El proyecto de Agustina Propato y la necesidad de transformar el reclamo por Malvinas en una política concreta de defensa territorial

Análisis de Red Castrense – Una iniciativa que pone en discusión el control efectivo de los espacios marítimos argentinos, el abastecimiento de las Islas Malvinas y las responsabilidades del Estado frente a la ocupación británica.

La iniciativa legislativa presentada por la diputada nacional Agustina Propato merece una consideración favorable desde la perspectiva de la defensa nacional, la soberanía marítima y la protección de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

Su planteo parte de una premisa que debería constituir una política de Estado, independientemente de las diferencias partidarias: la soberanía no puede limitarse a una declaración diplomática, a una conmemoración anual o a una reivindicación histórica. También necesita instrumentos jurídicos, capacidades operativas y decisiones políticas que permitan defender los derechos argentinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.

La frase que acompaña su propuesta en X, «La soberanía no se declama, se ejerce», sintetiza precisamente esa concepción. No se trata de abandonar la vía diplomática ni de reemplazar el derecho internacional por decisiones unilaterales. Se trata de evitar que el reclamo soberano quede desconectado de las herramientas concretas que el Estado tiene a su disposición.

El proyecto de Propato introduce una discusión particularmente importante: ¿puede considerarse inocente el tránsito de un buque que, aun navegando por aguas jurisdiccionales argentinas, está vinculado al sostenimiento logístico, militar, pesquero o hidrocarburífero de una ocupación territorial que Argentina considera ilegítima?

La pregunta no es menor. Afecta directamente la relación entre soberanía, derecho del mar, control de la navegación y defensa de los recursos naturales.

1. El verdadero problema: el abastecimiento de una ocupación territorial

Uno de los aspectos más relevantes del planteo es que desplaza el análisis desde la discusión exclusivamente territorial hacia una dimensión que muchas veces queda relegada: la infraestructura que hace posible sostener la presencia británica en el Atlántico Sur.

Una ocupación territorial no se mantiene solamente mediante una bandera, una guarnición militar o una administración política. También necesita una estructura logística permanente:

• Transporte de alimentos, combustibles y suministros.

• Abastecimiento de instalaciones militares y aeroportuarias.

• Transporte de materiales para obras de infraestructura.

• Servicios portuarios y mantenimiento naval.

• Apoyo a las actividades pesqueras.

• Equipamiento y servicios destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos.

En este contexto, el planteo de Propato tiene un valor estratégico: propone que Argentina deje de considerar estos movimientos navales como simples operaciones comerciales desvinculadas de la cuestión Malvinas y comience a evaluar su relación con el sostenimiento material de la ocupación británica.

Esto resulta particularmente importante frente al desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en las áreas marítimas en disputa y a la explotación de recursos pesqueros del Atlántico Sur.

El punto central es que el conflicto por Malvinas no se desarrolla únicamente en el terreno diplomático. También tiene una dimensión económica, logística, marítima y militar.

Si Argentina pretende defender sus recursos naturales, necesita conocer quién los explota, quién los transporta, quién presta servicios y qué rutas marítimas utiliza la infraestructura económica que sostiene esa actividad.

2. El artículo 1: una definición política y jurídica de enorme importancia

El artículo 1 del proyecto establece que el tránsito de buques o artefactos navales, cualquiera sea su bandera, que se dirijan a puertos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o provengan de ellos, transportando cargas o personas vinculadas directa o indirectamente con actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas, pesqueras o de infraestructura, no constituye paso inocente.

Esta disposición constituye el núcleo conceptual de la iniciativa.

Su importancia radica en que intenta introducir una diferenciación entre la navegación internacional ordinaria y aquella que contribuye materialmente a consolidar una situación territorial que Argentina considera ilegítima.

No es lo mismo un buque que atraviesa aguas jurisdiccionales argentinas sin realizar actividades perjudiciales para el Estado ribereño que una embarcación cuyo transporte está destinado a abastecer instalaciones militares, desarrollar infraestructura petrolera o sostener actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos cuya soberanía se encuentra en disputa.

Desde la perspectiva de los intereses argentinos, esa distinción merece ser discutida y desarrollada legislativamente.

