Por: Por Prof. Luis Oscar Malgieri

A LA DIRECCIÓN EDITORIAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓNDe mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la publicación de un trabajo periodístico referido al costo de sostenimiento de las estructuras políticas en la República Argentina, tanto en el ámbito nacional como en las distintas jurisdicciones provinciales.

El artículo propone examinar los recursos públicos destinados al funcionamiento del Congreso de la Nación, particularmente las Cámaras de Senadores y Diputados, y establecer una comparación con las estructuras legislativas y políticas de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego.

El objetivo es dar a conocer a la ciudadanía información sobre presupuestos institucionales, cantidad de legisladores, empleados, remuneraciones, gastos de funcionamiento y recursos asignados a las estructuras políticas, diferenciando estos conceptos para permitir una comparación objetiva y transparente.

En un contexto económico en el que amplios sectores de la sociedad enfrentan dificultades para sostener sus necesidades esenciales, resulta pertinente abrir un debate público sobre la distribución de los recursos del Estado, las prioridades presupuestarias y los mecanismos de control del gasto público.

La intención de esta publicación no es cuestionar la existencia de las instituciones democráticas, cuyo funcionamiento resulta indispensable, sino promover una reflexión fundada sobre sus costos, su transparencia y la responsabilidad de quienes administran los recursos aportados por los ciudadanos.

Considero que la sociedad tiene derecho a conocer cuánto cuesta mantener sus instituciones políticas, cómo se distribuyen esos fondos y qué mecanismos existen para garantizar una administración eficiente y responsable.

Por ello, agradecería que evaluaran la posibilidad de publicar el artículo, como una contribución al debate democrático, al acceso a la información pública y al ejercicio del pensamiento crítico.

Agradeciendo desde ya la atención dispensada y el espacio que pudieran brindar a esta iniciativa, saludo a ustedes con distinguida consideración.

Prof. Luis Oscar Malgieri
Río Grande – Tierra del Fuego
República Argentina

El costo multimillonario de las legislaturas argentinas: cuánto se destina a la representación política y cuánto a sostener sus estructuras

Las legislaturas provinciales tienen asignados más de 1,8 billones de pesos para 2026. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego muestran profundas diferencias en sus presupuestos y en el gasto institucional por representante. El peso de las estructuras administrativas abre un debate sobre transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Por Prof. Luis Oscar Malgieri | Octubre de 2026

En una Argentina atravesada por dificultades económicas, demandas salariales, necesidades sanitarias y restricciones presupuestarias, el costo de funcionamiento de las instituciones políticas constituye una cuestión que merece atención pública.

No se trata de cuestionar la existencia de los poderes legislativos, indispensables para el funcionamiento democrático, sino de examinar cuánto dinero requieren, cómo se distribuyen esos recursos y qué mecanismos existen para evaluar su utilización.

Un relevamiento de la Fundación Libertad, difundido en septiembre de 2026, estimó que los 24 poderes legislativos provinciales tienen asignados aproximadamente 1,835 billones de pesos para el ejercicio 2026.

La cifra comprende el funcionamiento de 32 cámaras legislativas —ocho provincias tienen sistemas bicamerales— y un total de 1.199 representantes.

El gasto institucional promedio asciende a aproximadamente 1.531 millones de pesos anuales por legislador, equivalentes a 127,6 millones mensuales.

Es necesario aclarar que ese importe no constituye la remuneración individual de cada representante. Se obtiene al dividir el presupuesto legislativo total por la cantidad de bancas e incluye personal, asesores, servicios, mantenimiento y demás gastos administrativos.

Sin embargo, su magnitud permite dimensionar los recursos destinados al funcionamiento parlamentario.

Cinco provincias, cinco realidades presupuestarias

Santa Fe dispone para 2026 de aproximadamente 191.813 millones de pesos para sus dos cámaras, integradas por 69 representantes. El gasto institucional anual equivale a 

unos 2.780 millones por banca.

Córdoba, con una Legislatura unicameral de 70 miembros, tiene asignados 55.111 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 787 millones por representante.

Mendoza, cuya Legislatura bicameral reúne 86 integrantes, cuenta con un presupuesto cercano a 40.512 millones de pesos. El gasto institucional promedio es de 471 millones anuales por legislador.

Jujuy, con 48 diputados provinciales, destina aproximadamente 28.643 millones de pesos, equivalentes a 597 millones por banca.

Por su parte, Tierra del Fuego presenta una particularidad que merece especial atención: con solamente quince legisladores, dispone de un presupuesto de 26.629 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 1.775 millones anuales por banca.

La diferencia entre Tierra del Fuego y Mendoza resulta significativa. Mientras el gasto institucional por legislador fueguino se aproxima a 148 millones de pesos mensuales, en Mendoza ronda los 39,3 millones.

Estas diferencias no permiten concluir automáticamente que una provincia administre mejor que otra. Para hacerlo sería necesario evaluar sus estructuras administrativas, servicios, costos regionales, actividad legislativa y resultados institucionales.

No obstante, sí justifican preguntarse por qué existen diferencias tan importantes en el gasto presupuestario por representante.

Tierra del Fuego: quince legisladores y 482 cargos presupuestados

El caso fueguino merece un análisis particular.

Según la información difundida sobre el presupuesto legislativo 2026, la provincia contempla una planta total de 482 cargos: 206 permanentes y 276 temporarios.

Esto representa aproximadamente 32 cargos presupuestados por cada uno de los quince legisladores provinciales, aunque la relación incluye personal administrativo y otras funciones institucionales y no significa que cada legislador tenga 32 empleados a su disposición.

