La adjudicación, realizada durante la conducción de Ariel Guzmán y en medio de la crisis financiera y prestacional del IOSFA, vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación de la obra social militar. Según una investigación periodística de Beto Valdez, La Mantovana y GRUB habrían concentrado 34 de los 36 renglones de una licitación millonaria, pese a que ambas compañías ya habían sido identificadas como integrantes de un mismo grupo económico por la autoridad de Defensa de la Competencia. El interrogante central apunta a los controles ejercidos por el Ministerio de Defensa y sus organismos de supervisión.
La crisis que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) suma un nuevo capítulo que podría abrir interrogantes sobre los procedimientos administrativos, la concentración de proveedores y los mecanismos de control aplicados durante su proceso de reorganización.
De acuerdo con la información publicada por el periodista Beto Valdez, dos empresas vinculadas a un mismo grupo económico habrían obtenido prácticamente la totalidad de una contratación de servicios de limpieza cuyo monto ascendió a $1.108 millones.
La operación habría quedado distribuida entre La Mantovana, que habría recibido adjudicaciones por aproximadamente $931,2 millones, y GRUB, con otros $163,7 millones.
En conjunto, ambas compañías habrían concentrado unos $1.094,9 millones, equivalentes al 98,8% del monto total adjudicado.
El dato adquiere particular relevancia por el contexto institucional en el que se habría desarrollado la contratación: una obra social atravesada por dificultades financieras, cuestionamientos sobre la continuidad de prestaciones médicas y un proceso de transformación administrativa que requería, precisamente, fortalecer los mecanismos de transparencia y control del gasto.
Uno de los elementos más sensibles de la contratación sería el vínculo societario entre las dos empresas adjudicatarias.
En septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió un dictamen en el expediente C.1820, en el que examinó la relación entre GRUB S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A.
El organismo concluyó que ambas sociedades pertenecían a un mismo grupo económico y que, por esa razón, no podían ser consideradas competidoras independientes entre sí.
La documentación también registró que Grupo Buena Vista S.A. había adquirido la totalidad de las acciones de GRUB. Esta sociedad estaba vinculada con Franco Castelli, quien mantenía relaciones societarias con el entorno empresario de La Mantovana.
Sin embargo, hay una distinción jurídica importante: la investigación de Defensa de la Competencia terminó archivada. La autoridad no encontró elementos suficientes para configurar una práctica anticompetitiva de reparto de mercado o concertación de ofertas. El archivo no elimina el hecho documentado de que ambas empresas integraban un mismo grupo económico.
Por lo tanto, el interrogante sobre la contratación del IOSFA no consiste en afirmar que existió una maniobra ilegal, sino en determinar si la administración evaluó adecuadamente esa vinculación al momento de analizar la competencia efectiva entre los oferentes.

Otro aspecto que merece especial atención es lo ocurrido con Linser.
Según la documentación referida por la investigación, el 12 de noviembre de 2025 la empresa comunicó que no mantendría su oferta.
A partir de esa decisión, el IOSFA debió continuar el procedimiento con los oferentes que seguían en el orden de mérito.
El propio organismo habría dejado constancia de una diferencia considerable entre los precios presentados por Linser y los correspondientes a las empresas que continuaban en la evaluación. Frente a esa situación, habría solicitado a La Mantovana y GRUB que mejoraran sus propuestas antes de avanzar con la adjudicación.
Este punto abre una pregunta económica relevante: ¿cuánto más dinero habría quedado comprometido por el IOSFA al adjudicar los renglones que originalmente podían cubrirse con la oferta de Linser?
Para responderla resulta necesario comparar, renglón por renglón, los precios originales de Linser, las ofertas posteriores, las mejoras solicitadas y los importes finalmente adjudicados.
La diferencia no debería calificarse automáticamente como sobreprecio: primero habría que establecer si las prestaciones, cantidades, condiciones contractuales y períodos eran equivalentes.
Lo que sí surge como una cuestión verificable es que el propio expediente habría reconocido una diferencia importante de valores, circunstancia que merecería una explicación administrativa detallada.
