El deterioro y el cierre denunciado del Campo de Deportes de IOSFA en Campo de Mayo vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué quienes integran las Fuerzas Armadas, sus retirados y sus familias deben resignar espacios de encuentro, recreación y bienestar? Mientras se reorganiza el patrimonio de la antigua obra social, crece la preocupación por el destino de los inmuebles y por los intereses que podrían aparecer alrededor de tierras de enorme valor estratégico e inmobiliario.
Hay abandonos que no se explican solamente por la falta de presupuesto. También hablan de prioridades, de decisiones administrativas y de una determinada concepción sobre el lugar que ocupa una institución y las personas que dependen de ella.
El Campo de Deportes de IOSFA, ubicado en Campo de Mayo, representa uno de esos casos que merecen una explicación pública.
Se trata de un predio de aproximadamente 14 hectáreas que fue concebido como un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento para los afiliados de las Fuerzas Armadas y sus grupos familiares. Un lugar que debía permitir que militares en actividad, retirados, pensionados, personal civil y sus familias pudieran disfrutar de instalaciones deportivas, natatorios, quinchos, parrillas y espacios verdes.
Sin embargo, la situación denunciada por usuarios y familias plantea un escenario completamente diferente: instalaciones cerradas, imposibilidad de ingreso y un espacio que, en lugar de cumplir su función social, aparece asociado al abandono y a la falta de respuestas institucionales.
La pregunta es inevitable: ¿quién decidió que la familia militar dejara de tener acceso a un espacio que fue creado precisamente para su bienestar?

Durante décadas, las Fuerzas Armadas construyeron una identidad institucional que no se limita a los cuarteles, los ejercicios operacionales o las responsabilidades de defensa nacional.
Detrás de cada integrante de las Fuerzas existe una familia que acompaña destinos, traslados, ausencias prolongadas, exigencias profesionales y situaciones económicas que muchas veces resultan difíciles.
El esparcimiento no constituye un lujo. Es parte del bienestar social, de la integración y de la calidad de vida.
Por eso, que una familia militar no pueda ingresar a un predio recreativo que históricamente estuvo destinado a los afiliados constituye una situación que merece una explicación.
No se trata de reclamar privilegios. Se trata de reclamar servicios, instalaciones y derechos vinculados con una institución que durante años fue financiada mediante los aportes de sus propios beneficiarios.
¿Dónde quedó la política de bienestar para quienes vistieron el uniforme?
¿Dónde están las alternativas para los retirados, los pensionados y los hijos de quienes prestaron servicios a la Nación?
¿Quién se hace responsable de que un espacio de integración familiar termine convertido, según las denuncias, en un lugar inaccesible para sus destinatarios?
La propia IOSFA promocionó oficialmente el Campo de Deportes como un complejo de 14 hectáreas, con instalaciones deportivas, natatorio, quinchos y sectores de recreación.
Incluso publicó información sobre obras de renovación de vestuarios, acondicionamiento de la pileta e incorporación de una piscina destinada a niños y niñas.
Es decir, no estamos hablando de un terreno sin historia ni de una instalación improvisada. Estamos hablando de un patrimonio que tuvo una finalidad concreta y que fue presentado como un servicio para los afiliados.
Existe, además, un antecedente documental llamativo: en una consulta incluida en documentación de una contratación de 2021, una empresa interesada en realizar trabajos de mantenimiento mencionaba expresamente que el Campo de Deportes de Campo de Mayo se encontraba cerrado.
Este antecedente plantea una cuestión que las autoridades deberían aclarar: ¿desde cuándo existen interrupciones en su funcionamiento?, ¿qué trabajos de mantenimiento se realizaron?, ¿qué presupuesto se asignó?, ¿qué ocurrió con las instalaciones?
No alcanza con publicar fotografías institucionales de años anteriores. Tampoco alcanza con mantener una página web que anuncie horarios de funcionamiento si las familias denuncian que no pueden ingresar.
La realidad debe poder comprobarse en el lugar.
Hay otro aspecto que merece especial atención.
Las aproximadamente 14 hectáreas del Campo de Deportes no son solamente una superficie verde. Constituyen un activo inmobiliario de considerable importancia por su ubicación, extensión y características.
En un contexto de reorganización del antiguo IOSFA, la administración de los bienes inmuebles adquiere una relevancia particular.
El Gobierno informó el 1 de abril de 2026 que, dentro del proceso de transición de IOSFA hacia OSFA, los bienes inmuebles permanecerían bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, preservando su función institucional y su carácter estratégico.
Esto significa que el debate sobre el futuro de estos espacios no puede quedar reducido a decisiones administrativas internas ni a cuestiones de rentabilidad.
La ciudadanía, y especialmente los beneficiarios de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a conocer qué destino se proyecta para cada inmueble.
¿Se conservará el Campo de Deportes para su función original?
¿Se realizarán inversiones para recuperarlo?
¿Se transferirá su administración a otra dependencia?
¿Se contempla alguna modalidad de concesión, explotación o administración privada?
No existe, con la documentación pública aquí identificada, evidencia suficiente para afirmar que haya un proyecto de venta o un negocio inmobiliario sobre estas 14 hectáreas. Pero precisamente por el valor del patrimonio involucrado, las autoridades deben despejar cualquier sospecha mediante información transparente.
