La seguridad nacional ya no se limita a proteger fronteras, instalaciones militares, radares o sistemas de armas. En el escenario internacional contemporáneo, un teléfono celular puede convertirse en una fuente de información para un adversario, y una conexión aparentemente inofensiva puede abrir una puerta a datos que comprometan operaciones, funcionarios o instituciones.
El episodio ocurrido durante la salida de Donald Trump de Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026, constituye un ejemplo concreto de esta preocupación.
De acuerdo con las crónicas del viaje publicadas por The Washington Post y CNN, los periodistas que acompañaban al mandatario debieron entregar los teléfonos utilizados durante su permanencia en China al abordar el Air Force One. Los dispositivos fueron colocados en bolsas especiales destinadas a bloquear las señales de comunicación. Por otra parte, los teléfonos temporales utilizados por integrantes del personal de la Casa Blanca fueron recogidos para su posterior eliminación o borrado de información.
La medida no fue una versión anónima difundida en redes sociales: fue informada por periodistas que integraban la propia delegación presidencial.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre lo que se pudo verificar y algunas versiones que circularon posteriormente. No hay documentación pública suficiente para afirmar que todos los teléfonos fueron destruidos físicamente, ni que todos los integrantes de la delegación tuvieran prohibido utilizar cualquier dispositivo durante las 48 horas de permanencia en China.
Lo comprobable es suficientemente significativo: Washington consideró necesario separar los dispositivos utilizados durante el viaje de aquellos que volverían a utilizarse en sus actividades habituales.
Esta preocupación no constituye una novedad ni una reacción improvisada frente al gobierno chino.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) publicó recomendaciones específicas para proteger los dispositivos móviles del personal gubernamental durante desplazamientos internacionales.
El documento Mobile Device Best Practices When Traveling OCONUS advierte que los teléfonos pueden presentar vulnerabilidades tanto en su hardware como en su software. También señala que el control estatal, directo o indirecto, sobre las redes comerciales de telecomunicaciones puede proporcionar a terceros una vía para atacar dispositivos conectados.
Entre los riesgos identificados aparecen:
Acceso remoto a micrófonos y cámaras.
Obtención de información almacenada en los equipos.
Seguimiento y geolocalización de dispositivos.
Compromiso de cuentas y comunicaciones.
Utilización de un dispositivo intervenido como vía de acceso a otras redes.
La NSA recomienda preparar equipos específicos para los viajes, limitar la información almacenada, utilizar tarjetas SIM destinadas al desplazamiento, evitar redes inalámbricas abiertas y revisar los dispositivos al regresar.
Incluso aconseja borrar y reinstalar el software de los equipos utilizados durante el viaje.
Hay un detalle particularmente importante: la agencia recomienda que los funcionarios de alto perfil no transporten ni utilicen dispositivos comerciales en entornos considerados de alto riesgo.
Esto demuestra que la preocupación estadounidense no es una exageración periodística. Forma parte de una doctrina de protección de la información y contrainteligencia.
La cuestión adquiere otra dimensión cuando se examina la relación tecnológica entre China e Irán.
En febrero de 2026, la organización internacional ARTICLE 19 publicó una investigación titulada Tightening the Net: China’s Infrastructure of Oppression in Iran.
El informe documenta cómo empresas tecnológicas chinas, entre ellas Huawei, ZTE, Tiandy y Hikvision, participaron en el suministro de tecnologías relacionadas con vigilancia, filtrado de internet, monitoreo de comunicaciones y control de infraestructuras digitales iraníes.
La cooperación se remonta, según la investigación, al menos a 2010.
No se trata simplemente de la venta de teléfonos o computadoras. El aspecto estratégico reside en la posibilidad de intervenir sobre la infraestructura que transporta las comunicaciones de millones de personas.
Entre las tecnologías estudiadas aparece la inspección profunda de paquetes, conocida internacionalmente como DPI (Deep Packet Inspection). Se trata de una técnica que permite examinar características y contenidos del tráfico de datos, dependiendo de la configuración y de las protecciones utilizadas.
Su utilización puede facilitar la identificación de conexiones, el bloqueo de servicios, la detección de herramientas para eludir la censura y determinadas formas de vigilancia.
El informe de ARTICLE 19 también analiza el desarrollo de la Red Nacional de Información iraní, una infraestructura que busca concentrar y administrar el acceso a internet dentro del país, siguiendo aspectos del modelo chino de soberanía digital.
La conclusión es inquietante: la cooperación entre ambos Estados no se limita al intercambio comercial. También comprende conocimientos, tecnologías y modelos de administración y control de las comunicaciones.

Otro aspecto que merece atención es el funcionamiento de las redes móviles.
En 2023, investigadores de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicaron el estudio You Move, They Follow, basado en documentación interna vinculada al sistema de interceptación legal de comunicaciones de Irán.
La investigación identificó una arquitectura que permite integrar a las autoridades regulatorias con los sistemas operativos de las compañías telefónicas.
De acuerdo con los documentos analizados, ese sistema podría permitir a las autoridades supervisar, interceptar, redirigir, degradar o impedir determinadas comunicaciones móviles.
