece atención: mientras YPF priorizó la concentración en hidrocarburos, el adquirente incorporó una empresa industrial que complementa su actividad agroindustrial.
Lo que para una compañía fue un activo no esencial, para otra representó una oportunidad de expansión y diversificación.
La pregunta es si YPF evaluó suficientemente ese valor antes de decidir su salida.
Antes de desprenderse de Profertil, YPF tuvo la posibilidad contractual de evaluar la adquisición de la participación que estaba en manos de Nutrien, bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de accionistas.
La petrolera no ejerció ese derecho y posteriormente aceptó la oferta de Adecoagro por su propia participación.
La secuencia no demuestra una irregularidad. Una empresa puede decidir razonablemente que no desea ampliar su exposición a un negocio determinado y, al mismo tiempo, preferir vender su participación.
Sin embargo, una decisión de esta naturaleza debería estar respaldada por una comparación financiera clara entre las alternativas disponibles.
¿Qué rendimiento esperaba obtener YPF de Profertil? ¿Cuánto capital habría requerido adquirir la otra mitad? ¿Qué dividendos proyectaba la empresa? ¿Qué rentabilidad estimaba para las inversiones alternativas en Vaca Muerta? ¿Se analizaron opciones intermedias, como conservar la participación o incorporar un socio industrial sin abandonar completamente el negocio?
Las respuestas permitirían conocer si la venta respondió a una asignación racional de capital o si se priorizó la obtención de liquidez inmediata sin ponderar adecuadamente el valor de largo plazo.

La apuesta por Vaca Muerta es una decisión estratégica que puede justificarse por las oportunidades de producción, exportación y generación de divisas. Sin embargo, invocar esa prioridad no exime a la conducción de explicar el costo de cada desinversión.
El capital obtenido por la venta tiene un uso alternativo: puede financiar inversiones petroleras, reducir deuda o reforzar la liquidez. Para demostrar que la operación fue conveniente, YPF debería mostrar cómo se compararon esas alternativas con el rendimiento esperado de Profertil.
La evaluación también debería considerar la relación entre el gas natural y los fertilizantes nitrogenados. El gas es un insumo central para producir amoníaco y urea. En una economía con una producción agropecuaria de gran escala, disponer de capacidad industrial local tiene implicancias que exceden el resultado financiero de una empresa.
La cuestión no es sostener que toda empresa energética deba conservar indefinidamente todos sus activos. Es exigir que las decisiones de desinversión contemplen el valor económico, industrial y estratégico de lo que se vende.
La responsabilidad de Horacio Marín debe examinarse a partir de su intervención documentada, las decisiones adoptadas por el directorio y la información disponible al momento de aprobar la operación.
No corresponde atribuirle negligencia ni afirmar que provocó un perjuicio patrimonial sin pruebas. Pero tampoco resulta suficiente aceptar sin examen crítico la justificación estratégica de la empresa.
La documentación que permitiría evaluar la decisión incluye las actas del directorio, las valuaciones independientes, los informes de asesores financieros, las proyecciones de dividendos, el contrato definitivo y los cálculos utilizados para comparar la venta con la alternativa de conservar el activo.
Esos antecedentes permitirían determinar si la administración consideró adecuadamente el costo de oportunidad y si la operación respondió al mejor interés de la compañía.
En una empresa de esta magnitud, la profesionalidad de una conducción no se mide solamente por la capacidad de vender activos y presentar ganancias contables. También se mide por la calidad de las decisiones que comprometen el patrimonio y los ingresos futuros.
A esta altura, afirmar que YPF perdió una cantidad específica por vender Profertil sería anticipar una conclusión que todavía necesita sustento documental. La ganancia contable informada no permite calcular por sí sola el perjuicio potencial, y la diferencia entre el precio anunciado y el definitivo tampoco equivale automáticamente a una pérdida económica.
Pero la ausencia de una cifra comprobada no elimina el interrogante central.
La conducción de YPF debería explicar qué valor asignó a los dividendos futuros, qué alternativas evaluó, por qué decidió no ampliar su participación y cómo justificó el precio final frente al valor estratégico de la empresa.
La respuesta debe surgir de los números, no de consignas corporativas.
Porque si la venta permitió financiar inversiones que generan un rendimiento superior, la decisión podría resultar económicamente favorable. Si, por el contrario, el valor de los ingresos futuros y las oportunidades abandonadas superaba el beneficio obtenido, habría existido un costo de oportunidad que merece ser cuantificado.
La cuestión no es si YPF obtuvo una ganancia contable. La cuestión es si, al desprenderse de Profertil, obtuvo para su patrimonio el mejor resultado que podía alcanzar.
Hasta que esa comparación sea pública y verificable, la operación seguirá planteando una pregunta legítima sobre la administración de los activos estratégicos de la principal empresa energética argentina.
Fuentes documentales: estados financieros de YPF al 31 de diciembre de 2025; comunicación de YPF ante la SEC sobre la venta de Profertil; documentación societaria de Adecoagro presentada ante la SEC; informes de calificación crediticia de Profertil publicados en 2025.
YPF: estados financieros al 31 de diciembre de 2025 — precio registrado y resultado contable.
YPF ante la SEC: oferta inicial de US$635 millones — condiciones anunciadas de la operación.
Adecoagro: anuncio de adquisición de Profertil — secuencia de la compra y participación resultante.