Sin embargo, hay una cuestión jurídica que el Congreso deberá resolver con especial precisión: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso inocente en el mar territorial y establece las condiciones bajo las cuales ese tránsito deja de ser inocente.

El artículo 19 contempla, entre otras situaciones, actividades pesqueras, ejercicios con armas, determinadas actividades militares y acciones no directamente relacionadas con el paso. El artículo 25 reconoce facultades de protección al Estado ribereño frente al paso que no sea inocente.

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Por eso, el desafío consiste en construir una norma que no se limite a declarar una posición política argentina, sino que pueda sostenerse jurídicamente frente a eventuales controversias internacionales.

3. El artículo 2: de la declaración soberana a la capacidad operativa del Estado

El artículo 2 es uno de los aspectos más importantes del proyecto porque establece que la Prefectura Naval Argentina o la Armada, según corresponda, deberán adoptar medidas para impedir el tránsito de los buques comprendidos en el artículo 1.

Entre las medidas contempladas aparecen:

• La intimación a detener la marcha.

• La exigencia de modificar el rumbo.

• La orden de abandonar las aguas jurisdiccionales.

• La identificación y registro del buque y de su carga.

Aquí aparece una cuestión fundamental para la defensa nacional: la soberanía también requiere capacidad de vigilancia, identificación, control y respuesta.

Argentina necesita que sus organismos competentes tengan información sobre los movimientos marítimos que afectan sus intereses estratégicos. No alcanza con conocer que existe una actividad de explotación pesquera o hidrocarburífera en el Atlántico Sur. Es necesario identificar los buques involucrados, sus operadores, sus rutas, sus cargas y sus relaciones comerciales.

En este sentido, el proyecto abre una discusión necesaria sobre la articulación entre Prefectura Naval, Armada Argentina, Cancillería y los organismos responsables de controlar los recursos marítimos.

La Prefectura cumple funciones centrales de policía de seguridad de la navegación y control en los espacios correspondientes. La Armada, por su parte, tiene responsabilidades vinculadas con la defensa y el control de los espacios marítimos de interés nacional.

Una política soberana necesita que ambas instituciones dispongan de procedimientos coordinados, información compartida y reglas claras de actuación.

No se trata de militarizar automáticamente cualquier controversia comercial. Se trata de que el Estado tenga capacidad institucional para defender sus derechos.

4. Los artículos 3 y 4: terminar con la indiferencia administrativa

El artículo 3 prohíbe otorgar permisos o habilitaciones para los tránsitos comprendidos en la iniciativa. El artículo 4 establece el procedimiento ante la persistencia de un buque infractor, incluyendo la posibilidad de retenerlo en un puerto argentino cuando las circunstancias lo permitan.

Estos artículos tienen una importancia política considerable.

La propuesta plantea que la administración pública no puede convertirse en un mecanismo que, por acción u omisión, facilite operaciones contrarias a los intereses soberanos argentinos.

La cuestión no es solamente impedir un tránsito determinado. También es establecer responsabilidades institucionales y procedimientos administrativos que eviten decisiones contradictorias entre organismos del Estado.

Sin embargo, la retención de embarcaciones debe estar sujeta a una base legal precisa, jurisdicción aplicable, garantías de defensa, proporcionalidad y revisión judicial cuando corresponda. La intervención coercitiva no puede depender de una interpretación discrecional de la autoridad.

Una política firme no es necesariamente una política improvisada. Por el contrario, cuanto más importante es el interés nacional comprometido, mayor debe ser la solidez jurídica de las decisiones adoptadas.

5. El artículo 5: el Registro de Buques Infractores y la responsabilidad económica

La creación del Registro de Buques Infractores constituye una de las propuestas más interesantes de la iniciativa.

El artículo 5 dispone que la Prefectura Naval Argentina lleve un registro de las embarcaciones que hayan realizado o intentado realizar las actividades prohibidas. Además, establece que la inscripción sea comunicada a las autoridades portuarias, aduaneras y migratorias.

La iniciativa también contempla consecuencias para la contratación con el Estado y el acceso a puertos argentinos, conforme a la legislación vigente.

Este mecanismo tiene una dimensión estratégica que merece destacarse: la defensa de la soberanía no debe limitarse a controlar embarcaciones en el mar; también debe alcanzar a los intereses económicos que participan en actividades contrarias a los derechos argentinos.