La estructura de colaboradores contempla además límites específicos para los equipos de trabajo parlamentario.

El presupuesto anual de 26.629 millones equivale a aproximadamente 2.219 millones mensuales para el funcionamiento completo de la institución.

Frente a semejantes cifras, resulta legítimo solicitar información detallada sobre la cantidad efectiva de empleados, categorías salariales, contrataciones, asesores, adicionales, gastos de representación y ejecución presupuestaria.

También corresponde conocer cuánto se destina a la actividad parlamentaria propiamente dicha y cuánto a mantener la estructura administrativa.

El peso de los salarios y las estructuras políticas

El estudio nacional revela otro aspecto importante: en las jurisdicciones donde pudo identificarse la información, el gasto en personal representa, en promedio, aproximadamente el 84% del presupuesto legislativo.

En Mendoza, esa proporción ronda el 94%.

Este indicador demuestra que una parte sustancial de los recursos se destina al sostenimiento de las plantas de personal, las estructuras de apoyo y las remuneraciones.

Debe señalarse que no todos esos empleados son designaciones políticas. Los poderes legislativos también requieren personal permanente especializado en administración, asesoramiento jurídico, técnica parlamentaria, informática, seguridad y otras funciones.

Por ello, un análisis responsable debe distinguir entre empleados de carrera, funcionarios políticos, asesores, personal contratado y cargos transitorios.

La cantidad de empleados no determina por sí sola la eficiencia institucional. Pero la ausencia de información pública completa dificulta cualquier evaluación seria.

El Congreso Nacional también debe rendir cuentas

La discusión no puede limitarse a las provincias.

El Senado de la Nación, integrado por 72 representantes, y la Cámara de Diputados, con 257 miembros, administran estructuras complejas financiadas con recursos públicos.

En su informe de gestión correspondiente a 2025, el Senado declaró un presupuesto de aproximadamente 190.731 millones de pesos para su programa de formación de leyes, de los cuales 176.986 millones estaban destinados a gastos en personal.

La Cámara de Diputados, por su parte, registraba al segundo trimestre de 2025 un crédito presupuestario vigente de aproximadamente 195.387 millones de pesos, con 168.131 millones destinados a personal.

Estas cifras corresponden a 2025 y no constituyen los montos definitivos de 2026, pero permiten observar la importancia económica de las estructuras legislativas nacionales.

Para establecer su costo actualizado resulta necesario publicar y analizar de manera conjunta las partidas vigentes, las modificaciones presupuestarias, la ejecución efectiva y la dotación real de personal.

También debería conocerse con claridad el sueldo bruto promedio por categoría, las dietas de los legisladores, los adicionales, los contratos de asesoramiento, los gastos de representación y los recursos destinados al funcionamiento de cada despacho.

La transparencia como obligación democrática

El problema central no consiste exclusivamente en cuánto dinero gastan los parlamentos, sino en la posibilidad de conocer con precisión cómo se utilizan esos recursos.

Un presupuesto elevado no constituye por sí mismo una irregularidad. De igual manera, un presupuesto reducido no garantiza una administración eficiente.

La cuestión fundamental es establecer si las erogaciones están justificadas, si responden a necesidades institucionales verificables y si existen controles suficientes para evitar gastos innecesarios.

Las legislaturas deberían publicar periódicamente sus nóminas actualizadas, escalas salariales, cantidad de contratos, gastos administrativos, viáticos, contrataciones y ejecución presupuestaria.

También resultaría conveniente disponer de indicadores públicos de actividad legislativa que permitan relacionar los recursos utilizados con las funciones institucionales efectivamente desarrolladas, sin reducir la calidad del trabajo parlamentario a la simple cantidad de leyes sancionadas.

Una discusión que la sociedad merece

Los presupuestos legislativos provinciales de 2026 alcanzan cifras multimillonarias que merecen un examen público riguroso.

Solamente las cinco provincias analizadas —Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego— tienen asignados conjuntamente alrededor de 342.708 millones de pesos para el funcionamiento de sus poderes legislativos.

Se trata de recursos considerables que deben administrarse con criterios de legalidad, transparencia, razonabilidad y eficiencia.

La representación democrática tiene un costo legítimo. Requiere instituciones independientes, personal capacitado y recursos suficientes para cumplir sus funciones.

Pero esa necesidad no elimina la obligación de revisar estructuras, justificar contrataciones y rendir cuentas sobre cada peso utilizado.

La pregunta no debería ser cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta administrarla, qué parte de ese gasto resulta necesaria y qué mecanismos permiten evitar erogaciones injustificadas.

En un país donde se exige responsabilidad fiscal a los ciudadanos y a las distintas áreas del Estado, los poderes legislativos también deben someter sus presupuestos al escrutinio público.

La transparencia no debilita las instituciones: permite que la sociedad conozca cómo funcionan y fortalece la confianza en sus representantes.

El dinero público requiere explicaciones públicas. Y cuantos mayores son los recursos administrados, mayor debe ser la responsabilidad de quienes deciden su destino.

 

Fuentes: Fundación Libertad, relevamiento de presupuestos legislativos provinciales 2026; información presupuestaria oficial de la Legislatura de Córdoba; presupuesto legislativo de Tierra del Fuego difundido por El Sureño; informes de gestión y ejecución presupuestaria del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación.

Nota metodológica: los montos provinciales corresponden a créditos presupuestarios de 2026, no necesariamente a gastos ejecutados. Los antecedentes nacionales expresamente identificados corresponden a 2025. El costo por legislador representa una división del presupuesto institucional y no su remuneración individual.