También se identificaron mecanismos de consulta y validación relacionados con las tarjetas SIM y los servicios de los abonados.
Esto permite comprender una cuestión que suele pasar inadvertida: una tarjeta SIM no es solamente un mecanismo para identificar una línea telefónica. Forma parte de una infraestructura que conoce la identidad del abonado, registra información de conexión y participa en la determinación de su ubicación aproximada.
La utilización de una VPN tampoco elimina automáticamente estos riesgos.
Una VPN puede proteger el contenido del tráfico entre el dispositivo y el servidor de salida, siempre que esté correctamente implementada y sea confiable. Pero no convierte al usuario en invisible. No impide necesariamente la identificación de la línea, la geolocalización por la red celular, el rastreo del dispositivo mediante otros mecanismos ni la recopilación de información por aplicaciones instaladas.
Y existe otro problema: cuando se utiliza una VPN gratuita sin conocer quién la administra, cómo financia sus operaciones o qué información conserva, se puede estar trasladando la confianza desde un proveedor hacia otro cuya seguridad tampoco está demostrada.
Las versiones difundidas sobre la visita de Trump también sostienen que el mandatario habría rechazado alimentos y bebidas preparados por los anfitriones chinos, por temor a posibles sustancias de rastreo o a la obtención de muestras biológicas.
Aquí es necesario establecer una diferencia entre las medidas de protección efectivamente documentadas y las afirmaciones sin respaldo.
La protección de alimentos y bebidas de un jefe de Estado, la custodia de sus objetos personales y el control de los espacios de reunión son asuntos que pueden formar parte de las evaluaciones de seguridad presidencial.
Sin embargo, no encontramos documentación pública verificable que permita confirmar que Trump se negara a consumir alimentos chinos durante esta visita, que se hubieran detectado rastreadores nanométricos en comidas o bebidas, o que existiera un operativo específico para obtener su ADN mediante vasos y platos.
Tampoco hay pruebas públicas que permitan afirmar que todas las conversaciones sensibles se desarrollaron en cabinas móviles blindadas contra escuchas.
La posibilidad técnica de una amenaza no constituye prueba de que esa amenaza haya ocurrido.
La distinción es fundamental porque la contrainteligencia necesita información comprobable, no especulaciones presentadas como certezas.
La comparación entre las precauciones estadounidenses y el uso cotidiano de herramientas digitales en países sometidos a sistemas de vigilancia permite plantear una discusión mucho más amplia.
La mayoría de los usuarios no conoce dónde se almacenan sus datos, qué empresas procesan sus comunicaciones, qué permisos conceden a las aplicaciones ni qué información queda registrada cuando utilizan una red pública.
Una VPN gratuita no equivale a una infraestructura segura. Tampoco una aplicación cifrada garantiza que el teléfono no pueda ser comprometido por otras vías.
En materia de seguridad digital existen diferentes niveles de protección: el cifrado de las comunicaciones, la seguridad del dispositivo, la protección de las cuentas, la integridad de las aplicaciones y la seguridad de la propia infraestructura de telecomunicaciones.
Si uno de esos niveles falla, el resto puede resultar insuficiente.
La lección del viaje presidencial a China no es que todos los teléfonos sean espiados ni que cualquier conexión extranjera implique una infiltración. Es que los Estados con mayores capacidades tecnológicas consideran que la exposición digital puede transformarse en un problema de seguridad nacional.
Este debate debería trascender las disputas entre Washington, Pekín y Teherán.
Para la Argentina, la cuestión tiene implicancias directas en materia de Defensa Nacional, comunicaciones militares, infraestructura crítica, organismos estatales y protección de información estratégica.
Un país que depende de tecnologías extranjeras para administrar sus comunicaciones, almacenar información sensible o sostener sistemas esenciales necesita conocer quién controla esas herramientas, dónde se encuentran sus servidores, qué mecanismos de auditoría existen y cuáles son las garantías de seguridad.
La dependencia tecnológica puede convertirse en dependencia estratégica cuando no existe capacidad propia de supervisión, evaluación y respuesta.
En un escenario internacional atravesado por la competencia entre grandes potencias, la información se ha convertido en un recurso tan importante como la energía, los minerales estratégicos o las capacidades militares.
Por eso, la soberanía no termina en el territorio físico. También comprende el espacio digital, las redes de comunicación, los datos personales y los sistemas que sostienen el funcionamiento del Estado.
Estados Unidos puede disponer de recursos multimillonarios para proteger a sus funcionarios, pero la advertencia que surge de Shenzhen es mucho más amplia: ningún país debería confundir conectividad con seguridad, ni comodidad tecnológica con independencia estratégica.
La pregunta que debe hacerse la Argentina es inevitable: ¿quién protege nuestras comunicaciones, quién controla nuestra infraestructura digital y qué capacidad real tenemos para defender nuestra información cuando la tecnología de la que dependemos está en manos de terceros?
Porque en las guerras del siglo XXI, muchas veces la primera vulnerabilidad de un Estado no está en sus fronteras. Está en la red por la que circula toda su información.