Un buque no funciona de manera aislada. Detrás de cada operación existen armadores, empresas navieras, aseguradoras, operadores logísticos, proveedores y estructuras comerciales.

Identificar a esos actores permitiría construir una política de seguimiento y responsabilidad económica.

El registro podría convertirse en una herramienta de inteligencia marítima y administrativa, siempre que contemple criterios objetivos de inclusión, pruebas documentales, identificación de beneficiarios reales, procedimientos de impugnación y mecanismos de revisión.

La Argentina necesita conocer quiénes participan en el sostenimiento económico de la ocupación británica y qué relaciones mantienen con empresas y operadores que desarrollan actividades en territorio nacional.

6. El artículo 6: una política federal de soberanía marítima

El artículo 6 invita a las provincias con litoral marítimo a adherir a la ley y dictar normas dentro de sus competencias para restringir el amarre, permanencia, abastecimiento y operaciones logísticas en sus puertos a los buques incorporados al registro.

Esta disposición introduce un elemento importante: la soberanía marítima no debe ser una responsabilidad exclusiva de los organismos nacionales.

Las provincias costeras también tienen intereses económicos, portuarios y estratégicos comprometidos en la protección de los recursos marítimos argentinos.

Una política federal coordinada permitiría evitar que embarcaciones sancionadas por actividades contrarias a los intereses nacionales encuentren alternativas operativas en distintos puertos del país.

Naturalmente, esta adhesión debe respetar el reparto constitucional de competencias y las atribuciones federales en materia de navegación, comercio interjurisdiccional y relaciones exteriores.

Pero el concepto de coordinación federal es acertado: la defensa del Atlántico Sur requiere una mirada integral que involucre al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales.

7. El principal desafío jurídico: una ley firme, pero compatible con el derecho internacional

Un análisis favorable de la iniciativa no debe desconocer sus dificultades jurídicas. Por el contrario, identificarlas permite fortalecer el proyecto.

Hay cuatro cuestiones que deberían ser consideradas durante su tratamiento parlamentario.

Primera: distinguir los espacios marítimos.

El derecho internacional establece regímenes diferentes para el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y los estrechos utilizados para la navegación internacional.

El derecho de paso inocente corresponde al mar territorial. En la zona económica exclusiva existe, como regla, libertad de navegación para otros Estados, aunque el Estado ribereño conserva derechos soberanos sobre los recursos naturales. En determinados estrechos puede resultar aplicable el régimen de paso en tránsito.

Por lo tanto, el proyecto debería precisar a qué espacios marítimos se aplica cada prohibición y bajo qué fundamento jurídico.

Segunda: establecer criterios objetivos para identificar los buques infractores.

No debería bastar con que una embarcación haya transportado cualquier carga destinada a las islas. Será necesario acreditar el vínculo entre la operación y las actividades prohibidas.

También deberán contemplarse los casos de cargas mixtas, servicios humanitarios, emergencias y operaciones de salvamento.

Tercera: fortalecer la fundamentación jurídica de las medidas coercitivas.

La intercepción, el cambio forzoso de rumbo y la retención portuaria requieren fundamentos jurídicos específicos, procedimientos y garantías.

La Convención del Derecho del Mar, aprobada por Argentina mediante la Ley 24.543, debe ser una referencia central para elaborar una legislación sólida.

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Cuarta: evaluar las consecuencias diplomáticas.

La aplicación de una ley de estas características podría generar protestas de Reino Unido y de los Estados cuyos buques resulten alcanzados.

Por eso, la Argentina debería acompañar su aplicación con una estrategia diplomática, documentación de las infracciones y comunicación internacional de los fundamentos de sus decisiones.

La firmeza soberana no está reñida con el derecho internacional. Una legislación bien construida puede ser precisamente una herramienta para defender los intereses nacionales en ese terreno.

8. Una iniciativa que merece ser discutida como política de Estado

Hay un aspecto político de los dichos de Propato que merece especial atención.