La pregunta adquiere una dimensión institucional cuando se observa quién tenía la responsabilidad de conducir el organismo.
Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa, había designado a Ariel Guzmán para conducir el IOSFA en el proceso de transformación que atravesaba la obra social.
Las órdenes de compra fueron emitidas el 27 de febrero de 2026, durante la administración de Guzmán, apenas ocho días después de su designación, según la cronología señalada en la investigación.
El procedimiento se apoyó en el dictamen de la comisión evaluadora y en distintas intervenciones de los servicios jurídicos del IOSFA.
Pero aparece un interrogante que todavía requiere respuesta: ¿existió una revisión específica del Ministerio de Defensa sobre la concentración de la contratación en dos sociedades pertenecientes al mismo grupo económico?
La información pública relevada por la investigación no permitiría identificar una intervención específica de Defensa ni de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre esta adjudicación.
Esto no demuestra que no hayan existido controles internos o generales. Sí plantea la necesidad de conocer qué organismos intervinieron, qué documentación examinaron y si evaluaron expresamente la relación empresarial entre las adjudicatarias.

La Mantovana y GRUB habrían concentrado conjuntamente $1.094.834.585,58, prácticamente la totalidad del presupuesto adjudicado.
Es importante señalar que estos importes representan compromisos contractuales derivados de las órdenes de compra. No acreditan, por sí solos, que todo ese dinero haya sido efectivamente pagado ni que los servicios hayan sido íntegramente prestados.
El caso plantea una serie de interrogantes que merecerían ser respondidos mediante documentación administrativa y auditorías independientes:
¿Quién autorizó definitivamente la adjudicación de los 34 renglones?
¿Se informó a la comisión evaluadora que GRUB y La Mantovana integraban un mismo grupo económico?
¿Se evaluó si la presentación de ambas sociedades generaba una competencia efectiva frente a los demás oferentes?
¿Qué diferencias económicas existían entre la propuesta de Linser y los precios finalmente adjudicados?
¿Cuánto dinero adicional habría comprometido el IOSFA como consecuencia de la salida de Linser?
¿Se verificaron las prestaciones efectivamente realizadas y las certificaciones correspondientes?
¿Qué intervención tuvo el Ministerio de Defensa bajo la conducción de Carlos Presti?
¿La SIGEN realizó alguna auditoría específica o recibió documentación sobre esta contratación?
La respuesta a estas preguntas permitiría establecer si el procedimiento cumplió con los principios de transparencia, razonabilidad económica y protección de los recursos públicos.
El IOSFA no es un organismo estatal cualquiera. Es una institución cuya función está directamente relacionada con la cobertura sanitaria de integrantes de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad comprendidas en su régimen y de sus familias.
En un contexto de dificultades financieras, reclamos por prestaciones médicas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la obra social, cada contratación adquiere una relevancia adicional.
La discusión no pasa solamente por determinar cuánto se destinó a un servicio de limpieza. También implica conocer si los recursos fueron utilizados de manera eficiente, si existió competencia real entre los oferentes y si los mecanismos de supervisión funcionaron adecuadamente.
La concentración del 98,8% de una contratación en dos sociedades reconocidas oficialmente como integrantes de un mismo grupo económico constituye un antecedente que merece explicaciones.
Carlos Presti deberá poder explicar qué controles se ejercieron sobre una adjudicación realizada durante la conducción de Guzmán, qué conocimiento tenía el Ministerio de Defensa sobre los antecedentes societarios de las empresas y si se evaluó el impacto económico de la salida de Linser.
No se trata de anticipar responsabilidades ni de atribuir delitos sin pruebas. Se trata de establecer si los procedimientos administrativos protegieron adecuadamente los recursos de una obra social que atraviesa una situación crítica.
Porque cuando una institución destinada a garantizar la salud de los militares y sus familias compromete más de mil millones de pesos en una contratación, la transparencia no puede ser una formalidad: debe ser una obligación verificable.