Porque hay una diferencia enorme entre recuperar un espacio público para beneficio de sus destinatarios y convertir un patrimonio institucional en una oportunidad económica para terceros.
Primero se abandona el servicio, después se justifica su falta de funcionamiento y finalmente alguien puede presentar su explotación privada como la única alternativa posible. Ese es el riesgo que debe prevenirse mediante controles y transparencia.
La cuestión adquiere todavía mayor dimensión cuando se considera la importancia estratégica de Campo de Mayo.
El Decreto 846/2021 declaró indisponible el predio de la Guarnición Militar Campo de Mayo como Reserva Urbana de la Defensa, manteniendo su jurisdicción bajo el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General del Ejército, con las excepciones expresamente establecidas para el Espacio para la Memoria.
La norma reconoce, además, su importancia militar, ambiental, histórica y social.
Por lo tanto, cualquier discusión sobre el patrimonio ubicado en Campo de Mayo debe considerar su marco jurídico, su función institucional y las restricciones aplicables.
No se puede analizar el destino de sus espacios como si se tratara simplemente de terrenos comerciales disponibles en el mercado inmobiliario.
La preservación del patrimonio estatal y la continuidad de sus funciones sociales deben formar parte de cualquier decisión.
La crisis de IOSFA y su proceso de transformación institucional no pueden convertirse en una justificación permanente para desmantelar los servicios complementarios que acompañaron durante años a sus afiliados.
La atención sanitaria es prioritaria, sin ninguna duda. Pero eso no significa que el bienestar familiar, el deporte, la recreación y la integración social deban desaparecer sin explicaciones ni alternativas.
Un Estado que reclama profesionalismo, compromiso, disciplina y sacrificio a sus Fuerzas Armadas también tiene responsabilidades con quienes integran esas instituciones.
Los militares no dejan de ser personas cuando terminan su jornada. Sus familias tampoco pierden sus necesidades de integración y esparcimiento por el hecho de pertenecer a una comunidad vinculada con la Defensa Nacional.
El retiro no debería significar perder todos los espacios de pertenencia.
Y los hijos de los militares no deberían quedar excluidos de instalaciones que fueron concebidas para compartir en familia.
Desde Red Castrense consideramos que el Ministerio de Defensa y las autoridades responsables de OSFA deben brindar información concreta sobre el presente y el futuro del Campo de Deportes.
Entre otras cuestiones, resulta necesario conocer:
Estado de funcionamiento: ¿El predio está abierto o cerrado actualmente? ¿Cuáles son las razones de las restricciones de acceso denunciadas?
Mantenimiento: ¿Cuándo se realizaron las últimas inspecciones técnicas de piletas, vestuarios, canchas, instalaciones eléctricas, sanitarios y quinchos?
Presupuesto: ¿Qué partidas se asignaron durante los últimos años para conservación, mantenimiento y recuperación del complejo?
Personal: ¿Qué dotación tiene actualmente el establecimiento y qué ocurrió con sus trabajadores?
Acceso familiar: ¿Qué disposición impide o limita el ingreso de los afiliados y sus familiares? ¿Existe un cronograma de reapertura?
Administración patrimonial: ¿Quién tiene actualmente la responsabilidad administrativa y operativa del predio?
Destino futuro: ¿Existe algún proyecto de transferencia, concesión, explotación privada, reasignación de uso o modificación de su finalidad recreativa?
Transparencia: ¿Se publicarán los informes patrimoniales, presupuestarios y técnicos correspondientes?
No son preguntas menores. Se trata de conocer qué ocurre con un patrimonio que pertenece a la órbita estatal y que fue destinado históricamente al bienestar de la comunidad militar.
El Campo de Deportes de Campo de Mayo debería ser un lugar de encuentro, no una muestra de desatención institucional.
Sus hectáreas deberían representar oportunidades de recreación, deporte y convivencia, no incertidumbre sobre su conservación y su futuro.
Si las instalaciones están cerradas, las autoridades deben explicar por qué. Si existe deterioro, deben informar quién debía mantenerlas. Si no hay recursos, deben explicar qué alternativas se evaluaron. Y si existen proyectos para modificar su administración o destino, deben hacerlos públicos.
Lo que no puede suceder es que la familia militar desaparezca de la discusión mientras se decide qué hacer con los bienes que fueron concebidos para su beneficio.
Las 14 hectáreas de Campo de Mayo no pueden terminar convertidas en una oportunidad de negocios para unos pocos mientras los verdaderos destinatarios del predio quedan afuera de sus instalaciones.
La Defensa Nacional también se construye cuidando a quienes la integran y a sus familias.
Porque el uniforme representa un compromiso con la Nación, pero ese compromiso no puede utilizarse como excusa para naturalizar el abandono de quienes lo visten y de quienes los acompañan.
Tres documentos
Decreto 846/2021: establece el marco de protección patrimonial de Campo de Mayo.
Ordenamiento patrimonial IOSFA–OSFA, 1 de abril de 2026: explica qué anunció el Gobierno sobre los inmuebles.
Página oficial del Campo de Deportes de IOSFA: permite contrastar las condiciones de acceso y los servicios anunciados.