Cuando sostiene que no alcanza con la diplomacia ni con proyectos legislativos redactados a la carta por intereses ajenos a los argentinos, está cuestionando una práctica que debería ser objeto de debate nacional: la distancia entre las declaraciones de soberanía y las decisiones concretas que toma el Estado frente a los intereses económicos y estratégicos que operan en el Atlántico Sur.

Malvinas no puede convertirse en una cuestión exclusivamente ceremonial.

No alcanza con reafirmar los derechos argentinos cada 2 de abril si durante el resto del año no existe una política sostenida de vigilancia marítima, protección pesquera, control de actividades hidrocarburíferas y seguimiento de las redes logísticas que sostienen la presencia británica.

Tampoco alcanza con reclamar soberanía si no se desarrollan las capacidades materiales para ejercer los derechos que corresponden a la Argentina.

La discusión, entonces, excede a una diputada, a un bloque político o a un proyecto legislativo.

Debería involucrar al Poder Ejecutivo, al Congreso, a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, a la Prefectura Naval, a la Armada Argentina y a las provincias con litoral marítimo.

La cuestión Malvinas exige continuidad institucional. No puede quedar subordinada a los cambios de gobierno ni a las conveniencias coyunturales de la política exterior.

9. El significado estratégico de la propuesta

La iniciativa de Agustina Propato tiene un mérito central: coloca sobre la mesa la necesidad de discutir cómo transformar la reivindicación soberana argentina en instrumentos concretos de actuación estatal.

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2026, bajo el expediente 5831-D-2026, y fue girado a las comisiones de Defensa Nacional y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. No es todavía una ley sancionada, sino una iniciativa que deberá atravesar el correspondiente debate parlamentario.

Cámara de Diputados de la Nación+1

Su tratamiento representa una oportunidad para que el Congreso discuta una cuestión estratégica que Argentina no debería seguir postergando: cómo proteger sus recursos naturales y evitar que las aguas bajo su jurisdicción se conviertan en corredores de apoyo para actividades vinculadas con la consolidación de la ocupación británica.

La iniciativa merece apoyo en su orientación política y estratégica. También merece un debate técnico serio que permita corregir posibles debilidades normativas y construir una herramienta jurídicamente defendible.

No se trata de adoptar medidas simbólicas ni de promover una escalada innecesaria. Se trata de establecer una política de Estado que combine derecho internacional, control marítimo, inteligencia, diplomacia y defensa nacional.

CONCLUSIÓN: LA SOBERANÍA NECESITA DECISIONES

La propuesta de Agustina Propato tiene un valor que trasciende su pertenencia partidaria.

En un escenario internacional donde los recursos naturales, las rutas marítimas, la energía y las posiciones geográficas adquieren creciente importancia estratégica, Argentina necesita abandonar cualquier concepción pasiva de su soberanía.

El Atlántico Sur no es un espacio geográfico secundario. Es un área de enorme valor geopolítico, económico, militar y estratégico. Allí se encuentran recursos pesqueros, potencial energético, rutas de navegación y una proyección antártica fundamental para los intereses nacionales.

Por eso, el debate sobre los buques que abastecen a las Islas Malvinas no puede reducirse a una controversia comercial o a una cuestión de navegación.

Es necesario determinar qué intereses sostienen esas operaciones, qué consecuencias tienen para la posición argentina y qué instrumentos legales puede utilizar el Estado para proteger sus derechos.

El proyecto de Propato introduce una discusión que merece ser acompañada y profundizada: la Argentina debe tener una política activa de control y protección de sus intereses marítimos, sin improvisaciones y con plena solidez jurídica.

La soberanía no se defiende solamente con discursos. Se defiende con legislación, presencia estatal, capacidades operativas, inteligencia estratégica, diplomacia y decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

Porque Malvinas no es solamente una causa histórica. Es una cuestión vigente de integridad territorial, recursos naturales y futuro nacional.

La soberanía no se declama. Se ejerce. Y ejercerla exige que el Estado argentino esté a la altura de los intereses que tiene la obligación de defender.

 

Fuentes documentales:

1. Cámara de Diputados de la Nación, expediente 5831-D-2026.

2. Proyecto de ley presentado por Agustina Propato, artículos 1 a 8.

3. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Ley 24.543.

4. Publicación de Agustina Propato en la red social X, 30 de octubre de 2026.